Dieciocho organizaciones sociales piden la dimisión del subdelegado del Gobierno en Granada por la actuación de la policía en un desalojo

La actuación de la policía durante un intento de desahucio de un edificio en pleno centro de Granada ha levantado ampollas entre colectivos, organizaciones sociales y sindicatos de la capital andaluza, que han denunciado el comportamiento del dispositivo policial. El pasado 21 de enero, una empresa dedicada a desalojos extrajudiciales contratada por los propietarios del inmueble intentó expulsar a algo más de una docena de...

La actuación de la policía durante un intento de desahucio de un edificio en pleno centro de Granada ha levantado ampollas entre colectivos, organizaciones sociales y sindicatos de la capital andaluza, que han denunciado el comportamiento del dispositivo policial. El pasado 21 de enero, una empresa dedicada a desalojos extrajudiciales contratada por los propietarios del inmueble intentó expulsar a algo más de una docena de personas que habitaban sin permiso para ello el bloque de pisos de la calle Azacayas, en el casco histórico de Granada. Los denunciantes consideran que su actuación fue ilegal y también entienden como fuera de la ley la posterior intervención de los agentes de policía contra un nutrido grupo de manifestantes congregados a las puertas del edificio para apoyar a los okupas.

Las 18 organizaciones firmantes de la denuncia solicitan la dimisión del subdelegado de Gobierno, José Antonio Montilla, como responsable en la provincia granadina de las fuerzas policiales y la “ilegalización de las empresas de desalojos extrajudiciales por tener como objeto la vulneración de derechos fundamentales y porque sus fines, métodos y publicidad va contra la legalidad vigente”. El subdelegado del Gobierno, Montilla, ha defendido que la policía actuó aquel día “de manera muy adecuada, muy correcta”.

Los colectivos que denuncian la actitud policial ha presentado el escrito en la subdelegación del Gobierno y además de la ilegalización de la empresa y la dimisión de Montilla, exigen “la libertad sin cargos de la persona que fue detenida” y un compromiso de los responsables políticos y policiales que ponga fin a lo que consideran es una “colaboración entre la Policía Nacional y las empresas de desalojos extrajudiciales”.

El edificio okupado estuvo utilizado por la Junta de Andalucía hasta hace algunos años y, tras el cese de la actividad oficial, fue vendido a un particular. La edificación, de más de 1.300 metros cuadrados, de tres plantas y sótano, fue okupada en diciembre pasado. Pasaron las semanas sin que se registraran incidentes reseñables hasta que, a las ocho de la mañana del 21 de enero, se personó ante el portal un equipo de tres vigilantes de seguridad con objeto de “controlar los accesos” al interior, según la explicación de la empresa que los contrató. Acudieron acompañados de una decena de personas de AMA Desokupa, una empresa de desalojos extrajudiciales, de fuerte complexión, vestidos de negro y con la cara tapada. Tras una primera conversación con los okupas, estos se negaron a abandonar el inmueble.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional se presentaron en el portal, pero según asistentes a los hechos, al poco abandonaron el edificio y dejaron en la práctica el control de la situación a los tres vigilantes y a los desokupadores. Las organizaciones denunciantes consideran que, si en ese momento la Policía Nacional “hubiese cumplido con su deber de actuar ante la posible comisión de un delito flagrante [impedir la entrada y salida de los ocupantes del edificio por parte de los vigilantes de seguridad], y hubieran obligado a la empresa a retirarse del acceso del edificio, el desarrollo de la jornada habría sido completamente distinto”.

Tras la marcha de los agentes, un numeroso grupo de jóvenes se congregó en las puertas del edificio en apoyo de sus okupantes. Se vivieron algunas escenas de tensión con los miembros de AMA Desokupa. Se oyeron gritos, los okupas arrojaron agua a los guardias de seguridad desde los balcones y hubo algún intento, frustrado, de hacer llegar comida desde el exterior del edificio a sus habitantes. Pero a las tres de la tarde, el panorama y el ambiente viró a peor, tras presentarse cuatro furgonetas de la Unidad de Intervención Policial a unos 20 metros del edificio. Los manifestantes prookupas y los desokupadores pasaron de los gritos a empujones. Poco a poco, el grupo de los primeros fue aumentando. Los empujones se convirtieron en golpes y los agentes de intervención cargaron contra los manifestantes, lo que se cargó con varios heridos leves y un detenido por desobediencia y atentado a la autoridad. Los denunciantes consideran que esa detención busca “agravar el procedimiento” contra el arrestado y que se hizo con la colaboración de los que denominan “matones de AMA Desokupa”.

Con la tensión en sus máximos, la policía despejó la calle y la cerró con dos cordones policiales en cada extremo. Entre uno y otro, además de los agentes, solo quedaban los miembros de la empresa de desalojos extrajudiciales y algunos periodistas, aunque la policía solo permitía entrar y salir del cerco a los primeros. Finalmente, la policía expulsó a los reporteros. Los denunciantes entienden que los agentes “establecieron un establecer un cordón de seguridad para permitir la actividad ilegal de la empresa AMA Desokupa”. Para el subdelegado del gobierno, en cambio, la carga no fue tal: “No se produjo ninguna carga policial, sino simplemente la separación de los grupos en el momento en el que se produjo algún enfrentamiento entre ellos”.

Pasadas las 10 de la noche, tras horas de negociaciones telefónicas en paralelo a los incidentes, la propiedad del edificio y los okupas acordaron que estos abandonarían el edificio en un plazo máximo de dos meses.