La Audiencia Nacional ya descontó a Txapote sus años de cárcel en Francia

El PP ha convertido a Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, en un arma arrojadiza contra el Gobierno por la reforma que convalida a presos de ETA la pena que cumplieron en el extranjero. “Ahora sabemos que Pedro Sánchez quiere excarcelar el próximo año a Txapote”, dijo este miércoles Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local de la formación conservadora. “[El PSOE] tiene la...

El PP ha convertido a Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, en un arma arrojadiza contra el Gobierno por la reforma que convalida a presos de ETA la pena que cumplieron en el extranjero. “Ahora sabemos que Pedro Sánchez quiere excarcelar el próximo año a Txapote”, dijo este miércoles Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local de la formación conservadora. “[El PSOE] tiene la intencionalidad de que Txapote esté en la calle en Navidad”, aseguró el popular José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. El partido se apoya en un informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que asegura que 40 reclusos etarras se beneficiarán de la nueva normativa: entre ellos, el propio Txapote, que saldría en 2025 al reducírsele ahora los seis años y nueve meses de prisión que pasó en Francia. Sin embargo, la Audiencia Nacional ya le descontó ese tiempo al calcular el plazo que debía estar encerrado en España, que fijó hasta 2031.

Varias fuentes jurídicas y políticas consultadas por EL PAÍS cuestionan, por tanto, que Txapote vaya a salir en libertad el próximo año o que, incluso, esta nueva normativa le llegue a beneficiar en algo. Aunque, eso sí, admiten que otros presos de ETA se verán favorecidos. Fuentes del Gobierno insisten en que el espíritu general de la reforma es que los terroristas no pasen en total (contando sus años de cárcel en España y otros países) más del máximo permitido en España —30 años, para muchos de ellos—. Eso sí, cuando los cambios entren en vigor, los tribunales deberán recalcular caso por caso, e interpretar la nueva reforma.

Entre otros crímenes, Txapote fue el autor material del atentado contra Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua (Bizkaia) que fue secuestrado y asesinado en 1997. Este etarra fue detenido en Francia en febrero de 2001. Por tanto, hasta 2031 no habrá cumplido un total de 30 años entre rejas (sumando también los del país galo, que no lo entregó definitivamente a España para terminar la condena francesa hasta 2007, según fuentes jurídicas). Precisamente, la justicia prevé actualmente (todavía sin la reforma) que no saldrá de prisión hasta febrero de 2031. Y al calcular esa fecha, según confirman fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional ya le ha contado el periodo que estuvo encerrado en Francia —por lo que, de entrar en vigor, varias fuentes defienden que no se le podría volver a descontar ese tiempo—.

La propia Audiencia Nacional dio luz verde en diciembre de 2014 a sumar a Txapote el tiempo que había estado encerrado en Francia para descontárselo de su pena que debía cumplir en España. Según un auto avanzado por eldiario.es y al que tuvo acceso EL PAÍS, el tribunal aceptó tener en cuenta este castigo porque el etarra terminó de cumplir en España esa condena francesa y, por ello, se consideró que era de aplicación el Convenio de Estrasburgo de Traslado de Personas Condenadas: “Nada impide la realización de acumulaciones parciales en función de las fechas de los hechos y de las sentencias dictadas en enjuiciamiento de los mismos”. “Es decir, que las fechas de ejecución de los hechos y de las sentencias hubieran permitido juzgar los delitos en el mismo proceso”, añadieron los magistrados que firmaron la resolución (Nicolás Poveda, Ramón Sáez y Fermín Javier Echarri).

Sin embargo, otros presos de ETA sí se verían beneficiados, aunque aún está por ver en qué medida y en cuántos años verán reducida su estancia en la cárcel —los tribunales deberán hacer ese cálculo—. El ejemplo más claro es el de María Soledad Iparraguirre, alias Anboto. Esta etarra pasó 15 años encerrada en Francia, antes de su entrega a España en 2019. Fuentes jurídicas apuntan que la justicia española ha calculado que debería pasar en nuestras cárceles otros 22 años, lo que elevaría el total a unos 37 años. Por tanto, al entrar en vigor la norma, solo podría estar un máximo de 30 en total y habría que adelantar su salida en siete años, según las intenciones del Gobierno.