La batalla sin fin de los narcos para no ser condenados por sus mensajes desencriptados

Encrochat, un sistema de mensajería encriptado que el crimen organizado utilizaba con absoluta impunidad, era la gran baza del mundo del narco. Pero ahora se ha convertido en una de sus peores pesadillas, a la que no logran poner fin. Desde que en 2020 Francia consiguiera infiltrar un software troyano en esa plataforma y extraer millones de comunicaciones —que las policías de toda Europa analizan desde entonces p...

Encrochat, un sistema de mensajería encriptado que el crimen organizado utilizaba con absoluta impunidad, era la gran baza del mundo del narco. Pero ahora se ha convertido en una de sus peores pesadillas, a la que no logran poner fin. Desde que en 2020 Francia consiguiera infiltrar un software troyano en esa plataforma y extraer millones de comunicaciones —que las policías de toda Europa analizan desde entonces para armar sus investigaciones—, los abogados de los traficantes emprendieron una batalla legal para intentar que no se pudieran esgrimir como pruebas en los procesos judiciales. Pero, tras años de pelea, esa ofensiva ha recibido dos reveses en las últimas semanas: la Audiencia Nacional ha dictado su primera sentencia que “avala” el uso de estas pruebas; y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde las bandas depositaron buena parte de sus esperanzas, dictó otro fallo que también les da luz verde de forma genérica, aunque establece algún condicionante —“subsanable”, en opinión de fuentes fiscales españolas—.

Ambas resoluciones no han pasado inadvertidas. Ni entre las fuerzas de seguridad y la Fiscalía Antidroga, que muestran satisfacción ante dos fallos que les permiten seguir trabajando con unas pruebas que, en su opinión, suponen el mayor hito en décadas de la lucha contra el narcotráfico. Ni entre las defensas de los acusados: algunos de los cuales, consultados por EL PAÍS, opinan que esas dos sentencias incluyen conclusiones técnicas que podrán utilizar a su favor en instancias aún por explorar —como el Tribunal Constitucional—, y en otros casos aún por resolver. Es decir, no ven que se les hayan cerrado todas las puertas.

“Cada caso es distinto, pero la gente tiende a extrapolar. Hay partido por delante”, resume Ricardo Álvarez-Ossorio, uno de los abogados que ha impulsado procedimientos contra Encrochat, que ve grietas en el sistema de colaboración empleado para solicitar el traslado de datos desde Francia, así como en las intervenciones por parte del país galo de comunicaciones de sospechosos que se encontraban en suelo español. En definitiva, ninguna parte se rinde. Todo ello, cuando el debate público ha vuelto a fijar su atención en la lucha contra el narco tras la tragedia de Barbate (Cádiz), donde dos guardias civiles murieron el 9 de febrero tras ser embestidos por una narcolancha; y tras el refuerzo policial en Marbella (Málaga), uno de los epicentros del crimen organizado del país.

Esta historia comenzó en 2017, cuando se sospechaba que los narcos habían encontrado un medio para comunicarse ajeno a todo control. Francia se fijó en Encrochat, que tenía sus servidores en ese país y que se presentaba como una plataforma que garantizaba el anonimato y la no trazabilidad de sus clientes. Así que, en 2020, activó una operación, que contó con aval judicial y cuyos detalles se declararon secreto militar, para intervenirlo. Según Europol, se extrajeron 115 millones de “conversaciones delictivas” de 60.000 usuarios diferentes.

Pero la trascendencia de este caso se multiplicó cuando los investigadores, a medida que analizaban la información interceptada, comenzaron a compartirla con otros países, que abrieron sus propias investigaciones. Era una fuente ingente de pruebas para armar nuevas causas. Las defensas de los narcos emprendieron la batalla contra lo que consideraron como una intervención masiva e indiscriminada de las comunicaciones. “El Estado no puede perseguir a toda costa el crimen”, insiste el penalista Luis de las Heras tras los fallos de la Audiencia y el TJUE.

