El PSOE señala que la pareja de Ayuso pagó 500.000 euros al director de Quirón Prevención tras el pelotazo de las mascarillas

El PSOE ha pedido a la jueza que indague sobre el vínculo de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente y director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, y ha señalado a un extraño negocio de casi 500.000 euros como uno de los indicios de posibles nuevos delitos. En su escrito de 53 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los socialistas señalan que Alberto Gonzál...

El PSOE ha pedido a la jueza que indague sobre el vínculo de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente y director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, y ha señalado a un extraño negocio de casi 500.000 euros como uno de los indicios de posibles nuevos delitos. En su escrito de 53 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los socialistas señalan que Alberto González Amador ganó casi dos millones de euros al principio de la pandemia como intermediario en una compraventa de mascarillas en la que estaba involucrada una empresa sanitaria propiedad de Camino, Mape. Meses después, se produjo una operación que el PSOE, que está personado en la causa, interpreta como “alguna clase de retribución a Fernando Camino” por los favores que le debe Amador. Se trata de la compra por parte de Maxwell, la empresa de Amador, de la compañía Círculo de Belleza S. L., propiedad de María Gloria Carrasco, la esposa de Camino. En diciembre de 2020, Maxwell pagó 499.836,92 euros por esta compañía a pesar de que su capital social era de solo 3.300 euros. Círculo de Belleza solo contaba con máquinas antiguas sin valor de mercado y relacionadas con tratamientos de remodelación corporal y la depilación láser.

El PSOE solicitó este lunes a la jueza del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, que investiga a Amador, la comparecencia de Camino y Carrasco. En su escrito explica que esta operación despierta sospechas. “Podemos indiciariamente presumir que con la participación intermedia de María Gloria Carrasco, se trataba con el pago de esas participaciones por un precio inmensamente superior al precio que después son adquiridas realmente realizar alguna clase de retribución a Fernando Camino, por la posible intervención de este a favor de las empresas y las actividades de Alberto González Amador”.

La jueza María Inmaculada Iglesias aceptó este lunes suspender la declaración de Amador y sus cuatro presuntos colaboradores, que estaba prevista para ese día, tras recibir una solicitud conjunta de PSOE y Más Madrid, ambos acusaciones populares, pidiendo que se tenga en cuenta estos indicios. Los dos partidos también consideran que debería revisarse al alza la cuantía defraudada de 350.951 euros y que podría haber otros responsables que no están siendo investigados. Esta iniciativa ha frustrado el plan de Amador, que pretendía cerrar un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado negociado la semana pasada: aceptaba ocho meses de cárcel y pagar 491.000 euros.

El PSOE, que coordina la actuación de ambas acusaciones, relata en su petición una serie de indicios que a su juicio deberían ser considerados por la jueza para ampliar la investigación actual —por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil— a cuatro nuevos delitos (administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable), así como a una calificación más severa de los dos delitos de fraude fiscal.

Los vínculos de Camino y Amador

Entre esos indicios aparecen de manera destacada los nexos múltiples entre Camino y Amador: ambos coinciden en Fraterprevención, la empresa de prevención de riesgos laborales que fue adquirida en 2017 por Quirón Prevención. En aquella empresa, Camino era administrador mancomunado y director general, mientras que Amador era apoderado. Y también compartían cargos en la empresa panameña Insumos Médicos del Pacífico, que operó entre 2013 y 2022.

Antes de la desaparición de Fraterprevención, Amador fundó Maxwell en 2016 y comenzó a prestar servicios de auditoría de gestión para Quirón Prevención, que se convirtió en su principal cliente. Desde entonces, los contactos con Quirón Prevención han sido tan estrechos que Amador se ha presentado a veces como un tercero que trabaja para esa compañía y otras veces como un directivo más de ese gigante sanitario.

El pelotazo de 1,9 millones de euros por la compraventa de mascarillas está en el origen de la investigación a Amador y de nuevo aquí emergen los vínculos entre estos dos socios. Aquella fue una ganancia extraordinaria para Maxwell, que gracias a la operación multiplicó por seis sus ingresos de 2020 con respecto al año anterior. Según la investigación de Hacienda, Amador buscó la manera de reducir la carga fiscal inventándose gastos ficticios que intentó justificar con facturas falsas. En esa operación, la empresa gallega Mape, propiedad de Camino, le compró a la catalana FCS mascarillas por valor de 45,4 millones de euros.

Solo por poner en contacto ambas empresas, Maxwell ganó casi dos millones de euros de comisión. Según le explicó a EL PAÍS el administrador de FCS, Felipe Recio, Amador “desapareció” tras hacer una rápida gestión. Cuando Amador fue investigado por Hacienda, dio una enrevesada explicación de este negocio, e implicó a una cuarta compañía, la estadounidense Inteccon. Además, sorprendió a la inspectora tributaria al decir que las gestiones comenzaron en enero de 2020, antes de que en España surgiera la necesidad de mascarillas. Esas mascarillas que compra Mape acabaron siendo revendidas a administraciones y empresas, entre ellas a Quirón.

La otra operación que despierta la extrañeza de la acusación del PSOE sucede el 4 de diciembre de 2020, cuando Maxwell compra la empresa de estética que había fundado en 2008 la esposa de Camino. Círculo de Belleza S. L. se dedicaba a la compraventa, distribución, importación y exportación de productos de droguería, perfumería y cosmética. No tenía ninguna relación con la actividad de Maxwell, que se dedica a hacer auditorías de calidad a terceras empresas para la obtención de certificados del tipo ISO. La pareja de Ayuso cambió el nombre de esta sociedad el 14 de diciembre: la rebautizó como Masterman&Whitaker S. L. Un año después, Maxwell le vendió a Amador sus participaciones en Masterman por 3.300 euros.

Antes de enviar el caso a la Fiscalía, Hacienda había puesto la lupa sobre esta compra de Círculo de Belleza. La inspectora que investigó a Amador le preguntó por qué había pagado 499.836,92 euros por una compañía con un capital social de 3.300 euros. Amador respondió que se trataba de “una apuesta de Maxwell”. Añadió que esa empresa “nos hacía de enlace con las farmacias para implantar el Covid Seguro”. “Además, esta empresa tiene un contrato con Mape”, añadió. “Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Circulo Belleza S. L. con estas empresas, dado que en ese momento resultaban muy atractivos”. El PSOE subraya que ese contrato entre Círculo Belleza y Mape no quedó acreditado.

El portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo, cree que los indicios apuntan a “un pago encubierto” a Camino. “Esto apunta a que Amador buscó la manera de hacer que, de los 1,9 millones de euros que se llevó por las mascarillas, llegara medio millón a manos de Camino”.

Mollinedo cree que este pago pudo tener un “efecto psicológico” que llevó a Amador a cometer su presunto delito. “Es extraño comprender por qué alguien que ha tenido una ganancia tan elevada busca la forma de tributar menos de lo que le corresponde. Pero nosotros en nuestra práctica hemos detectado que a veces estos pagos inconfesables son desencadenantes de la conducta criminal. Han tenido que hacer un desembolso extra y buscan la manera de no pagar más”.

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