El Poder Judicial reactiva los nombramientos discrecionales para cubrir las vacantes del Supremo
La comisión de calificación acuerda convocar la plaza de cuatro de las cinco presidencias de sala del alto tribunal
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha la maquinaria para desatascar los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial, bloqueados desde marzo de 2021 por una reforma legal que los prohibió mientras el Consejo estuviera en funciones. La renovación del órganos en julio pasado ha levantado ese veto y el nuevo Consejo tiene que cubrir más de un centenar de vacantes en el Tribunal Supremo, la Audiencia N...
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha la maquinaria para desatascar los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial, bloqueados desde marzo de 2021 por una reforma legal que los prohibió mientras el Consejo estuviera en funciones. La renovación del órganos en julio pasado ha levantado ese veto y el nuevo Consejo tiene que cubrir más de un centenar de vacantes en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales. Fuentes del órgano señalan que la comisión de calificación, la encargada de pilotar este proceso, acordó este miércoles que las primeras plazas que se convoquen sean cuatro de las cinco presidencias de sala del Supremo: las de las salas Tercera y Cuarta, que ahora están cubiertas de forma interina, y las de la Primera y Segunda, cuyos titulares están a punto de cesar. Estas fuentes explican que el orden del día del próximo pleno, previsto para el 9 de octubre, incluye los modelos de bases y convocatorias para el nombramiento de esas presidencias, así como las bases para los nombramientos del resto de cargos discrecionales pendientes de cubrir. El pleno prevé también convocar una más de una quincena de plazas en la justicia militar, algunos de cuyos tribunales llevan meses prácticamente paralizados.
La acumulación de vacantes de la cúpula judicial fue uno de los efectos colaterales del retraso en la renovación del anterior CGPJ, que estuvo con el mandato prorrogado durante más de cinco años. La imposibilidad de cubrir las plazas de magistrados que se jubilaban, fallecían o renunciaban ha dejado un reguero de sillas vacías o puestos ocupados de forma interina que han lastrado gravemente el funcionamiento de algunos tribunales. El más afectado es el Supremo, que tiene vacantes 29 de sus 79 plazas. La comisión de calificación, formada por los vocales José Antonio Montero (presidente), Ricardo Bodas, Ángel Arozamena, Esther Rojo e Inés Herreros, ha empezado ya a estudiar cómo desatascar esta situación, pero, según las fuentes consultadas, todavía no ha decidido si convocar todas las plazas a la vez, como defiende alguno de sus miembros, o establecer prioridades e ir sacándolos poco a poco, como prefieren otros.
Mientras debate este cronograma, la comisión de calificación ha acordado ya las bases por las que se regirán todas las designaciones y que se adaptan a los requisitos establecidos en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) acordada por el PSOE y el PP el verano pasado para objetivar los nombramientos discrecionales. Para acceder al Supremo se exigirán no menos de 20 años de antigüedad en la carrera judicial (ahora son 15) y haber pasado por un órgano colegiado del orden jurisdiccional correspondiente. Además, tanto para el alto tribunal como para el resto de órganos, esas bases buscan asegurar la capacidad y el mérito y promover la igualdad. Para esto último, los nombramientos tendrán que garantizar que todas las salas del Supremo y el resto de tribunales tenga una proporción mínima del 40% de cada uno de los sexos. Actualmente, en algunas salas del alto tribunal el número de magistradas está muy lejos de esta cifra, lo que implicará, señalan las fuentes, que la mayoría de los nuevos nombramientos (en incluso todos en algunas salas) recaerán en mujeres.
La comisión de calificación ha dado luz verde a la convocatoria de las presidencias de cuatro salas del Supremo: la Primera (de lo Civil), actualmente presidida por Francisco Marín Castán, que se jubila el 10 de noviembre; la Segunda (Penal), presidida por Manuel Marchena, cuyo mandato termina el mes que viene; la Tercera (Contencioso-Administrativo), dirigida ahora en funciones por Pablo Lucas, que ocupa el cargo de forma interina desde que el anterior presidente, César Tolosa, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional; y la Cuarta (Social), presidida en funciones por Antonio Sempere tras la jubilación de las dos presidentas anteriores. La convocatoria de estas cuatro plazas claves del alto tribunal está incluida ya en el orden del día del próximo pleno, aunque algunas fuentes advierten de que faltan algunos trámites que podrían retrasar su aprobación.
Una vez que se convoquen las plazas se podrán presentar candidaturas y los aspirantes tendrán que comparecer defendiendo su currículum y su proyecto ante la comisión de calificación. Este órgano ha reducido de forma drástica el tiempo de esa comparecencia, que antes era de una hora y pasará a ser de 10 minutos. Esta norma se mantendrá para todos los nombramientos con el objetivo de acelerarlos, según las fuentes consultadas.
El orden del día del próximo pleno incluirá también la aprobación de las bases y la convocatoria de 17 plazas de la justicia militar, responsable de aplicar el Código Penal Militar a 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 70.000 de la Guardia Civil, y que está al borde del colapso con casi la mitad de sus puestos vacantes. La propuesta que elevará al pleno la comisión de calificación incluye, entre otras, la plaza de auditor presidente del Tribunal Militar central, el máximo órgano de esta jurisdicción tras la Sala de lo Militar del Supremo y que juzga a los militares con rango igual o superior a comandante o capitán de corbeta. También se convocarán las plazas para distintos tribunales territoriales en Madrid, Barcelona, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, Valencia y San Fernando.