Detenidos dos distribuidores de un servicio de mensajes encriptados usado por el crimen organizado
Los arrestados en Alicante e Ibiza obtuvieron un beneficio de más de 13 millones de euros junto con otras dos personas, capturadas en Países Bajos
La Policía Nacional ha detenido en Jávea (Alicante) e Ibiza a dos de los más importantes distribuidores de la plataforma de comunicación encriptada Sky ECC, que utilizaba el crimen organizado para que los investigadores policiales no supieran de sus pasos. Estos sistemas de comunicación, que funcionan como un WhatsApp infranqueable, han sufrido varios golpes policiales en los últimos años. Sky ECC funcionó hasta 2022, pero los investigadores s...
La Policía Nacional ha detenido en Jávea (Alicante) e Ibiza a dos de los más importantes distribuidores de la plataforma de comunicación encriptada Sky ECC, que utilizaba el crimen organizado para que los investigadores policiales no supieran de sus pasos. Estos sistemas de comunicación, que funcionan como un WhatsApp infranqueable, han sufrido varios golpes policiales en los últimos años. Sky ECC funcionó hasta 2022, pero los investigadores siguen tras el rastro de las conversaciones que quedaron registradas en los servidores informáticos con nuevas investigaciones y también detrás de quienes comercializaban este servicio a sabiendas de que se prestaba con fines delictivos, algo que les convierte en facilitadores de esos delitos.
Las detenciones más recientes, realizadas a finales de enero, forman parte de una operación conjunta con la policía neerlandesa en la que también han sido detenidas otras dos personas en Países Bajos. El grupo de proveedores de este servicio de comunicación encriptada obtuvo 13,5 millones en beneficios desde 2017, según las pesquisas policiales. Los detenidos españoles han ingresado en prisión hasta que sean enviados a Holanda, donde les reclama la justicia. Los otros dos arrestados también fueron enviados a prisión.
Sky ECC es la plataforma encriptada que aparece en mayor número de procedimientos penales en España, con 60 causas, según datos de la Fiscalía de 2023. Otros servicios de mensajería de gran seguridad conocidos, como EncroChat, figuran en 34 causas, y Anom, en dos diligencias. En Holanda, Sky ECC tiene 668 causas penales abiertas, informan fuentes de la investigación. La interceptación de estas plataformas ha supuesto un punto de inflexión en la investigación del narcotráfico en Europa. Cuando Sky ECC fue intervenido en Francia en una operación conjunta con cuerpos policiales de Bélgica y Países Bajos contaba con unos 170.000 usuarios, de los que 18.000 están relacionados con España, según la memoria anual de la Fiscalía española. EncroChat, también intervenido en Francia en una operación con Países Bajos, contaba con 60.000 usuarios de los que aproximadamente 5.000 estaban en España.
El servicio de Sky se ofrecía mediante teléfonos móviles a los que se le habían insertado este programa de mensajería encriptada. Los clientes pagaban entre 1.600 y 2.000 euros por recibir el teléfono y renovaban el servicio cada seis meses aproximadamente, explican fuentes policiales. Eran modelos de teléfono específicos en los que se accede a un sistema de doble pantalla mediante claves y que también permiten el borrado a distancia en el caso de que el dueño del terminal fuera detenido. Esa destrucción del contenido hace con una especie de “botón rojo”, que lleva aparejada una clave. Los pagos por los servicios de suscripción se hacían a través de criptomonedas. Los arrestados en España ofrecían el programa a nivel mundial y se encargaban de dar soporte a los clientes. Los implicados en Países Bajos están investigados por proporcionar los dispositivos, añaden las mismas fuentes.
Este negocio, que dejaron con el cierre de la plataforma, les reportó numerosos beneficios. El detenido en Ibiza, por ejemplo, trabajaba desde una vivienda de lujo, valorada en varios millones de euros. Tras el cierre de Sky ECC, siguió realizando otras tareas relacionadas con inversiones inmobiliarias o con carteras de criptomonedas.
Las organizaciones criminales emplean estos servicios de mensajería encriptados para preparar y cometer delitos graves, como narcotráfico, tráfico de armas o blanqueo de dinero, entre otros, con garantía de privacidad y seguridad ante posibles investigaciones policiales. Una vez que se cierran los servidores de estas aplicaciones, recurren a otras, hasta que los investigadores las detectan. El pasado diciembre, fue desarticulada Matrix, otro servicio de comunicación encriptada que utilizaba la peligrosa Mocro Maffia, de origen neerlandés, y otras organizaciones criminales. Matrix tenía 8.000 cuentas abiertas.
La investigación de la Operación Fresia, por la que han sido detenidos los distribuidores de la red Sky ECC, comenzó por unos hechos delictivos cometidos en 2019 en Países Bajos. Allí encontraron un hilo que los llevó hasta los proveedores de esta aplicación. Según la investigación, se encargaban del tráfico de dispositivos, tarjetas SIM y el programa informático, así como de la recaudación y el envío de las cuotas de suscripción.
Como resultado de la operación se han intervenido múltiples terminales telefónicos y dispositivos electrónicos; han embargado bienes muebles y cuentas bancarias por valor de seis millones de euros, 1,4 millones en criptomonedas, dos vehículos de alta gama y cinco relojes de lujo, entre otros efectos. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Estas plataformas de comunicación son una muestra de la nueva forma de comunicación de las redes criminales. En lo últimos años, se han descubierto más de medio centenar de estos servicios creados y utilizados en exclusiva para la gestión oculta de actividades criminales. Para los investigadores suponen un reto técnico y jurídico, tanto desde el punto de vista de la investigación, para la intervención de las comunicaciones, como por la cantidad de recursos que están presentando los abogados de los traficantes para intentar que los datos que se han obtenido con la desencriptación no se puedan utilizar como pruebas en los procesos judiciales. A mediados de 2023, la Audiencia Nacional dictó su primera sentencia que “avala” el uso de estas pruebas; y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó otro fallo que también les da luz verde de forma genérica, aunque establece algún condicionante —“subsanable”, en opinión de fuentes fiscales españolas—.