Prisión para uno de los detenidos durante las redadas en las Tres Mil Viviendas

El juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional de uno de los detenidos el pasado miércoles durante la macrorredada policial que tomó las Tres Mil Viviendas en respuesta por el tiroteo del pasado sábado en el que se emplearon fusiles de asalto y cuyas imágenes se viralizaron de inmediato. Este viernes se ha desarrollado la segunda fase de esa operación, bautizada como Vulcano, en la que, con un despliegue menor de efectivos policiales, los agentes han desmantelado ...

El juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional de uno de los detenidos el pasado miércoles durante la macrorredada policial que tomó las Tres Mil Viviendas en respuesta por el tiroteo del pasado sábado en el que se emplearon fusiles de asalto y cuyas imágenes se viralizaron de inmediato. Este viernes se ha desarrollado la segunda fase de esa operación, bautizada como Vulcano, en la que, con un despliegue menor de efectivos policiales, los agentes han desmantelado nueve plantaciones de marihuana.

La zona conocida como las 800 Viviendas, en la barriada Murillo, uno de los núcleo más deprimidos y peligrosos de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, ha vuelto a amanecer sitiado por la Policía Nacional, 48 horas después de la batida en la que 300 agentes detuvieron a una decena de personas y se incautaron de gran cantidad de marihuana, sustancias estupefacientes y armas de distinto calibre. Uno de ellos es el que ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza, acusado de presuntos delitos de tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. Otra pareja -un hombre y una mujer- arrestados en el mismo operativo del miércoles han sido puestos en libertad provisional con los mismos cargos, después de que se acogieran a su derecho a no declarar, según confirman fuentes judiciales.

Desde primera hora de la mañana se han desplegado más de un centenar de agentes, asistidos por furgones blindados, la unidad de Caballería y un helicóptero. El objetivo de la operación es reducir la criminalidad en la zona y desmantelar organizaciones dedicadas al narcotráfico. “No solo a su cultivo, sino también a quién financia la compra de las armas”, precisan los interlocutores consultados. Se han realizado un total de nueve registros siguiendo dos líneas de actuación, según han informado fuentes oficiales. Por un lado se pretende desarticular cultivos de marihuana y por otro incautarse de armas de fuego ilegales, si bien, esas mismas fuentes consultadas especifican que el dispositivo no tenía como objetivo hallar el fusil de asalto que se pudo haber disparado el pasado sábado, sino armamento en general.

En las entradas se ha incautado numeroso “material ilícito”, según ha explicado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. Fuentes de la investigación precisan que en los nueve registros domiciliarios se han desmantelado sendas plantaciones de marihuana.

En la primera parte de la operación, desarrollada el pasado martes, 300 agentes tomaron las calles de las zonas más peligrosas de la barriada y en las que se concentran las plantaciones de marihuana: los Verdes, los Marrones -por el color de las fachadas de las viviendas- y Las Vegas. Entonces los policías iban acompañados de perros, furgones blindados, drones equipados con visores térmicos y apoyo aéreo a través de helicópteros. El jueves el operativo se desplazó al barrio de El Palmete y a la localidad sevillana de Carmona. La segunda fase de este operativo se ha concentrado a lo largo de la mañana de este viernes en las 800 Viviendas y en Las Vegas.

Desde la Subdelegación del Gobierno se hace hincapié en que la Operación Vulcano venía fraguándose desde hace meses, dentro de la estrategia de lucha contra el narcotráfico y la tenencia ilícita de armas en el Polígono Sur, pero que el tiroteo del pasado sábado precipitó las macrorredadas de esta semana.

La extensión de los narcopisos, especialmente por las barriadas Murillo, Martínez Montañés (donde se encuentra Las Vegas), dentro de las Tres Mil Viviendas, han incrementado las disputas entre los clanes que se dedican a su cultivo y distribución, incrementando también la sofisticación de los métodos para amedrentar a los rivales. “Eso ha provocado que se haya escalado en el tipo de armas que emplea, antes eran armas cortas, escopetas de caza, además en el mercado negro cada vez es más sencillo adquirir este tipo de armamento bélico”, precisa Ángel Becerra, portavoz del Sindicato Unificado de Policía de Sevilla.

Además de a la realización de registros, los agentes desplegados han realizado labores de acompañamiento a los servicios de limpieza, que suelen estar siempre escoltados por un dispositivo de la Policía Local cuando entran a la barriada. El tiroteo del fin de semana ha provocado un cambio en los protocolos, determinándose que en las zonas donde hay más focos de violencia, los vehículos de limpieza sean vigilados por miembros de la Policía Nacional.

La seguridad en el Polígono Sur ha estado en el centro de la conversación política de los últimos días. Tras el tiroteo, el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, demandó más agentes de la Policía Nacional para atajar los problemas de violencia y narcotráfico en la barriada. “Si no se producen actuaciones policiales concretas, el problema no tiene solución”, señaló. Su discurso se ha ido modulando conforme ha avanzado la semana y este jueves tras reunirse con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, reconoció que es esencial que paralelamente se sigan desarrollando la prestación de servicios públicos, la actuación en los colegios y un cambio en el diseño urbanístico, para que estos barrios no acaben convertidos “en guetos”.

Para ello, el regidor hispalense ha propuesto derribar los bloques de viviendas que están deshabitados y sustituirlos por zonas ajardinadas. Para ello será vital contar con la colaboración de la Junta de Andalucía, otra de las administraciones con competencias en la regeneración de los barrios más pobres de la comunidad, que es la titular de esas edificaciones, y que hasta ahora ha preferido circunscribir el tiroteo a un asunto de seguridad reclamando del Gobierno un mayor despliegue policial para evitar la sensación de impunidad.