Morir esperando el realojo en unos pisos de Cádiz que iban a ser temporales y en los que llevan 68 años

La mayor ilusión de Pepa Macías era tener la cocina en condiciones que su pequeño pisito no le permitía. La gaditana, junto a su marido, fue una de las 67 familias que en 1956 accedió a las viviendas construidas por el franquismo con carácter supuestamente provisional. Pero la mujer murió hace nueve años en ese piso ruinoso y sin cumplir su sueño. “Como ellos ya han muerto el 90% de esos primeros vecinos”, rememora su hijo Enrique Estévez, actual propietario de esa misma vivienda ubicada en la empobrecida barriada del Cerro de...

La mayor ilusión de Pepa Macías era tener la cocina en condiciones que su pequeño pisito no le permitía. La gaditana, junto a su marido, fue una de las 67 familias que en 1956 accedió a las viviendas construidas por el franquismo con carácter supuestamente provisional. Pero la mujer murió hace nueve años en ese piso ruinoso y sin cumplir su sueño. “Como ellos ya han muerto el 90% de esos primeros vecinos”, rememora su hijo Enrique Estévez, actual propietario de esa misma vivienda ubicada en la empobrecida barriada del Cerro del Moro de Cádiz. Y ahora que justo la espera parecía llegar a su fin, los vecinos denuncian que la Junta de Andalucía les ha cambiado sin previo aviso las condiciones pactadas para el ansiado realojo en una finca por construir: tendrán que perder la propiedad de sus viviendas para pasar a un alquiler de 50 años.

“Es un despropósito. El maltrato institucional es infinito, están jugando con nuestra necesidad”, denuncia Estévez, portavoz de la Plataforma de Afectados de la Séptima Fase del Cerro del Moro. El grupo aglutina a los 67 vecinos que subsisten entre grietas, humedades y ratas en los números 1, 3 y 5 de la calle de Trafalgar y 2, 4, 6 y 8 de Batalla del Callao desde hace 68 años. Tanto esa manzana como otras del barrio del Cerro del Moro, una zona marcada por la pobreza y la exclusión social, fueron construidas en pleno desarrollismo franquista como solución temporal de realojo para familias que, a su vez, malvivían hacinados en infraviviendas. Pero no fue hasta bien entrada la democracia y el desarrollo del Estado de las autonomías cuando esa interinidad se comenzó a resolver.

A lo largo de los años noventa y de la primera década de los 2000, la Junta de Andalucía —entonces en manos del PSOE— comenzó a derribar y construir edificios de nueva planta para realojar a las fases anteriores, la mayoría de ellas de alquiler. En ese lapso, la Administración andaluza también ofreció a los vecinos de las fases seis y siete la adquisición de sus casas —ya entonces en estado muy precario— por importes inferiores a 20.000 euros que pagaron en pequeñas cuotas. Pero la última fase, también conocida como grupo San Fermín, se quedó enredada en constantes demoras y trabas burocráticas que, con el cambio de la Junta al PP en 2018, esta se mostró dispuesta a resolver, después de que el Defensor del Pueblo Andaluz —a quien recurrió Estévez— la encomiase a resolver el problema. Los últimos escollos de calado se resolvieron en 2022, cuando la Administración andaluza negoció con el Ayuntamiento de Cádiz unas reparcelaciones necesarias en los nuevos terrenos en los que se van a construir las viviendas.

El portavoz de los vecinos asegura que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ofreció entonces verbalmente a los propietarios unas condiciones similares a las de los vecinos de la fase seis. “Se nos ofreció que guardaban el coste de la vivienda actual [entre 20.000 y 30.000 euros] y tenías que pagar la demasía de metros. Para facilitarlo, daban de 10 o 25 años para poder escriturar, siempre sin perder la propiedad”, asegura Estévez. Pero los afectados aseguran que las reglas del juego cambiaron sin previo aviso cuando la promoción salió a licitación pública. Quedó patente que lo que la Junta ofrecía a los vecinos es abonarles en metálico el valor de tasación de las viviendas y que éstas pasen a ser de alquiler social por un periodo de 50 años. En ese momento, las personas interesadas —se entiende que ya herederos en muchos casos— podrán adquirirlas de nuevo si están empadronadas en las casas y no tienen otras propiedades a su nombre.

La Junta de Andalucía justifica esta postura en que los más de tres millones de euros que van a invertir en construir el nuevo edificio de realojo procede del programa Eco-vivienda, de fondos europeos Next Generation, “cuya normativa establece que las viviendas deberán destinarse a régimen de alquiler”. La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, defendió este pasado jueves que los vecinos saben de estas condiciones “desde hace tiempo” y que la diferencia radica en que “el periodo de alquiler para la amortización de la propiedad en el plan anterior era de 10 a 25 años y ahora la UE nos pasa a 50 años”. Colombo incluso justificó el ingreso del dinero que recibirán los vecinos para que puedan destinarlos “a la compra de un coche, sus gastos o el pago del alquiler”.

Pero Estévez niega que los propietarios supiesen el cambio, desmiente que este acuerdo sea similar al anterior, ya que en este caso los afectados “pierden la titularidad”, y tacha de aporofóbicas las palabras de Colombo: “Es como si nos estuviesen dando unas moneditas”. “La pregunta fundamental es que si sabían que la financiación europea no permitía eso, ¿por qué la solicitan si estaban comprometidos con nosotros?”, añade el portavoz, que pide a la Junta que cumpla con su palabra y que, si no puede acogerse a los fondos europeos por ese requisito, construya la nueva finca con sus propios fondos, como ha hecho en anteriores ocasiones.

Sin embargo, para la Junta de Andalucía esa no parece ser una opción. “No podemos actuar con un dinero público en un bien particular”, defiende Colombo, pese a que fue la forma de proceder durante años que siguió la Administración andaluza cuando, a través de su Oficina de Rehabilitación en Cádiz, atajó la infravivienda en viviendas particulares en centenares de fincas del centro. Estévez cree que, en su caso, existe un agravio comparativo que no se daría en otros barrios menos desfavorecidos: “Si en Bahía Blanca [el barrio de mayor renta de la ciudad] se cae un tabique, al día siguiente están los tres millones. Pero aquí por tres millones de euros, exponen a los vecinos a perder un derecho fundamental por un error que es suyo”.

El grupo de Whatsapp “Vecinos grupo San Fermín” es un hervidero en estos días. La AVRA lleva días citando propietario por propietario para explicarle unas condiciones que los afectados acogen con decepción y nerviosismo. “El nivel de los vecinos es de desesperación. Están nerviosos y necesitados. A los de los bajos le salen las ratas por el váter y [en la Junta] están jugando con la necesidad”, explica el portavoz. Sin embargo, los 67 de San Fermín presumen, por ahora, de unidad y en breve volverán a colgar una gran pancarta en su fachada denunciando la situación como ya hicieron en 2022. Entonces, hartos de los escasos avances, denunciaban los 30 años de espera —en referencia al lapso de los primeros realojos—. Dos años después, sin casas nuevas y en guerra con la Junta, el lema aún está por decidir.