El PSOE pide el reingreso en prisión de Aldama porque su colaboración con la justicia “es una falacia”
Los socialistas, personados como acusación popular en el caso de los hidrocarburos, esgrimen los informes de la Guardia Civil que alertaban sobre el riesgo de destrucción de pruebas
El PSOE, personado como acusación popular en la causa por el fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que reclama el reingreso en prisión de uno de los principales implicados, el empresario y comisionista Víctor de Aldama. El partido considera que “la supuesta colaboración con la justicia” que Aldama alegó para ser excarcelado en noviembre es “una falacia” y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas, ...
El PSOE, personado como acusación popular en la causa por el fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que reclama el reingreso en prisión de uno de los principales implicados, el empresario y comisionista Víctor de Aldama. El partido considera que “la supuesta colaboración con la justicia” que Aldama alegó para ser excarcelado en noviembre es “una falacia” y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas, ha alertado en uno de sus informes del riesgo de que los miembros de la trama destruyan u oculten pruebas. El PSOE también incide en que el empresario ha lanzado imputaciones contra terceras personas, principalmente cargos públicos socialistas, que “no han sido corroboradas con pruebas” y le acusa de mantener “una estrategia próxima al chantaje” que incluye la difusión pública de “un documento manifiestamente falso” que atribuye sin pruebas a responsables del partido la tenencia de cuentas bancarias en la República Dominicana.
En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los socialistas recuerdan que cuando Aldama fue detenido el pasado octubre por su implicación en esta trama, se ordenó su ingreso en prisión por “la gravedad” de los delitos de los que se le acusaban ―organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública― y las penas que por ellos pudiera imponérseles, así como por el hecho de que la investigación estaba aún pendiente de analizar la abundante documentación intervenida en los registros realizados tras los arrestos y la necesidad de recuperar los fondos presuntamente defraudados, parte de los cuales se situaban en el extranjero. El juez Santiago Pedraz, instructor de la causa, ordenó entonces la prisión provisional para él y otros implicados al considerar que, de permanecer en libertad, podían obstruir las pesquisas.
Sin embargo, menos de un mes y medio después, el 21 de noviembre, el magistrado tuvo que ordenar su puesta en libertad después de que la Fiscalía Anticorrupción no se opusiera a la petición en este sentido que había hecho el abogado defensor de Aldama ―entonces la causa aún estaba secreta y no había acusaciones que pudieran oponerse― después de que el empresario prestara declaración en el otro sumario en el que está siendo investigado, el del caso Koldo, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción con epicentro en el Ministerio de Transportes en la etapa del ministro socialista José Luis Ábalos, y se ofreciera a colaborar con la justicia.
El PSOE destaca en su escrito que en los dos meses transcurridos desde aquella declaración y su excarcelación las razones que propiciaron esta “se han visto defraudadas” y que su permanencia en libertad “está poniendo en serio riesgo el esclarecimiento de los hechos y el éxito de la investigación” sobre la trama de hidrocarburos. Los socialistas hacen hincapié en un informe de la Guardia Civil del pasado diciembre —en el que se destacaba el papel de Aldama como un de los “líderes de la organización criminal”— advertía de la necesidad de llevar a cabo más registros para poder “obtener nuevos indicios” ya que las diligencias realizadas hasta ese momento no permitían “recabar la información necesaria para progresar en las líneas de investigación que actualmente se desarrollan”. Tras aquel escrito, el juez Pedraz dio luz verde a la petición de los agentes y, con el visto bueno de Fiscalía, realizó nuevos registros y detuvo a cuatro personas.
En este sentido, el escrito incide en que, antes de estas diligencias de diciembre, la Guardia Civil había constatado que solo unos días después de quedar en libertad, el comisionista se había reunido con otro presunto miembro de la trama, Luis Alberto Escolano, en Calatayud (Zaragoza), y que en dicho encuentro este supuestamente le devolvió “documentación sensible”, según la calificaron los investigadores, contenida en un sobre con sellos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). “Una documentación que posteriormente la UCO no encontró en los registros [de diciembre]”, recalca el PSOE. Por ello, el escrito concluye que “todo apunta a que la puesta en libertad del señor Aldama amenaza con quebrar el esclarecimiento de los hechos”.
Como prueba de la supuesta falta de colaboración con la justicia, los socialistas esgrimen también que “no consta que el señor Aldama haya reconocido su participación” en el millonario fraude de los hidrocarburos, “ni esté dispuesto a confesar la localización del dinero defraudado. Por el contrario, en sus comparecencias públicas [en referencia a una entrevista en la Cadena Cope de la que se reproduce parte en el escrito] tildó esta causa de montaje”. Por ello, consideran que el empresario “ha aprovechado su libertad” no solo para preparar su defensa con su abogado, “sino también para mantener la comunicación permanente con otros miembros de la trama con vistas a ocultar las fuentes de prueba que le incriminan en estos graves hechos”.
A ello, el PSOE añade “la falta de sustento probatorio de sus manifestaciones” y que, en su opinión, ya ha sido puesta de manifiesto en un auto del pasado 7 de enero por el Tribunal Supremo, donde se le investiga por la parte del caso Koldo que afecta al exministro Ábalos, que se encuentra aforado por su condición de diputado. El escrito incide en que, precisamente por ello, Aldama, “probablemente al advertir que sus mentiras no merecían crédito alguno y que su estrategia de bulos daba signos de erosión”, ha iniciado “una huida hacia adelante, derivando en una estrategia próxima al chantaje” en la que incluye la difusión del documento falso sobre supuestas cuentas en el extranjero de dirigentes socialistas. “La justicia [...] debe ser inflexible en quienes construyen, amparan o dan pábulo a documentos falsos para obtener rédito procesal o político a su favor”.
Por todo ello, los socialistas consideran que las razones que sirvieron en octubre para ordenar el ingreso en prisión provisional de Aldama no solo se mantienen, sino que han aumentado, por lo que solicita que celebre una vista donde acordar de nuevo su encarcelación. “No creemos que mantener en libertad al señor Aldama compense el riesgo en que se coloca el éxito de la investigación y la integridad de otros bienes jurídicos relevantes merecedores de protección”, concluye el escrito.