Un juzgado de Badajoz pide documentación sobre el contrato del hermano de Pedro Sánchez con la Diputación pacense

El juzgado de instrucción número tres de Badajoz ha pedido documentación sobre David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de una demanda interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias. David Sánchez trabaja desde hace siete años —antes de la llegada de su hermano a la jefatura del Ejecutivo― en la orquesta del Conservatorio de Música de Badajoz y es coordinador de esa actividad en la Diputación pacense.

Manos Limpias, que también presentó la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha denunciado ahora por delitos de malversación al hermano del líder socialista por unas informaciones publicadas en las que se asegura que David Sánchez no acude a su puesto de trabajo y reside en Portugal para ahorrarse pagar impuestos en España, una tesis que también defiende el PP de Extremadura. En su escrito, el pseudosindicato apunta también contra el secretario de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y un trabajador de recursos humanos.

En un auto de dos páginas firmado el 30 de mayo, que ha adelantado el diario digital El Debate y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juzgado ha abierto unas diligencias previas ―actuaciones que desarrolla el juez de instrucción para determinar si el hecho que se ha realizado es punible― donde solicita, “a la mayor brevedad posible”, un informe sobre la creación de una comisión de investigación relativa al hermano del presidente Sánchez y “toda la documentación relativa” a la contratación laboral del mismo, como “funciones esenciales, desempeño, horarios, salario y existencia de para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo”.

La información de la comisión de investigación que solicita el juzgado se refiere a la que se aprobó por unanimidad de todos los grupos ―también el PSOE― el pasado mes de mayo para dirimir la labor que desempeña el hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz. Vox también solicitó el pasado 4 de junio la presencia del familiar del presidente del Gobierno ante la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura.

Las informaciones relativas al hermano del presidente ha salpicado a la política extremeña en los últimos meses. La consejera de Hacienda, Elena Manzano (PP), sugirió el pasado abril que el hermano residía en el país vecino para no tributar en España. “¿Le suena Elvas [municipio de Portugal]? Es que hay gente tributando allí para no tener que tributar aquí, y cobrando de la Diputación. Que vuelva, que vuelvan, tienen que pagar sus impuestos en Extremadura”. Sin embargo, la Junta de Extremadura admitió al diario regional Hoy que la consejera no tenía datos de primera para realizar esa información. Según ese diario, el primer contrato del David Sánchez fue de 41.231 euros brutos en 2017. Y ahora, como coordinador, sería de 55.760 euros.

La noticia sobre la apertura de diligencias ha llegado hasta la escena política madrileña. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha difundido este viernes un mensaje en su cuenta de X —antes Twitter— en el que ha enlazado la noticia sobre la apertura de diligencias previas sobre el hermano del presidente. Y ha añadido: “No diréis que no avisé lo del hermano… y la semana que viene va p’alante el fiscal general del Estado”. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no está siendo investigado en ninguna causa judicial.

El colectivo Manos Limpias, encabezado por Miguel Bernad, vinculado en el pasado a grupos de ultraderecha, autodenominado “sindicato de funcionarios”, es un viejo conocido de la justicia. Y lo es tanto como acusador como acusado, ya que se lo ha investigado en varias ocasiones por impulsar denuncias falsas. La organización lleva lustros desplegando la misma estrategia. Es una máquina de presentar querellas, como deja claro en su propia página web, donde el colectivo explica que su principal función pasa por “interponer todo tipo de denuncias ante las corrupciones políticas o económicas que lesionen el interés público o general”.