En una operación en cascada, los distintos Gobiernos autonómicos del PP han ido anunciando este lunes uno tras otro el registro de sus respectivos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. El Partido Popular recrudece así su ofensiva judicial contra la medida de gracia a los encausados por el procés desde las comunidades donde ostentan el poder, ...

En una operación en cascada, los distintos Gobiernos autonómicos del PP han ido anunciando este lunes uno tras otro el registro de sus respectivos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. El Partido Popular recrudece así su ofensiva judicial contra la medida de gracia a los encausados por el procés desde las comunidades donde ostentan el poder, y después de que la dirección nacional registrase su propio recurso el jueves, coincidiendo con la apertura del Año Judicial, y marcando el paso a los barones, que han esperado a que Génova haya formalizado su decisión para no adelantarse a Alberto Núñez Feijóo. La Comunidad de Madrid, Aragón, la Región de Murcia, Andalucía, Galicia, Cantabria y Comunidad Valenciana han confirmado que han presentado los escritos ante el tribunal de garantías, a dos días de que expire el plazo, el próximo miércoles. Mientras que Extremadura, Castilla y León, Baleares y La Rioja harán lo propio este martes. A los barones del PP se ha sumado el presidente Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, cuyo Gobierno también ha interpuesto hoy recurso ante el Constitucional.

La formalización de los recursos se ha materializado este lunes. Pero los barones del PP habían anunciado ya desde hace meses que su oposición frontal a la ley de amnistía les llevaría hasta el Constitucional, aun cuando tanto la dirección nacional como algunos presidentes del Partido Popular han mostrado su desconfianza en las resoluciones del tribunal de garantías. El empuje lo ha dado a primera hora de la mañana de hoy Isabel Díaz Ayuso, la primera dirigente en anunciar la interposición del escrito. “Lo hacemos en defensa de la igualdad de todos los españoles”, ha dicho la presidenta madrileña durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. “[La ley de amnistía] Es obscenamente inconstitucional. Es otro paso más en la destrucción del Estado de derecho. ¿Y ahora cómo deshacemos tanto daño?”, ha añadido.

La presidenta de la Comunidad ha anunciado además que el recurso incluye la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional por su “notoria vinculación ideológica con el PSOE”. Se trata del presidente del tribunal y exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; de Laura Díez, exalto cargo de La Moncloa; y de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, que ya pidió abstenerse en el debate, lo que le será admitido en el pleno de este martes de la institución. Todos ellos fueron también recusados en el recurso presentado por el PP el jueves pasado.

En Zaragoza, la vicepresidenta Mar Vaquero ha ensalzado un recurso interpuesto “en defensa de estos principios de libertad e igualdad de todos los aragoneses”. El texto presentado por el Gobierno liderado por Jorge Azcón sostiene que se produce “una quiebra total del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución, por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político”, entre otras consideraciones.

“Una ley vergonzosa, inconstitucional que vulnera la separación de poderes, que permite se puedan cometer delitos en función de donde vivas”, ha dicho el presidente murciano, Fernando López Miras, durante una entrevista en la Cope. El dirigente se ha referido además a la ronda de presidentes autonómicos en La Moncloa ofrecida por Pedro Sánchez. Sobre dicha invitación, López Miras ha criticado que en los últimos cinco años “no ha encontrado el hombre un hueco para reunirse” con él y “ha admitido que está “deseando” que el jefe del Ejecutivo le “convoque” para acudir a la cita.

El jefe del Consell, Carlos Mazón, en atención a medios en Alicante por la mañana, ha señalado que el Gobierno que preside, “con todas las consecuencias, buscando la igualdad en el Estado de Derecho y ante la justicia por igual de todos los españoles” ha registrado también su recurso después de dedicar un pleno monográfico, por la tarde, a dar luz verde al escrito. Mazón ya anunció el pasado 30 de mayo, en una sesión de control en Les Corts, que el Ejecutivo valenciano ya tenía preparado el recurso, el mismo día en el que el Pleno del Congreso respaldó con mayoría absoluta la ley de amnistía, con lo que levantaba el veto del Senado y daba luz verde definitiva a su aprobación, informa Ferrán Bono.

En paralelo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha informado de su recurso durante la inauguración de una nueva sede judicial en el municipio cordobés de Lucena. “Hoy mismo vamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía porque nuestro servicio jurídico entienden que es un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado”, ha indicado el dirigente andaluz, informa Eva Sáiz.

