La pugna por los puestos clave del Supremo lastra los nombramientos pendientes del CGPJ

Uno de los grandes cometidos del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), designado este verano tras cinco años de bloqueo, es cubrir más de un centenar de vacantes de la cúpula judicial (126, según el último recuento del Consejo). Esta semana se cumplen seis meses desde que los nuevos vocales tomaron posesión, y solo se ha ejecutado un nombramiento, el del presidente de la Audiencia Provincial de La Rioja, pa...

Uno de los grandes cometidos del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), designado este verano tras cinco años de bloqueo, es cubrir más de un centenar de vacantes de la cúpula judicial (126, según el último recuento del Consejo). Esta semana se cumplen seis meses desde que los nuevos vocales tomaron posesión, y solo se ha ejecutado un nombramiento, el del presidente de la Audiencia Provincial de La Rioja, para el que había un único candidato y cuya designación quedó interrumpida en abril de 2021 tras la entrada en vigor de la reforma legal que vetó estas designaciones hasta que hubiera un nuevo CGPJ. El pleno ha aprobado desde septiembre la convocatoria de decenas de plazas, pero la pugna entre conservadores y progresistas por tres de ellas, las presidencias de tres salas del Tribunal Supremo, amenaza con retrasar todas las demás.

La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, ha pedido a ambos grupos un impulso para que se empiecen a acelerar los nombramientos. Perelló, según fuentes del órgano, ha puesto en conocimiento de los vocales su “preocupación” porque considera que las designaciones se están tramitando con lentitud y les ha hecho llegar la necesidad de alcanzar acuerdos. Estas designaciones necesitan un mínimo de 13 votos, una cifra que no reúne ninguno de los dos bloques, por lo que hace falta llegar a un pacto para cada plaza. Vocales consultados de ambos sectores coinciden en destacar su voluntad de negociación, pero mantienen posturas opuestas en aspectos clave que, admiten, pueden hacer naufragar cualquier posibilidad de consenso.

La intención de la presidenta es que en el pleno del próximo día 29 de enero vaya una primera tanda de nombramientos. Se da por hecho que irán cuatro plazas que, como ocurrió con la de la Audiencia de La Rioja, se quedaron a las puertas en el anterior CGPJ. Son las primeras que se han retomado tras la renovación y, aunque corresponden a magistrados del Supremo —una en la Sala Primera (Civil), otra en la Cuarta (Social) y dos en la Tercera (de lo Contencioso-Administrativo)—, ambos grupos ven viable alcanzar un acuerdo.

A partir de ahí, la negociación se complica. En el primer paquete que convocó el actual Consejo estaban cuatro de las cinco presidencias de sala del alto tribunal (Sala Primera, Segunda, Tercera y Cuarta), y las fuentes consultadas en los dos sectores ven imposible un pacto. Para la Primera hay un solo candidato, Ignacio Sancho, que ya ocupa este puesto en funciones tras la jubilación del anterior presidente; pero para cada una de las otras tres salas hay dos aspirantes, uno de perfil más conservador y otro progresista, y ninguno de los bloques está dispuesto a ceder.

La pugna, además, está atravesada por otro debate de fondo: cómo aplicar la ley de paridad que entró en vigor en agosto pasado y que establece que ningún sexo puede tener una representación inferior del 40% “en los puestos de representación y decisión”. Un informe encargado por Perelló al Servicio de Estudios e Informes del Consejo concluyó que la norma debe aplicarse para el conjunto de los nombramientos que asigne el pleno en sus cinco años de mandato, pero este dictamen choca con otros dos redactados por la comisión de igualdad, que considera que ese porcentaje debe cumplirse en cada tipo de órgano. “No es lo mismo una presidencia de Sala del Supremo que una presidencia de Audiencia Provincial”, advierte un vocal progresista, cuya interpretación comparte el resto del grupo.

