La lentitud judicial libra de la cárcel a 13 acusados de prostituir menores en Murcia

Buscaban adolescentes vulnerables en discotecas de menores, anuncios de trabajo e incluso en colegios. Insistían hasta convencerlas de que podrían ganar mucho dinero “dejándose acompañar y tocar” por “señores mayores” y acababan por prostituirlas en pisos, despachos y locales a los que las trasladaban en taxis piratas. Así funcionaba la trama de prostitución de menores que fue destapada hace una década en Murcia y por la que este miércoles se ha condenado a 13 personas a través de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que han reconocido los hechos de los que se los acusaba a cambio de una rebaja sustancial de las penas que permitirá que ninguno de ellos pise la cárcel.

La fiscal, que ejercía la única acusación en este procedimiento, ya que ninguna de las 10 menores que fueron prostituidas por la trama presentó una acusación particular, había solicitado en un primer momento penas de 7 años de prisión por cada delito de prostitución de menores que imputaba a las captadoras de las adolescentes, y que han quedado rebajadas a 2 años. Para los taxistas clandestinos, como cooperadores necesarios, pedía inicialmente penas de seis años, que se han rebajado a dos años y a un año y tres meses. Y para los siete hombres que pagaron por tener sexo con las menores, las penas solicitadas inicialmente eran de cuatro años, pero se han quedado entre cinco y siete meses. La única razón alegada durante la vista de conformidad para avalar esas rebajas ha sido la aplicación de la atenuante de “dilaciones indebidas” en el procedimiento, ya que las detenciones de los ahora condenados se produjeron en enero de 2015.

Durante la vista no se ha permitido a los numerosos medios de comunicación presentes en la sala tomar imágenes de las caras de los condenados, ni de los miembros de la trama, ni de los varones que tuvieron sexo con las menores a cambio de dinero, todos ellos de edad avanzada y “buena situación económica”, según la definición de la Fiscalía.

Los hechos se remontan a 2014, cuando Ruth Karina D.T, cabecilla de la trama; Nelly Paola .P. y Yesenia Mercedes B.C. captaron hasta a 10 chicas menores de edad, a las que repitieron y presionaron hasta convencerlas de que “podían ganar mucho dinero” manteniendo relaciones sexuales “con señores mayores, que pagaban bien”, según los hechos recogidos en el relato del fiscal que las tres han aceptado como ciertos. Ruth Karina ha sido condenada por ocho delitos de prostitución de menores, a razón de dos años de prisión por cada uno de ellos; Nelly Paola, por seis; y Yesenia Mercedes, por tres.

A algunas de las chicas las conocieron en discotecas light, mientras que con otras tres contactaron en su centro escolar y, con una más, a través de un anuncio que la menor había puesto ofreciéndose como canguro. Una vez convencidas las adolescentes, las proxenetas mostraban sus fotos a hombres interesados en tener sexo con menores de edad. De los siete hombres condenados, uno de ellos tuvo hasta cinco contactos sexuales con las menores, otros dos acudieron a la trama dos veces y el resto una. Sus condenas oscilan entre los cinco y los siete meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos.

Las menores eran prostituidas en domicilios particulares, despachos o locales a los que eran acompañadas por una intermediaria, Manuela P.P., que ha sido condenada a seis meses de prisión. Las llevaban hasta allí dos taxistas pirata, Walter Jhovany D. M, y Martín D.T., que también han sido condenados como cooperadores necesarios de delitos de prostitución de menores (seis delitos con condenas de dos años cada uno) y un año y tres meses respectivamente.

La sentencia, que se ha dictado in voce u oral, ya es firme. Aunque las sumas de las penas de las cabecillas de la trama, de uno de los taxistas y de uno de los clientes sí superan los dos años de prisión, plazo mínimo que fija la ley para pisar la cárcel si no se tienen antecedentes penales, como es el caso de los 13 condenados, ninguna de las condenas individuales está por encima de ese periodo, por lo que, según los abogados de las partes, previsiblemente quedarán en suspenso. Todos los condenados tendrán que abonar, además, una indemnización a las víctimas, que oscila entre los 500 y los 2.000 euros (la petición inicial, que se ha rebajado era de 6.000). También deberán pagar multas que van desde los 540 hasta los 4.320 euros.