El pacto económico catalán afrontará una batalla judicial por los recursos del PP
Los Gobiernos autonómicos populares y la dirección nacional de Feijóo preparan impugnaciones ante el Tribunal Constitucional
Primero tendrá que lograr el aval del Congreso de los Diputados, con la aprobación de las modificaciones que sean necesarias en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), pero después, el pacto económico para Cataluña afrontará una ...
Primero tendrá que lograr el aval del Congreso de los Diputados, con la aprobación de las modificaciones que sean necesarias en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), pero después, el pacto económico para Cataluña afrontará una batalla a cara de perro en los tribunales. Los Gobiernos autonómicos del PP y la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo han anunciado que impugnarán esta medida ante el Tribunal Constitucional, pero también que recurrirán los posibles desarrollos normativos que requiera en los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los Ejecutivos populares, que también anunciaron recursos contra la ley de amnistía para los independentistas catalanes, consideran que el concierto económico es inconstitucional y de “imposible aplicación” práctica porque vulnera, según su criterio, la obligatoria solidaridad entre territorios que establece la ley fundamental.
Los Gobiernos autonómicos populares reaccionaron con absoluta indignación esta semana al acuerdo de ERC y el PSC que este viernes han avalado las bases republicanas. Los barones del PP consideran que el sistema de financiación singular para Cataluña irá en perjuicio de la financiación de los servicios públicos de sus territorios y, por tanto, que es inconstitucional. Así, en cascada, uno a uno los Gobiernos del PP han avisado de que tratarán de que los tribunales impidan que se lleve a efecto, sin escatimar ninguna vía. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que dirige el Gobierno de una de las autonomías peor financiadas, advirtió de que su Gabinete dará “todos los pasos hacia adelante legales, sociales, políticos e institucionales que estén a su alcance” en contra de esta iniciativa.
Este viernes, Mazón pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de un referéndum sobre nuevo concierto fiscal para Cataluña. Según Mazón, Sánchez tiene la “obligación moral y política” de someter el pacto al escrutinio de todos los españoles, informa María Fabra.
El Tribunal Constitucional será presumiblemente el encargado de dirimir el encaje legal del concierto por los recursos del PP. Los populares entienden que esa figura “carece de legitimación constitucional”, dice una nota publicada esta semana por la fundación FAES, el think tank dirigido por el expresidente popular José María Aznar, “a diferencia del País Vasco y Navarra”, cuya singularidad en la financiación sí aparece en el texto de la Constitución. También consideran que carece “de soporte estatutario, a diferencia del País Vasco y Navarra, y exigirá una reforma de la ley orgánica de financiación autonómica para sacar a Cataluña del régimen común”.
El documento del acuerdo de ERC y el PSC se ampara en los artículos 204 y 205 del Estatut que fija que la Generalitat puede recaudar sus propios impuestos sin perjuicio de los que le pueda ceder la Administración del Estado. Ambos partidos defienden, por tanto, el encaje estatutario y constitucional del concierto. En el texto del acuerdo se afirma que Cataluña tendría que aportar al fondo interterritorial de solidaridad para que el resto de los territorios tengan recursos con los que poder prestar los servicios públicos básicos, tales como sanidad y educación. El artículo 156 de la Constitución, que regula el margen de la autonomía financiera de las comunidades, menciona expresamente la solidaridad, cuando establece que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. El apartado segundo de este artículo añade que “las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquel, de acuerdo con las leyes y los Estatutos”.