Clavijo intenta encajar su pacto migratorio con el PP en el preámbulo de la reforma de la ley de extranjería
El presidente canario, en su búsqueda del acuerdo para distribuir a los menores extranjeros, elabora un texto contradictorio que mezcla las exigencias de Feijóo y las medidas negociadas con el Gobierno
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), sigue buscando fórmulas para que el PP y el Gobierno lleguen a un acuerdo para reformar la ley de extranjería y conseguir así una distribución más proporcionada de los menores que emigran solos a España. No lo tiene fácil, porque los populares —a pesar de que gobiernan con Coalición Canaria en las islas—, presionados por Vox, no han mostrado mucha voluntad de pactar. Tras seis meses de tira y afloja, el portavoz del PP, Miguel Tellado, se levantó de la última reunión, celebrada el pasado jueves, ...
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), sigue buscando fórmulas para que el PP y el Gobierno lleguen a un acuerdo para reformar la ley de extranjería y conseguir así una distribución más proporcionada de los menores que emigran solos a España. No lo tiene fácil, porque los populares —a pesar de que gobiernan con Coalición Canaria en las islas—, presionados por Vox, no han mostrado mucha voluntad de pactar. Tras seis meses de tira y afloja, el portavoz del PP, Miguel Tellado, se levantó de la última reunión, celebrada el pasado jueves, sin ceder un ápice de sus exigencias. Clavijo intenta ahora contentar a todos a la vez, y en esa estrategia ha elaborado una nueva proposición de ley híbrida que, en su preámbulo, recoge las medidas que Coalición Canaria acordó con el PP y, en su parte dispositiva, las medidas —muchas de ellas, contradictorias con las anteriores— negociadas con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Ante la insistencia del PP de que el Gobierno asuma su política migratoria y la negativa del Gobierno a hacerlo, el presidente canario ha refundido el texto de la proposición de ley que debería aprobarse en el Congreso. En el nuevo texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Clavijo mantiene las condiciones ya acordadas con el Gobierno para viabilizar la distribución de los menores entre las islas y la Península, pero ha incrustado, en el preámbulo, un apartado primero en el que ha metido cada una de las peticiones de los populares. El problema —más allá de que esa introducción es ahora un cajón de sastre entre medidas concretas y generalidades en política migratoria— es que esa primera parte y el propio desarrollo del texto dicen cosas contradictorias. Está por ver también que el PP se conforme con ver sus peticiones limitadas a un preámbulo. Mientras, Canarias sigue acogiendo a 5.300 menores migrantes, que desbordan su capacidad de atención.
El encaje que ha hecho Clavijo en el texto es prácticamente un copia y pega del documento que firmó con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, el pasado 10 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife. Ese documento era una declaración de intenciones en materia migratoria y recogía un listado de medidas que se instaba a adoptar al Gobierno de Sánchez. Así, una vez traspuesto ese texto a la nueva proposición de reforma de la ley de extranjería, esta habla ahora de la necesidad de declarar la emergencia migratoria, de contar con “una política de Estado”, “una política integral que ataje de raíz el problema de la inmigración irregular” y un “plan de acción para el control migratorio” en referencia al “Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio” propuesto en aquel documento.
Ese plan consiste en “mejorar el control policial en las fronteras” o “establecer un pasaporte de tránsito” para frenar “el flujo descontrolado por los aeropuertos”, en referencia al visado de tránsito [que no pasaporte] que se exige a algunas nacionalidades para hacer escala en España. También defiende dotar de más medios humanos y materiales a la Comisaría General de Extranjería o desplegar a las fuerzas de seguridad en los países de origen y tránsito, además de recoger la exigencia del PP de desplegar a Frontex y a la Agencia Europea de Asilo en las islas, reforzar el personal para tramitar el asilo o multiplicar los retornos.
El nuevo preámbulo incluye, por tanto, la irrenunciable hoja de ruta de los populares, pero entra en conflicto con aspectos ya pactados con el Gobierno y que siguen en el texto con el que se pretende modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. La redacción pone de manifiesto que Clavijo, en su esfuerzo por acercar posturas, ha acabado pactando cosas distintas según su interlocutor.
Un ejemplo de ello es que ahora se ha encajado en el preámbulo que los niños y adolescentes que sean trasladados desde Canarias a otras comunidades españolas deben ser indubitablemente menores de 18 años, otra de las exigencias del PP. Esa premisa limita el número de menores que podrán ser trasladados y no beneficia a Clavijo, que pactó con el Gobierno central que los chicos debían ser trasladados en 15 días y sin la exigencia de que estuviese garantizada su minoría de edad, que puede no ser “establecida con seguridad”. En alguna ocasión, el presidente de Canarias ha deslizado que estaría dispuesto a renunciar a trasladar a posibles adultos, pero la propuesta actual mantiene ambas opciones contradictorias.
También es conflictivo cómo se plantea la financiación del plan. El preámbulo detalla ahora las distintas obligaciones del Estado cuando las comunidades vean que la capacidad de sus centros de acogida excede el 100% y 150%, respectivamente, pero no es esto lo que está pactado con el Gobierno ni redactado en el cuerpo de la proposición de ley. Hasta ahora, el Ejecutivo se compromete a pagar por la atención de todos los menores que excedan el 100% de la capacidad de las comunidades autónomas, un cupo que tendrá como referencia las plazas existentes en 2020.
En la tarde de este lunes, el presidente canario se reunirá con los siete grupos parlamentarios de las islas y les presentará su propuesta. Más tarde convocará a los titulares de los cabildos insulares, a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y a los representantes de las entidades del tercer sector para analizar la situación migratoria y las negociaciones en el ámbito del Estado, así como abordar el posicionamiento de Canarias en la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo viernes en Santander.