Un juez investiga posibles deficiencias en el operativo en el que murieron dos guardias civiles en Barbate
El magistrado reclama a Interior información sobre quién dio la orden y las condiciones con las que los agentes tuvieron que hacer frente a las narcolanchas
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Barbate (Cádiz) investiga los detalles del operativo desplegado por la Guardia Civil el 9 de febrero en el puerto de esta localidad en el que murieron los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez y cuatro de sus compañeros resultaron heridos tras ser embestida la embarcación en la que iban por una narcolancha. En un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez reclama a la Direcció...
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Barbate (Cádiz) investiga los detalles del operativo desplegado por la Guardia Civil el 9 de febrero en el puerto de esta localidad en el que murieron los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez y cuatro de sus compañeros resultaron heridos tras ser embestida la embarcación en la que iban por una narcolancha. En un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez reclama a la Dirección General de Instituto armado abundante información para dilucidar si, como apunta la denuncia que presentó en marzo la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que ha dado pie a la apertura de esta causa, los mandos que ordenaron a los agentes que se echaran al agua con una zódiac cometieron un delito contra el derecho de los trabajadores por no facilitarles los medios necesarios para actuar aquella noche. En sus declaraciones ante la jueza que investiga los asesinatos en una causa diferente, los cuatro guardias civiles que sobrevivieron coincidieron en poner de manifiesto la inferioridad de medios con la que hicieron frente aquel día a los delincuentes. “La barca en la que íbamos no estaba preparada para ese cometido de ninguna de las maneras”, señaló uno de ellos.
En su resolución, el juez ordena interrogar como testigos a estos cuatro guardias civiles, así como a un quinto agente del instituto armado, el capitán del Servicio Marítimo en Cádiz. También ha pedido que se incorporen las declaraciones que los primeros hicieron el pasado 10 de mayo dentro de la investigación por el asesinato de sus compañeros, en las que uno de ellos aseguro que había oído cómo el sargento que les encomendó la misión comentó a dos de sus superiores que “con el tipo de embarcación tan pequeña” con la que iban a echarse al agua en el puerto, una narcolancha “podía pasar por encima”.
Este agente manifestó entonces que hubo “una insistencia clara” por parte de los mandos para que actuaran cómo lo hicieron aquel día. En este sentido, el magistrado reclama a la Dirección General que “informe sobre la cadena de mando seguida, con identificación de sus personas, que dio finalmente la orden a los agentes de la Guardia Civil de entrar en el agua en la patrullera”. En su denuncia, la AUGC apuntaba como últimos presuntos responsables al general jefe de la Guardia Civil en Andalucía y al coronel que en aquel momento estaba al frente de la Comandancia de Cádiz.
El juez también quiere que el Ministerio del Interior informe sobre las características de la patrullera que utilizaron los agentes para saber “su fecha de matriculación, dimensiones, número de motores, potencia, velocidad máxima, número máximo de tripulantes y finalidad por la que dicha embarcación fue adquirida y el uso asignado”. Uno de los supervivientes del suceso incidió durante su declaración la diferencia de tamaño entre esta, de cinco metros de eslora, y las narcolanchas, de 14 metros. Otro recalcó que la barca con la que acudieron no era la adecuada para la situación a la que se enfrentaban, aunque admitió que nada hubiera cambiado si hubieran ido en una más grande. “[Las narcolanchas] son embarcaciones enormes y están preparadas para eso, para cortar el agua. Su intención era arrollarnos y hubiera pasado con esa embarcación [en referencia a la zódiac de la Guardia Civil] o con otra”, añadió.
El juez también ha reclamado a la dirección general que le informe sobre “las medidas de seguridad” que se adoptaron aquel día, “así como los elementos de protección y equipos con los que contaban los agentes”. En su testimonio en la investigación por el doble asesinato, uno de los guardias civiles, perteneciente al Grupo de Acción Rápida (GAR), aseguró que a él y a otro compañero de su unidad les dijeron que se pusieran “un neopreno [traje para actividades acuáticas]” y les dieron cascos para la cabeza. Este agente lamentó que “la única protección” con la que acudieron al puerto aquella noche fueron sus pistolas. “Ni siquiera pudimos ir con arma larga [subfusiles]”, añadió.
En la resolución judicial también se reclama a los máximos responsables del instituto armado que aporten “el plan general de prevención de riesgos laborales vigente” que se aplicara al GAR y al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), las dos unidades en las que estaban integrados los seis agentes, “así como informe individualizado sobre la evaluación de riesgos de las citadas unidades en operaciones como las que intervinieron el día 9 de febrero de 2024″. Asimismo, pide que se acredite si este plan fue notificado o impartido a los seis guardias civiles. Por último, reclama que se informe si el instituto armado ha abierto alguna “investigación interna sobre las circunstancias del operativo” y, de ser así, “conclusiones e identidad de las personas que han intervenido o declarado” para su elaboración.
Esta causa se está tramitando en el mismo juzgado que investiga el asesinato de los dos agentes por el que fueron encarceladas provisionalmente seis personas que se encontraban aquella noche en otra narcolancha el puerto de Barbate y a los que inicialmente se acusó del doble asesinato. Hace casi dos semanas que la Guardia Civil rectificó las conclusiones de los primeros informes que incriminaba a estos y los eximió del crimen tras realizar una reconstrucción de los hechos a partir de ocho grabaciones de vídeo existentes sobre lo ocurrido aquel día. Desde entonces, la jueza María Eulalia Chanfreut, designada como refuerzo en los juzgados y que instruyó el caso en los primeros momentos, ha denegado la puesta en libertad del piloto de esta narcolancha pese a haberse constatado que su embarcación no fue la que embistió la de los guardias civiles. Argumenta que la gravedad de los otros delitos por los que se le continúa investigado ―contrabando y pertenencia a organización criminal— están castigados con penas que pueden sumar hasta siete años y medio de cárcel y, por tanto, está justificado la medida de prisión preventiva.