La justicia abre una nueva causa al alcalde de Estepona por malversación tras una denuncia de acoso sexual

El juez que investiga al alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por una denuncia de acoso sexual a un policía local ha decidido abrir una nueva causa para investigar un supuesto delito de malversación de caudales, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este caso indagará sobre la supuesta contratación municipal como personal de confianza durante unos tres meses de la expareja del den...

El juez que investiga al alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por una denuncia de acoso sexual a un policía local ha decidido abrir una nueva causa para investigar un supuesto delito de malversación de caudales, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este caso indagará sobre la supuesta contratación municipal como personal de confianza durante unos tres meses de la expareja del denunciante, con un sueldo de 3.600 euros, y sin que la mujer acudiera a su puesto de trabajo, según explican fuentes jurídicas. El juez Íñigo Villar Gómez, titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona, tomó esta decisión después de escuchar en declaración judicial a la mujer, que acudió como testigo por la denuncia de acoso sexual. Fuentes municipales enmarcan estas denuncias en una “inadmisible e injusta campaña” y adelantan que la defensa del regidor solicitará el archivo de las actuaciones.

El juez Villar explica en una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que, durante las diligencias del caso en el que se investiga el supuesto acoso sexual han encontrado “indicios de una posible malversación públicos” y considera que “ha de ser objeto de necesaria instrucción”. Para ello acordó abrir un nuevo procedimiento en el que se investigue únicamente ese delito y que se incluya la documentación de la que se desprenden esos indicios, y que fueron aportados por la mujer, como documentos relativos a su contratación y nóminas, y su declaración judicial. Además, se sumará otra documentación que reclamaron al Ayuntamiento de Estepona el 10 de diciembre. Los hechos que se investigan están comprendidos en el artículo 432 bis del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destina a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo. La pena contemplada oscila entre los seis meses a tres años de prisión y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.

El instructor ha pedido que se informe al alcalde de estos hechos para que pueda ejercer su derecho de defensa, y, presumiblemente, le citará a declarar cuando avance el procedimiento, según fuentes consultadas. “La defensa del alcalde entregará el lunes al juzgado toda la documentación requerida y que corrobora que no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento desde que es regidor”, han asegurado este viernes fuentes municipales. De forma simultánea, añaden, pedirán el archivo de todas las diligencias porque consideran que se trata de “una denuncia falsa y sin fundamento” que forma parte de una “injusta campaña para dañar la dignidad personal y la trayectoria del alcalde”.

La denuncia contra García Urbano por el supuesto acoso sexual fue presentada el pasado 22 de octubre y admitida a trámite una semana después. En el escrito, el denunciante asegura que comenzó a trabajar como funcionario en prácticas en primavera de 2022 y que ya entonces sentía que García Urbano “lo miraba” y le daba “un trato especial” que no era “acorde a la relación normal de trabajo que un alcalde puede tener con sus funcionarios”. Más tarde, relata que le citó en un hotel “para tener relaciones sexuales” y que accedió “por miedo a perder su trabajo y, como consecuencia de ello, no poder mantener a su familia”. También mantiene que el regidor llegó a ofrecerle “una ayuda de 2.000 euros mensuales” y que incluso le ayudó en la búsqueda de un arrendamiento para él y su pareja en un edificio de la localidad de nombre Panorama. Entre otras manifestaciones, la denuncia recoge que, cuando quiso dejar de mantener esas relaciones sexuales, el regidor le amenazó con hacerle “la vida imposible”.

García Urbano declaró 18 de noviembre como investigado en el caso del presunto acoso sexual. Aquel día, que solo respondió a las preguntas de su abogado e insistió en que se trataba de una denuncia “falsa” y “sin fundamento”, según fuentes municipales. La declaración de la testigo, en la que manifestó la serie de hechos por la que se ha abierto la causa de supuesta malversación, siguió a la del regidor esteponero. La contratación se prolongó unos tres meses, desde febrero a mayo de 2023, una vez que pasaron las elecciones municipales, según fuentes jurídicas. Ante el juez, la mujer corroboró la denuncia de su expareja, y padre de sus hijos, y aportó otros detalles de los supuestos encuentros con el regidor, según fuentes jurídicas.

García Urbano es alcalde de Estepona con el PP desde el año 2011, la primera convocatoria electoral tras el caso Astapa contra la corrupción, que en julio de 2008 puso patas arriba al PSOE local y se llevó por delante a los herederos del gilismo. En las pasadas elecciones, de 2023, obtuvo 17 de los 25 concejales del municipio y revalidó el título del regidor más votado entre los municipios de 50.000 habitantes.