El dictamen del TJUE se conoció el 30 de abril. El mundo del narco esperaba con expectación este fallo, pero el tribunal se limitó a “aclarar las condiciones de transmisión y utilización de pruebas en asuntos penales con dimensión transfronteriza”. De forma genérica, no invalida el uso de Encrochat como prueba y da margen a los jueces nacionales para utilizarlo, aunque establece una serie de limitaciones a las que habrá que dar respuesta en cada caso —como que la prueba no podría ser utilizada si el afectado no puede impugnarla, sobre lo que fuentes fiscales españolas creen que aquí no habrá problemas—. La Audiencia Nacional emitió otra sentencia, conocida el pasada 22 de mayo, que “avalaba” la utilización de esas comunicaciones interceptadas por Francia. En otros autos previos, este tribunal ya había indicado que se admitía, basándose en el acuerdo entre ambos países de “reconocimiento mutuo” de sus legalidades.

Rosa Ana Morán, jefa de la Fiscalía especial Antidroga de España, se muestra satisfecha tras las dos sentencias, aunque admite que aún quedan aspectos técnicos por limar. “Pero han avalado su uso. Ahora, las pruebas se presentarán y analizarán en cada caso”, expone. Actualmente, el ministerio público tiene abierta 46 investigaciones con datos de Encrochat. Morán insiste en la relevancia de estas pruebas y en su gran dimensión: “En Inglaterra ya hay más de 1.000 condenados. En Bélgica, más de 400”.

La sentencia de la Audiencia Nacional también ha sido recogida con satisfacción por las fuerzas de seguridad, aunque algunos mandos de la lucha contra el narcotráfico muestran aún su “cautela”, a la espera de nuevos fallos en el mismo sentido. “Todo apunta por ahora a que las pruebas obtenidas ven a ser aceptadas por los tribunales, pero hay que esperar a que haya más sentencias y, sobre todo, a que se pronuncie en el futuro el Supremo”, señala un responsable policial.

Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera —que crearon hace tiempo grupos de agentes dedicados en exclusiva a analizar estas conversaciones— se juegan mucho en esta batalla judicial. Buena parte de las grandes operaciones contra el narcotráfico realizadas en los últimos años —no solo por el volumen de los alijos interceptados, sino también por la relevancia de las estructuras criminales desmanteladas— han sido posible gracias precisamente a la información obtenida en este tipo de plataformas: a Encrochat se suman otras como Sky y Anom, ya que los narcos saltan de unas a otras a medida que se van interviniendo. Rosa Ana Morán precisa que, en los foros internacionales, se habla ya de la existencia de más de 50 sistemas encriptados similares.

Es el caso de la Operación MVRand, que desembocó en la detención de Fikri Amellah, un presunto narco que, cuando fue arrestado en 2021, se encontraba en el salón de su casa de Barcelona rodeado de cinco teléfonos móviles encriptados con los que estaba coordinando supuestamente diversos operativos de entrada de droga en España. Amellah, que es considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los principales capos del sur de Europa, está desde hace unas semanas en libertad provisional tras pasar dos años en prisión preventiva y depositar una fianza de 400.000 euros.

Un debate internacional

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, conocida hace dos semanas, es un claro ejemplo de los esfuerzos legales que los presuntos narcos van a desplegar por anular todas las pruebas relacionadas con las plataformas desencriptadas. Una de las condenadas en ese fallo, Marianne Christine Maria Toren, esgrimió durante la vista oral pronunciamientos de las justicias de Italia, Países Bajos, Finlandia y Serbia que, en opinión de su defensa, respaldaban su petición de sacar de la causa sus conversaciones recuperadas de Encrochat. Su intento revela el amplio debate internacional que genera este tema, aunque fue rechazado.

En ese fallo, los magistrados recalcaron que la propia Audiencia Nacional ya había avalado la utilización de las pruebas obtenidas de estas plataformas en varios autos y que, incluso, existe una sentencia del 18 de enero de la Audiencia Provincial de Cádiz que concluye que el uso de esta información no supone una vulneración de derechos. En esa línea, recordaron otras resoluciones de tribunales de Dinamarca, Francia, Noruega, Alemania y Francia que habían respaldado la validez de esta información como prueba. Por ello, la Audiencia Nacional condenó a Marianne Christine Maria Toren a 11 años de cárcel tras considerar probado que ella se escondía en Encrochat tras el alias de Mysticlub, quien hablaba sin tapujos de presuntos movimientos de dinero y alijos.