El fiscal general pide que la causa por desmentir el bulo sobre la pareja de Ayuso vaya contra él y la instruya el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que reclama a este órgano que se inhiba en la causa abierta contra la Fiscalía de Madrid por un supuesto delito de revelación de secretos y la remita al Tribunal Supremo. El fiscal general entiende que el caso que se investiga le afecta a él, pues él dio personalmente la orden de enviar un comunicado a la prensa para desmentir un bulo difundido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que afectaba a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Solo el Supremo ...

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que reclama a este órgano que se inhiba en la causa abierta contra la Fiscalía de Madrid por un supuesto delito de revelación de secretos y la remita al Tribunal Supremo. El fiscal general entiende que el caso que se investiga le afecta a él, pues él dio personalmente la orden de enviar un comunicado a la prensa para desmentir un bulo difundido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que afectaba a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Solo el Supremo es competente para asumir una causa que implique al fiscal general del Estado, argumenta García Ortiz, que defiende la orden dada y afirma que volvería a darla.

El pasado marzo, el Gobierno madrileño del PP filtró a la prensa un correo electrónico que la Fiscalía había enviado al abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Díaz Ayuso, ofreciéndole un acuerdo en el procedimiento abierto por los dos fraudes fiscales confesados por él. El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, convirtió esa comunicación en un bulo al sostener que “alguien de arriba” había ordenado retirar a última hora el ofrecimiento de pacto fiscal a González Amador. La verdad era que el abogado de la pareja de Ayuso era quien había ofrecido mucho antes un acuerdo de conformidad a la Fiscalía para evitar la cárcel a su cliente, mediante el reconocimiento del delito y el pago de los defraudado más una multa por medio millón de euros aproximadamente. Para aclarar eso y responder al bulo, la Fiscalía de Madrid distribuyó a la prensa un comunicado en el que informaba de ese ofrecimiento previo del abogado de González Amador, y este reaccionó denunciando al ministerio público por revelación de secretos al difundir sus datos personales y fiscales.

González Amador ganó dos millones de euros en 2020 por una intermediación urgente entre dos empresas para la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Un año después, triplicó sus ingresos como colaborador del grupo Quiron, uno de los principales clientes de la Comunidad de Madrid. Cuando declaró ante Haciendo el impuesto de Sociedades por estos dos ejercicios, presentó facturas falsas, donde implicó a casi una decena de empresarios, para justificar unos gastos que no hizo y evitó pagar lo que le correspondía: 350.000 euros en total. Cuando la inspección fiscal destapó el fraude, el abogado de González Amador reconoció los hechos para evitar un juicio que podría llevarlo a la cárcel.

García Ortiz ya asumió públicamente la responsabilidad sobre lo ocurrido —la difusión por parte de la Fiscalía de un comunicado que revelaba el reconocimiento de los hechos por parte de González Amador— durante un discurso en un acto oficial. El fiscal general entiende que esa orden no implicó ningún delito de revelación de secretos —porque la información sobre el caso ya estaba antes en los medios— sino que respondía al deber de transparencia exigible a la Fiscalía. Ahora, además, asume la autoría de esos hechos mediante un escrito dirigido a los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que abrieron una causa a raíz de la querella presentada por Alberto González Amador. El TSJM admitió a trámite la querella y ha empezado a citar a testigos. Entre estos citados está la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien supuestamente se resistió inicialmente a enviar a los medios el comunicado que desmentía el bulo y exigió que el fiscal general le diera la orden por escrito.

El magistrado instructor de la causa reclamó a la Fiscalía Provincial información sobre “quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado”. Sin embargo, en el procedimiento ya consta que la persona que decidió difundir la nota fue García Ortiz. Y, en el escrito enviado este lunes, el fiscal general explica al TSJM que la difusión de la nota se produjo efectivamente por sus instrucciones “expresas y directas”, algunas horas después de que el bulo de que la Fiscalía era quien había ofrecido un acuerdo a González Amador fuese difundido por El Mundo y otros medios. García Ortiz defiende su actuación dirigiendo al Tribunal Superior las siguientes consideraciones:

— “Recibir libremente información veraz constituye un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución española. Como recientemente ha señalado una asociación judicial de ámbito europeo, una correcta información representa un deber para con los ciudadanos y una garantía de transparencia, que es a su vez un componente crucial del Estado de Derecho y una precondición para asegurar la confianza pública en el correcto funcionamiento del sistema judicial”.

— “Vengo a reafirmar que la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid, a través del servicio de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid, fue plenamente ajustada a Derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal (artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

— “Ningún secreto se desvela cuando las informaciones difundidas en una nota de prensa habían circulado ya amplia y propiamente en los medios de comunicación. No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la revelación ya es conocido por todos, pues no es secreto lo que ya es de dominio público”.

— “Debo llamar la atención de que resulta cuando menos sorprendente que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos, mientras que el entorno de Alberto González Amador —señalado por los citados medios de comunicación como su fuente de información— aparezca únicamente como parte acusadora”.

— “Ese comunicado, que —como ya se ha señalado— volvería a suscribir y ordenar para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal”.

— “El Tribunal Superior de Justicia de Madrid carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en tanto en cuanto su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas”.