El empate entre progresistas y conservadores para elegir presidente del Poder Judicial se enquista

El Consejo pactado entre PSOE y PP volverá a reunirse el lunes para intentar un consenso ‘in extremis’ antes de la pausa del verano

El pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su primera reunión.EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin lograr un acuerdo para elegir a su nuevo presidente. Las votaciones de este miércoles se han saldado con un nuevo empate, tras el de ayer, entre los bloques conservador y progresista en favor de sus respectivos candidatos, los magistrados Pablo Lucas y Pilar Teso. El órgano de gobierno de los jueces se ha emplazado para seguir negociando hasta el lunes, día en el que en teor...

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin lograr un acuerdo para elegir a su nuevo presidente. Las votaciones de este miércoles se han saldado con un nuevo empate, tras el de ayer, entre los bloques conservador y progresista en favor de sus respectivos candidatos, los magistrados Pablo Lucas y Pilar Teso. El órgano de gobierno de los jueces se ha emplazado para seguir negociando hasta el lunes, día en el que en teoría terminaba el plazo legal de siete días desde la formación de este Consejo para la designación de la persona que debería estar los próximos años al frente del Poder Judicial. Los dos candidatos han vuelto a empatar a 10 votos, que son exactamente el número de vocales de cada uno de esos bloques pactados el 25 de junio entre el PSOE y el PP. Si esta situación no se resuelve ahora, podría quedar postergada para septiembre, cerca de la apertura por parte de los Reyes del año judicial. El bloqueo hace que sigan sin renovarse las más de 120 vacantes pendientes en relevantes cargos judiciales.

Tras el empate registrado en la primera votación de este miércoles, el presidente de edad del pleno del Consejo volvió a convocar a los 20 vocales para el mediodía, cuando de nuevo se ha constatado la falta de consenso para que alguno de los candidatos lograra los 12 votos mínimos que la ley exige para ser elegido presidente y ostentar al mismo tiempo la presidencia del Tribunal Supremo. Ante ese bloqueo, el presidente de edad ha optado por no abrir siquiera el proceso de votación.

La próxima reunión del Consejo se ha fijado para el próximo lunes, pero entonces la discusión y el debate ya no será sobre los dos candidatos votados hasta ahora sino sobre los siete magistrados del Supremo que podían optar a ese puesto desde el comienzo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Aunque la ley fija la resolución de la presidencia entre los tres y los siete días siguientes a la constitución del nuevo Consejo, y el lunes ese plazo ya habría sido superado, otras fuentes internas apuntan a que en realidad ese pleno es una continuidad de los organizados este martes y este miércoles, es decir una mera prolongación y no un pleno nuevo.

Mientras el Consejo del Poder Judicial se reunía se producía en el Senado el último pleno de esta legislatura en las Cortes precisamente para la ratificación definitiva de la reforma legal negociada y pactada entre PP y PSOE que permitió resolver el enquistamiento en la renovación de los anteriores vocales del Poder Judicial, que llevaban cinco años y medio prorrogados por el bloqueo de los populares para no perder su influencia en ese órgano. El Senado refrendó esos cambios legales con los 227 votos a favor de PP y PSOE, seis en contra y 11 abstenciones. Hubo senadores presentes en el hemiciclo que no han votado, de partidos aliados habituales del Ejecutivo, que mostraron así su rechazo a este pacto del bipartidismo clásico.

La senadora popular María José Pardo ha resaltado del acuerdo, como sucedió cuando el debate se produjo en el Congreso, que la reforma profundiza en la despolitización de la justicia y el fin de las puertas giratorias que ha achacado en estos años de gobierno al PSOE y también ha enfatizado que con ese pacto “anómalo” el PP había logrado que los socialistas se desmarcasen de sus socios “comunistas” e “independentistas” habituales. La representante del PSOE, Marta Arocha, ha destacado los cambios legales que refuerzan los requisitos para determinados puestos en tribunales y la Fiscalía. La senadora de Vox ha insistido en la idea de que PP y PSOE perpetúan así sus repartos del poder. Y algunos socios frecuentes del Ejecutivo, como PNV, Geroa Bai, UPN, Compromís, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera y Eivissa i Formentera al Senat, o ERC, BNG y EH Bildu han preferido abstenerse o votar en contra por tachar la reforma como insuficiente. Vox y Junts también se han sumado al voto negativo.

El fracaso en la reunión del Consejo de este miércoles llegó tras una larga y también infructuosa reunión de ese órgano este martes en la que las posiciones entre los dos bloques se demostraron tan distantes y enrocadas como para que algunas fuentes internas consultadas apostaran por emplazar nuevas discusiones en septiembre, tras el verano.

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A la primera votación de este martes habían llegado siete candidaturas, tres progresistas (todas mujeres) y cuatro conservadoras (dos hombres y dos mujeres): Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Se realizaron primero seis votaciones y a la séptima solo han llegado las opciones de Teso y Lucas. Los dos bandos defendieron que sus propuestas eran independientes y de consenso. Los vocales progresistas han defendido que ellos habían retirado a la magistrada Ana Ferrer, del Supremo, porque sí pertenece a una asociación y han argumentado que Teso no está en ninguna. La discusión se centró a partir de ese momento en discernir si debía ser una mujer la candidata a presidenta. Los progresistas lo han defendido como una condición imprescindible, para lanzar además un mensaje claro de “paso al frente y cambio a la ciudadanía” con respecto a los Consejos anteriores, siempre presididos por hombres. Pero los conservadores cuestionaron abiertamente ese argumento; incluso las vocales de ese sector han asegurado que no había “ninguna obligación ni necesidad” en que la presidenta fuera una mujer y que su prioridad es la excelencia.


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