Así fue el debate y la votación de la enmienda que convalida las penas de presos de ETA en otros países

18 de septiembre. El Congreso aprueba por unanimidad la reforma de la ley que permite convalidar las penas de presos que cumplieron condena fuera de España. Este cambio permitirá que los presos de ETA se descuenten los años de cárcel cumplidos en Francia, lo que agilizará la salida de prisión de muchos de ellos. La iniciativa llegó al pleno tras pasar con el mismo consenso total por la ponencia y la comisión de Justicia y el debate que se celebró se llenó de buenas palabras y parabienes por el acuerdo alcanzado entre todos los grupos. Nadie hizo referencia al cambio que supone para los presos etarras y que ha desencadenado una enorme polémica.

Este cambio no estaba en la primera versión del proyecto de ley, redactada por el Gobierno, pero se incluyó en dicha comisión. El texto definitivo llegó al pleno, donde tampoco ningún partido se opuso a ese cambio. Cuando se debatió el texto, el diputado socialista Artemi Rallo aplaudió la iniciativa del socio de Gobierno de coalición. “Celebramos la incorporación de las enmiendas de Sumar, que vienen a mejorar los efectos jurídicos de las sentencias condenatorias anteriores sobre un nuevo proceso penal al aplicarse tanto en la fase previa del proceso y durante el proceso como en la ejecución de las condenas. Y, felizmente, también se unifica y garantiza el principio de equivalencia de efectos en cualquier Estado miembro”, afirmó. Por parte del PP intervino el diputado José Manuel Velasco Retamosa, quien no hizo ni una sola referencia al cómputo de penas para los presos etarras y aprovechó su intervención para defender a aprobación de la norma: “Como ya se ha dicho, lo que viene aquí es una simple trasposición de una directiva que ha tenido en el proceso previo a llegar a la Cámara más observaciones técnicas que enmiendas, lo que da una pista de qué tipo de texto estamos hablando”. En este sentido, añadió: “Es una directiva que debería haber sido traspuesta hace dos años y que llega con dos años de retraso, cuando era una cosa relativamente sencilla y que lo único que hace es demostrarnos una vez más que el Gobierno del señor Sánchez está más ocupado en ir contra jueces y medios de comunicación que en activar normas y tener una normalidad legislativa en esta Cámara. Eso sí, salvo que esté en juego el sillón de Sánchez”.

Todo partió de una propuesta para reformar la ley orgánica que “regula el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea”. Este texto legal, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 gracias a su mayoría absoluta, debía homogeneizar el cumplimiento de las penas en los países miembros de la UE para que una persona no cumpliera por un mismo delito dos o más condenas en diferentes estados. Sin embargo, la ley española incluyó una disposición adicional de 36 palabras por la cual la nueva norma no era aplicable a aquellas sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010, que era la fecha tope en la que se debía haber trasladado la directiva comunitaria a la legislación española. Ese párrafo supuso en la práctica que la norma no beneficiaba en aquel momento a 69 presos de ETA que cumplían condena en España tras haber pasado por cárceles francesas. El texto aprobado ahora por el Congreso y que ha generado la polémica, incluye una enmienda de Sumar que propone precisamente derogar esta disposición.