Más de 100 detenidos en una operación contra la estafa del ‘hijo en apuros’: “Papá, soy yo, pincha aquí”

El teléfono de Alejandro (nombre supuesto) recibió un SMS. “Papá, soy yo, pincha aquí, que mi teléfono me da problemas”. El enlace indicado llevaba directamente a una cuenta de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp de una línea desconocida, mediante la que Alejandro se comunicaba con quien creía que era su hijo. “Perdona, me sabe supermal, pero es que estoy muy agobiado”, continuaba el familiar “es que se me ha roto el ordenador y lo necesito urgente para un trabajo de la universidad. Y, además, no me funciona la aplicación del banco. ¿Me puedes mandar dinero a esta cuenta?”. Alejan...

El teléfono de Alejandro (nombre supuesto) recibió un SMS. “Papá, soy yo, pincha aquí, que mi teléfono me da problemas”. El enlace indicado llevaba directamente a una cuenta de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp de una línea desconocida, mediante la que Alejandro se comunicaba con quien creía que era su hijo. “Perdona, me sabe supermal, pero es que estoy muy agobiado”, continuaba el familiar “es que se me ha roto el ordenador y lo necesito urgente para un trabajo de la universidad. Y, además, no me funciona la aplicación del banco. ¿Me puedes mandar dinero a esta cuenta?”. Alejandro llegó a enviar hasta 55.000 euros en sucesivas entregas. Su presunto hijo era, en realidad, uno de los integrantes de una red criminal formada por 102 personas que han sido detenidas en diversas operaciones de la Guardia Civil, llevadas a cabo entre febrero y abril, entre las provincias de Alicante, Barcelona, Girona, Madrid, Málaga y Valencia. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, cometidos contra al menos 238 víctimas, solo de la provincia de Alicante, a los que han sacado más de 850.000 euros en total. Un juzgado de Instrucción de Torrevieja (Alicante) se ha hecho cargo de las diligencias.

Las denuncias comenzaron a llegar desde Alicante a mediados de 2022, una de las etapas “en las que se produjo un volumen grande de este tipo de estafa”, asegura el cabo primero, Javier Herrero, jefe del Equipo de Alicante, especializado en delitos cibernéticos, que lideró la investigación. En aquel momento, los contactos fraudulentos “eran virales, como una pandemia”, recuerda, que se extendía por toda España. Todas las denuncias contaban un caso similar. Alguien se hacía pasar por un familiar en apuros que tenía problemas de conexión con su teléfono particular y que necesitaba dinero de forma inmediata. Las conversaciones, según explican fuentes de la Guardia Civil, empezaban con un saludo íntimo y personal que “creaba una conexión emocional instantánea”. Los integrantes de la trama se aseguraban de que los afectados tuvieran un hijo emancipado, de viaje o estudiando lejos de casa, por lo que ante sus dificultades económicas reaccionaban con el lógico instinto de protección parental.

Una vez captada la atención, continúan las mismas fuentes, llegaba la historia ficticia. Generalmente, comenzaba con los problemas del teléfono, para justificar que se estuviera utilizando un número desconocido. “Si les pedían hablar directamente con ellos, contaban que la cámara o el micrófono de su dispositivo no funcionaba”, indica el oficial de la Guardia Civil. Y proseguía con un problema acuciante que podía solucionarse mediante el pago de una cantidad variable de dinero. Los hijos ficticios añadían que también les resultaba imposible acceder a su cuenta bancaria, por lo que pedían una transferencia urgente a otra cuenta. Los estafadores tenían “tal poder de convicción”, cuentan los investigadores, que conseguían que las víctimas les transfirieran envíos mínimos de 800 euros. “Hemos visto casos en los que los estafados mandaban hasta 26.000 euros de un solo golpe”, declara el investigador.

Las instrucciones que facilitaban a las víctimas eran claras. Tras largas conversaciones, en uno de los mensajes detallaban el número de la cuenta fraudulenta y hasta el concepto que debían poner. El dinero llegaba directamente a su poder, a través de transferencias sin retorno que no se pudieran anular. Cuando la víctima ofrecía resistencia, recurrían a Bizum, “donde podían conseguir cantidades más pequeñas”, debido a las restricciones de esta aplicación, señala Herrero. Pero no se quedaban ahí. Con el familiar bien enganchado, procuraban que las remesas de dinero se repitieran cuantas veces fuera posible. De esta forma, llegaron a estafar hasta 55.000 euros a varios de los denunciantes.

El equipo de Alicante se hizo cargo de la operación, llamada Hiwaso. La investigación logró localizar más de 500 cuentas en diferentes entidades bancarias y más de un centenar de líneas telefónicas que se daban de alta con identidades falsas. Los sospechosos, que según avanzaba el operativo se descubrió que operaban desde distintos puntos de la geografía española, blanqueaban, además, el dinero recibido con pagos en comercios y retiradas de efectivo desde cajeros automáticos. “Este tipo de red criminal no tiene gran complejidad estructural”, señala Herrero. Los organizadores “están asentados fuera de España” y son “los que captan a las víctimas, lanzan los mensajes y blanquean el dinero”. Pero necesitan un equipo de personas, integrado por el 90%, aproximadamente, de los detenidos, que “les dejen utilizar sus cuentas de banco para los envíos de remesas, a cambio de un porcentaje o de una base fija, que podía llegar a los 400 euros por envío, en función de la cantidad recibida”. Los ejes Málaga-Granada y Barcelona-Girona eran los núcleos principales de la trama.

La operación era de tal magnitud, que las detenciones tuvieron que abordarse en diferentes fases, explican las fuentes consultadas. El pasado mes de febrero fueron detenidas 12 personas en Granada y otras 29 en Málaga. Un mes después cayeron dos personas más en Alicante, tres en Valencia y 13 en Madrid. A finales de este mes, 35 más fueron arrestadas en Barcelona y otras ocho en Girona. Los presuntos timadores son 74 hombres y 28 mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, titulares de las cuentas a las que llegaba el dinero estafado. Todos ellos han quedado en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil, en espera del dictamen de la autoridad judicial.