La Fiscalía pide un año de cárcel para el general de la Guardia Civil acusado de corrupción en el ‘caso Cuarteles’
El ministerio público acusa al alto mando de cohecho por recibir regalos de un empresario que consiguió contratos del instituto armado por 1,4 millones de euros
La Fiscalía de Madrid solicita un año de prisión para el teniente general de la Guardia Civil jubilado Pedro Vázquez Jarava por su supuesta implicación en la trama de amaño de contratos para obras en instalaciones del instituto armado investigada en el llamado caso Cuarteles, según ha informado este jueves el ministerio público. El alto mando está acusado de un delito de cohecho ―aunque inicialmente fue investigado también por los de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación― por conseguir que los trabajos de impermeabilización de los edificios de varias comandancias fueran adjudicados de forma “inadecuada” a empresas de un constructor amigo, Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon. A cambio, Vázquez Jarava fue supuestamente agasajado por el empresario con varios viajes ―dos de ellos para asistir a las finales de la Champions League de fútbol disputadas en 2016 y de 2017 en Milán (Italia) y Cardiff (Reino Unido) respectivamente― y diversas cantidades de dinero. La Fiscalía pide para Tejera de León la misma pena. La Audiencia Provincial de Madrid aún no ha fijado fecha para celebrar la vista con jurado.
El escrito de acusación destaca que cuando se produjeron las presuntas corruptelas, entre 2016 y 2017, el general era el subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor poder dentro del instituto armado al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución. Desde ese puesto ―que ocupó entre octubre de 2015 y enero de 2018, cuando pasó a retiro― y haciendo uso de sus competencias, Vázquez Jarava procedió a la “descentralización del crédito” para que las comandancias tuvieran autonomía para adjudicar contratos menores de obra en sus instalaciones. Entre octubre y noviembre de 2016, el alto mando contactó con los responsables de estas para indicarles que conocía a un contratista, Tejera de León, que estaba introduciendo en el mercado un producto novedoso, corcho proyectado, “que podía solucionar el problema de humedades en las fachadas” de los cuarteles. Los responsables de las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, la Zona de Murcia y la Jefatura de Asuntos Económicos siguieron sus indicaciones.
Gracias a esta recomendación, tres mercantiles del empresario encausado ―Canarycork S. L., Angrasoscur S. L. y Solocorcho S. L.― facturaron a distintas comandancias trabajos por un importe total cercano a 1,4 millones de euros. La Fiscalía destaca en su escrito que muchas de estas obras fueron ejecutadas de manera “inadecuada” dado que el empresario “carecía de la técnica para la colocación del corcho proyectado, causando un gran perjuicio a la Guardia Civil″. Según considera probado la fiscalía, el empresario añadía una resina al producto que, en lugar de mejor la impermeabilización, la empeoraba.
Como contraprestación por estas adjudicaciones, Tejera de León entregó supuestamente diversas dádivas al general. El escrito de acusación detalla que, además de los viajes para asistir a los dos partidos de fútbol en Milán y Cárdiff (valorados en total en cerca de 2.400 euros), también pagó al general dos estancias con su mujer en un hotel de Cádiz, y otra con la familia en Lanzarote con vuelos incluidos, además de 34.700 euros en efectivo y un cobertor valorado en 1.659 euros para la piscina que el alto mando tenía en su domicilio de Alpedrete (Madrid). Durante la instrucción, el general siempre ha negado que estos pagos fueran “regalos” y ha asegurado que él abonó luego otros gastos del empresario “para compensar” o que, en el caso del desplazamiento para ver los partidos de fútbol, más tarde “hicieron cuentas”.
En el mismo escrito, la Fiscalía pide el sobreseimientos provisional de la causa para otros dos implicados, entre ellos el teniente coronel de una de las comandancias donde se adjudicaron obras irregulares, al considerar que no cometieron ningún delito. También solicita que se envié a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife el testimonio de lo investigado sobre las obras de demolición de un cuartel de Garachico, en la isla canaria, por las que se investigaba a otras dos personas, entre ellas un coronel del instituto armado que fue cesado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando estalló el escándalo.
Las pesquisas que destaparon el caso Cuarteles se iniciaron en mayo de 2018, cuando el general ya había pasado a retiro. Entonces, el Ministerio del Interior recibió un escrito anónimo en el que se denunciaban supuestas irregularidades en los contratos de obras de la Comandancia de Ávila. A partir de ese momento, la investigación se extendió a otras 12 provincias y se llegaron a analizar 193 contratos con un valor estimado de 3,3 millones de euros. El empresario presuntamente implicado, Tejero de León, también aparece citado en otro sumario, el del caso Mediador, una trama de corrupción en la que están imputados otro general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, y el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni.