Castilla la Mancha pide esperar a la decisión del juez tras retirarle la tutela a una pareja por el pasado de la madre

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que retiró la tutela de una recién nacida a una pareja el pasado 10 de diciembre por “el pasado de maltrato y abandono” del que fue víctima la madre, ha pedido este lunes “cautela” y “esperar a la resolución final de los jueces”. La pareja, formada por Yumara Oliver, de 19 años, y Abdel Tahiri, de 32, presentó una denuncia de la mano de su abogado por considerar que no estaba acreditado por los técnicos de menores de la Delegación de Bienestar Social de Toledo el “desamparo” de la pequeña, ya que ni siquiera conocían al padre, al que ignoran en su resolución. Desde el pasado 12 de diciembre la niña vive en régimen de acogida en familia ajena y los padres solo la han visto tres veces desde entonces, al imponérseles un régimen de visitas de una hora al mes. El juzgado de instrucción número 1 de Toledo investiga el caso.

Los técnicos de los Servicios Sociales entregaron en mano a la pareja una resolución de dos folios en las que formalizaban su decisión, cuando la bebé contaba solo cinco días y se encontraba aún en el hospital universitario de Toledo, donde nació la noche del 6 de diciembre. Los motivos que recogen son los siguientes: ”Historia previa de maltrato y abandono de menores en relación a Yumara Oliver; falta de habilidades y capacidades marentales debido al recorrido vital; red de apoyo inexistente para el cuidado de la menor que garanticen atención y protección adecuadas dentro de la unidad de convivencia, inestabilidad habitacional, económica y laboral que repercuten en la seguridad de la niña; relación de pareja asimétrica (por edad, por discapacidad y vulnerabilidad); y nula conciencia de problemas relacionados con salud mental y cómo pueden influir en la capacidad de cuidado y protección de la menor, carencia de intervención y seguimiento de los Servicios Sociales al no atender las indicaciones dadas en el hospital, alta vulnerabilidad de la niña debido a su corta edad”. EL PAÍS ha tenido acceso a más de tres horas de grabaciones de varios encuentros entre los padres y las funcionarias en las que estas insisten en que “la decisión está tomada”, insistiendo en el pasado de “apego desorganizado” vivido por la madre que anula sus “capacidades marentales” e ignorando al padre.

Yumara fue una niña tutelada por los Servicios Sociales de Toledo desde los nueve años, al igual que sus tres hermanos (los dos menores fueron adoptados con dos años, uno, y pocos meses, el otro). Ha crecido en una casa de acogida con su hermana mayor y con sus monitores, con los que mantiene aún hoy una buena relación. Desde hace un año y medio mantiene una relación estable con Abdel Tahiri, empleado del casino de Toledo, y ambos esperaban con ilusión —y con todo preparado en su casa del casco viejo toledano— la llegada de su primera hija. Pero todo se truncó, tras su nacimiento, hace casi dos meses, con la abrupta intervención de los técnicos de menores. Y ahora se encuentran inmersos en un proceso judicial para recuperar a su bebé. El juzgado de instrucción número 1 de Toledo admitió a trámite la denuncia e investiga el caso actualmente.

“Cuando hay sentencias decimos que respetamos a los jueces, creo que hay que respetar también todo el procedimiento y en este momento estamos en un caso que está judicializado y creo que tenemos que ser prudentes”, decía este lunes la consejera y portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla. “Que sean los jueces los que vean todos los informes”, añadía, en la línea de lo que la Consejera de Asuntos Sociales de Castilla la Mancha, Bárbara García, manifestó al este periódico cuando fue preguntada por este asunto. Seguidamente, ha indicado que “todos los informes de los técnicos ”corresponden a un equipo multidisciplinar”, y no se basan en “la decisión de una sola persona”. “Prudencia absoluta y esperar a que se resuelva todo el procedimiento, entendiendo que los técnicos siempre salvaguardan el interés del menor”, ha defendido. “Pero insisto, con mucha prudencia, con mucha cautela y esperando a ver la resolución final una vez que resuelvan los jueces sobre ese expediente en concreto”, ha concluido preguntada por los periodistas.

Tras recibir de las manos de la técnica de Menores la resolución de retirada de la tutela firmada por el delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz Hernández, Abdel y Yumara expusieron su situación actual como “pareja estable” y plantearon otras posibilidades para no separarse de su hija, además de dejar constancia por escrito su disconformidad con la medida. Acto seguido, aquel 11 de diciembre volvieron al hospital para reunirse con su hija. Pero ya no les dejaron entrar en la habitación. “Se ha establecido un régimen de visitas”, les informó la enfermera. “Podrán verla una hora por la mañana y otra por la tarde, hasta que se la lleven”. Al día siguiente, 12 de diciembre, la niña, con seis días de vida, desapareció del hospital.

“Antes de llegar a la tutela, intentamos todo tipo de intervención con los padres biológicos”, contestó el delegado de Bienestar Social de Toledo, contra quien va dirigida la denuncia, a las preguntas de este periódico. “Si no funcionan, se retira la tutela y se intenta siempre que vayan a familias de acogida o a familia extensa [familiares], mientras se trabaja con los padres biológicos”, explica. Pero precisamente porque no se trabajó con los padres antes del nacimiento, la denuncia presentada por el abogado toledano Julián Sánchez Rojas es “por prevaricación”, entendiendo que la decisión de retirarles directamente la tutela de su hija “no está acreditada, empezando porque admiten no conocer al padre ni las circunstancias en las que vive la pareja”, señala.