La ofensiva de PP y Vox en Cantabria activa un movimiento en defensa de la memoria democrática

El Parlamento de Cantabria debate este lunes, a propuesta de PP, que gobierna la comunidad en solitario, la derogación de la ley regional de memoria, aprobada en 2021, bajo la administración del PSOE y el PRC. El plan de eliminación de la norma, que los populares ya han llevado a cabo en otras comunidades donde gobernaban con Vox —hasta que el partido ultra rompió los acuerdos por el conflicto sobre el reparto de menores migrantes— ha movilizado a la sociedad civil cántabra. Este lunes, frente al Parlamento, la plataforma Memoria y Democracia de Cantabria colocará una pancarta que reza: “Sin m...

El Parlamento de Cantabria debate este lunes, a propuesta de PP, que gobierna la comunidad en solitario, la derogación de la ley regional de memoria, aprobada en 2021, bajo la administración del PSOE y el PRC. El plan de eliminación de la norma, que los populares ya han llevado a cabo en otras comunidades donde gobernaban con Vox —hasta que el partido ultra rompió los acuerdos por el conflicto sobre el reparto de menores migrantes— ha movilizado a la sociedad civil cántabra. Este lunes, frente al Parlamento, la plataforma Memoria y Democracia de Cantabria colocará una pancarta que reza: “Sin memoria no hay futuro”.

El movimiento nació hace justo un año, cuando PP y Vox unieron sus votos —entonces a iniciativa del partido ultra— para promover la derogación de la norma. El manifiesto inaugural de la plataforma, leído en la librería La Vorágine de Santander, se ha transformado en una oleada de defensa de la memoria democrática. En el centro están las familias que todavía tienen a sus muertos en fosas comunes y que reclaman sus restos para enterrarlos en algún rincón donde puedan llevarles flores.

El texto de la proposición de ley de derogación afirma, en su exposición de motivos, que la ley aprobada en 2021 “nació muerta” porque “no pretendió el consenso” —aunque ahora el plan de eliminación es una imposición frente a la izquierda— y que se trata de “un ajuste de cuentas 85 años después”. El PP sigue la estela de los Gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y león y la Comunidad Valenciana para eliminar la legislación regional en memoria, pese a las críticas de los relatores de Naciones Unidas que, en un informe publicado el pasado mayo, alertaron sobre el avance del “negacionismo” e instaron a España a tomar “todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos”. La ley de memoria democrática estatal sigue siendo de aplicación en todo el territorio nacional.

Jorge Suárez, uno de los portavoces de la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, asegura que las labores relacionadas con la memoria están paralizadas: “Desde que gobierna el PP no se ha movido una hoja en este tema”. Suárez pertenece también a la Asociación Héroes de la República y la Libertad.

La socialista Zoraida Hijosa, directora de la oficina de memoria en Cantabria la legislatura pasada y actual directora general de memoria en el Gobierno central, afirma que con la inminente derogación de la ley quedarán en suspenso cuatro proyectos de exhumaciones en Tama (Liébana), Cieza, Piélagos y Anievas para recuperar los restos de una veintena de víctimas de la represión franquista. Para localizar el sitio exacto de esas cuatro fosas ya se había pasado un georradar e Hijosa cree que ya estaban cerca de hallarlas. El PP ha sostenido públicamente que las exhumaciones no se detendrán. “Garantizamos el apoyo a todas las familias que soliciten procedimientos de exhumación de restos mortales”, declaró el diputado regional y senador autonómico del PP Iñigo Fernández. Pero esos trabajos están congelados.

En la fosa de Tama, según la información recopilada, podría estar enterrado el entonces alcalde de Pesaguero y militante de UGT Camilo Bargaño Vicente, y su hijo, que tenía 17 años cuando fue asesinado; así como Santiago Ricardo Gil Santos, motorista fiel a la República fusilado el 14 de septiembre de 1937; Feliciano Alonso, Esteban Ruiz o el industrial Lorenzo Rodríguez Arminio. Según un mapa de fosas comunes elaborado por la Universidad de Cantabria, la comunidad cuenta con cerca de 150 enterramientos clandestinos. El Gobierno anterior trabajaba en un contrato para actualizar ese mapa.

La plataforma de Memoria y Democracia la integran hoy 90 asociaciones y cuenta con más de 1.600 adhesiones individuales. No se trata solamente de las asociaciones que tradicionalmente han defendido la memoria histórica en la región, sino de decenas de colectivos y organizaciones de la sociedad civil que también rechazan la derogación de la ley autonómica. “Si alguien está defendiendo la memoria es la sociedad civil”, insiste Carolina Hernaiz, otra de las activistas en defensa de la ley y con una trayectoria en colectivos memorialistas de la región. El pasado junio, esas asociaciones entregaron a diputados del PP una “cartilla básica de memoria histórica”, que respondía a preguntas sobre la II República, el golpe de Estado de 1936 o la dictadura franquista. La Coordinadora Cántabra de Pensionistas, que suele reivindicar pensiones públicas y dignas, hizo una concentración a principios de septiembre para rechazar la derogación de la ley de memoria.

Jorge Suárez explica así los motivos de la movilización ciudadana: “El bando vencedor ensalzó y dignificó a sus muertos, pero a los otros los han dejado enterrados sin identidad y sin lugar conocido, y ahora se dice que este tema está cerrado y que no se tienen que reabrir viejas heridas. Nosotros no buscamos venganza, lo que buscamos es que se identifiquen los lugares, que se identifiquen los restos, que se entreguen a los deudos, que se repare dignamente a las familias de los represaliados, que si fueron incautados sus bienes se los devuelvan y que se comprometan políticamente a la no repetición”.

La derogación de la ley también fulmina los planes para constituir la Comisión de la Memoria, que tendría un funcionamiento parecido al de las comisiones de la verdad que se han puesto en marcha en América Latina. Este órgano ya tenía cuatro miembros nombrados, pero sus labores están paradas. También estaba pendiente un censo de víctimas y avanzar en la identificación de lugares de memoria en todo el territorio. Para Zoraida Hijosa uno de esos sitios debería ser el Palacio de la Magdalena, uno de los grandes centros de represión durante la dictadura: “En esas praderas en las que en verano todo el mundo está disfrutando, sufrieron más de 2.000 presos republicanos la represión”.

La hoy directora general de memoria afirma que, en la conferencia sectorial de memoria democrática a mediados de este año —en la que se reparten recursos a las comunidades autónomas para apoyar proyectos de este tipo—, el Gobierno de Cantabria presentó “un proyecto en el que no hay ni una sola actuación en cuanto a la localización o exhumación de víctimas”. Lo que contemplaba la propuesta era, según la directora, actuaciones menores sobre publicación de libros o investigación. Asegura que si la administración autonómica no avanza en esta materia, el Gobierno central ejecutará directamente las exhumaciones en el territorio de esa comunidad autónoma.