Esto supone que tendría que respetarse la regla del 60/40 en las presidencias de sala del Supremo y en el número total de magistrados del alto tribunal, lo que implicaría que la mayoría de los nuevos nombramientos recaigan en mujeres porque la representación femenina es ahora mínima. Pese a que el Consejo y el alto tribunal están por primera vez presididos por una mujer, no hay ninguna magistrada al frente de una sala (solo se ha elegido a una en toda la historia del tribunal) y, en el cómputo global de magistrados, con 31 plazas vacantes, hay solo diez mujeres, frente a 41 hombres.

Los progresistas defienden que de las cinco presidencias de sala, al menos dos (y preferiblemente tres) tienen que ser ocupadas por magistradas. Ahora hay cuatro vacantes, pero para una de ellas hay un único candidato y es hombre. Para las otras tres, hay dos candidatos por plaza, pero los tres que apoyan los conservadores son hombres (Andrés Martínez Arrieta, Pablo Lucas y Juan Molins) y las tres de los progresistas son mujeres (Ana Ferrer, Pilar Teso y Concepción Ureste).

Ambas partes admiten que hay que negociar, pero los conservadores sugieren que, como la negociación de las presidencias de sala del Supremo va a ser larga, lo mejor sería avanzar en el resto de plazas que ya se han convocado (magistrados del alto tribunal y las presidencias de la Audiencia Nacional, varios tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales). Fuentes progresistas defienden que debe seguirse el orden por el que se han ido sacando las convocatorias y advierten de que no van a ceder a que se releguen las presidencias de sala del Supremo y se siga negociando lo demás.

La batalla se juega sobre todo en la Sala Segunda —de lo Penal, presidida hasta hace unas semanas por Manuel Marchena y que es la que encargada de juzgar a los aforados y de revolver en última instancia los grandes casos de corrupción— y la Sala Tercera —competente para resolver los asuntos que afectan al Gobierno—. La estrategia de los conservadores al abogar por aparcar estas designaciones es clara: ambas están presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal, Martínez Arrieta en la Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderados. “Lo adecuado sería que se renovasen las presidencias, pero en las candidaturas que ellos apoyan hay dos personas muy significadas por sus actuaciones y los nuestros, que no los pusimos nosotros, sino que ya estaban ahí cuando llegamos, son más neutros. Ante la duda de cómo puede acabar la negociación, casi preferimos que se quede como está”, admite un miembro del grupo conservador.

Las dos candidatas a las que los conservadores quieren frenar son Ferrer y Teso, a quienes ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno. Los progresistas defienden sus candidaturas por sus currículos, pero también por ser mujeres. Y rechazan que sus designaciones supongan primar la paridad sobre el mérito y la capacidad, como sostienen los conservadores. “El requisito previo es la excelencia siempre. Pero nuestras tres candidatas son magistradas del Supremo, por lo que la excelencia ya se les presume. Y además así lo ha valorado la Sala de Gobierno, la comisión de calificación y la permanente”, señala un vocal progresista. “Lo que no puede ser es que se bloquee esa negociación para que se abran otras”, añade este consejero.

Avanzar en los siguientes nombramientos sin renovar las presidencias de esas dos salas tendría un beneficio adicional para los conservadores. En las otras tandas de plazas convocadas —y en las que están por salir— hay mayoría de candidatos de perfil conservador —el mayoritario en la carrera judicial—, incluidos varios casos de candidatos únicos, por lo que los conservadores se garantizarían muchas designaciones favorables. “Lo que no puede ser es que se bloqueen los nuestros y se voten los suyos”, se queja un vocal progresista. Los conservadores niegan que esa sea su intención: “Hay presidencias de sala del Supremo en las que la negociación va a ser muy complicada y, posiblemente, habrá que aparcarlas para no quedarnos parados. Si nos mantenemos en que hay que hacer eso antes, no haremos nada”, señala un consejero de este bloque.

La decisión sobre qué plazas se llevan finalmente a votación en el pleno del 29 de enero tiene que tomarla la presidenta del Consejo en los próximos días. Ahí se acelerará la negociación real entre los dos grupos, que por ahora no quieren hablar de vetos ni bloqueos, pero que asumen que sus posturas son difíciles de conciliar.