Respecto al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, ha sido la portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, quien ha comunicado a los medios que el Gobierno de García-Page, muy crítico desde un principio con la amnistía a los encausados en el procés, ha presentado en la mañana de este lunes de manera telemática el recurso con un informe “muy contundente en cuanto a la legitimidad de la Comunidad Autónoma para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad”. “Es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos”, ha incidido Padilla en Villarrubia de Santiago (Toledo).

Desconfianza

Tanto la dirección del PP como algunos barones populares llevan tiempo alentando las dudas sobre la independencia del Constitucional. Y este lunes no ha sido una excepción. “No se trata de confiar o no [en el tribunal], se trata de hacer lo correcto, no depende de mi la decisión que tomen ellos”, ha argumentado Díaz Ayuso en Madrid. Y ha rematado: “Hemos perdido la confianza [en el TC] teniendo en cuenta de que muchos de sus miembros son militantes activos, que vienen directamente del PSOE o el Gobierno. Nosotros hacemos lo correcto. Si esto [la ley de amnistía] está mal, si es un atropello, una modificación de la Constitución, tenemos que hacer lo correcto. Si hace alguien lo incorrecto, que sean otros”.

Durante su intervención en el desayuno informativo, la presidenta de la Comunidad ha vuelto a azuzar el choque de su Gobierno con La Moncloa y sus representantes, del que ha sido testigo el delegado del Ejecutivo central, Francisco Martín, sentado en la mesa de autoridades, donde le ha rodeado la plana mayor del PP regional. “Pido respeto para las comunidades Autónomas que no hemos votado socialismo e intervencionismo”, ha dicho Ayuso. “La mayoría absoluta de los madrileños han votado una serie de políticas que no van a respetar desde el gobierno, porque no escuchan ni respetan la voluntad de los ciudadanos. En Madrid hemos votado libertad”, ha insistido. “Quieren que cada vez estemos más desunidos, que nada nos ocupe ni nos preocupe”, ha subrayado. Y ha añadido: “Vienen tiempos de inversión de la verdad, de ataques despiadados. Aquí nos encontrarán”.

Begoña Gómez “no puede salir ilesa”

En esa línea de confrontación, la presidenta madrileña ha recriminado al Gobierno que considere “un triunfo” que el candidato opositor venezolano Edmundo González haya llegado a España después de pedir asilo político, cuando han estado “callados todo este tiempo”. En ese contexto, Díaz Ayuso se ha preguntado por qué la izquierda en España “ha estado tan callada estas semanas” hasta que González pidió asilo en la embajada y, posteriormente, ha sido trasladado a Madrid. “¿Por qué han estado callados todo este tiempo y desde ayer lo consideran un triunfo?”. ¿Qué triunfo?”, ha expresado, al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo que “no le ha interesado durante todo este tiempo la situación en Venezuela, ni en las manifestaciones ni en las declaraciones públicas”.

La dirigente madrileña ha criticado que el Gobierno de Sánchez no haya sido “capaz de reconocer la victoria” del candidato opositor, cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “no dudó en ir hasta allí para apoyar a la dictadura”. Tampoco entiende que el Ejecutivo no lo haga “después de estas semanas fundamentales en las que ha habido tantas detenciones, muertos, persecuciones que no van a cesar”. “Qué dudas quedan acerca de lo que hacer con el tirano? ¿Qué dudas quedan?”, ha declarador. Y ha rematado: “Es el momento más débil para el dictador [en referencia a Nicolás Maduro]”.

Además, Ayuso ha cargado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. ”Ilesa no puede salir”, ha dicho sobre el caso en el que se la investiga por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su labor en la Universidad Complutense.

En ese sentido, el PP de Madrid impulsará en octubre una comisión de investigación en la Asamblea regional para poner el foco en la relación entre Gómez y esta institución educativa, que viene acogiendo dos másteres codirigidos por la esposa del líder de los socialistas. Aunque el objeto de la iniciativa no menciona a la mujer de Sánchez, ni al rector Joaquín Goyache, los conservadores quieren poner el foco en este directivo, y en “esclarecer” si la profesional recibió un trato de favor por su parte al ser nombrada para dirigir la cátedra extraordinaria en uno de los estudios que codirigía.

La Abogacía General del Estado presentó a finales de agosto, en representación del presidente del Gobierno, un escrito ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que solicita la ampliación de la querella por prevaricación judicial interpuesta a finales de julio contra el magistrado que investiga el caso. La Abogacía sostiene que Peinado practica una “injusticia intrínseca” y “contraviene la doctrina existente”, con el resultado de “la infracción del deber que corresponde al juez en la aplicación de sus facultades”, según el escrito.

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