El Tribunal de Cuentas activa los últimos trámites para dictar sentencia sobre la malversación del ‘procés’

La instructora del Tribunal de Cuentas que debe dictar sentencia sobre la supuesta malversación de fondos públicos en el procés independentista catalán, Elena Hernáez, ha abierto este jueves el trámite de conclusiones de este procedimiento. Hernáez da diez días a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana (SCC), como partes demandantes, para que le envíen sus conclusiones; después dará un plazo similar a las defensas, y el siguiente paso será ya dictar sentencia. La decisión de la consejera se produce ...

La instructora del Tribunal de Cuentas que debe dictar sentencia sobre la supuesta malversación de fondos públicos en el procés independentista catalán, Elena Hernáez, ha abierto este jueves el trámite de conclusiones de este procedimiento. Hernáez da diez días a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana (SCC), como partes demandantes, para que le envíen sus conclusiones; después dará un plazo similar a las defensas, y el siguiente paso será ya dictar sentencia. La decisión de la consejera se produce cuatro meses y medio después de la celebración del juicio sobre la presunta responsabilidad contable de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros, altos cargos y funcionarios de la administración catalana, hasta un total de 35 investigados.

El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica de las administraciones. Sus miembros son elegidos por las Cortes y las sanciones que impone son siempre de tipo económico, pues su jurisdicción es contable. En la causa del procés, la Fiscalía reclama que los encausados restituyan 3,4 millones de euros por el desvío de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1-O y para la promoción exterior del plan independentista a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat). La asociación Sociedad Civil Catalana —que ejerce la acusación popular— reclama una sanción de 5,3 millones. La Abogacía del Estado se retiró del procedimiento en enero de 2022.

El Tribunal Supremo ya apreció el delito de malversación en su sentencia sobre el procés en la vía penal, que dictó en octubre de 2019, pero la fijación de la cuantía exacta desviada corresponde al Tribunal de Cuentas. En todo caso, esta es una de las causas que serán previsiblemente amnistiadas cuando entre en vigor la ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio del apoyo de ambos partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.

En la providencia dictada este jueves, la consejera Hernáez declara abierto el trámite final de conclusiones tras rechazar, el pasado 10 de enero, el último recurso de las defensas, que pedían suspender todo el procedimiento por la inminencia de la amnistía. Aproximadamente dentro de un mes, Hernáez —nombrada a propuesta del PP— podrá tener sobre la mesa los escritos de todas las partes y dictar sentencia.

Fuentes del órgano subrayan la importancia de los tiempos: si cuando la ley de amnistía entre en vigor el fallo aún no ha sido dictado, la consejera Hernáez tendrá en su mano elevar sus dudas de aplicación —en caso de tenerlas— al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero si en es momento la sentencia ya ha sido dictada y ha sido recurrida, el expediente estaría ya en posesión de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, compuesta por dos consejeros nombrados a propuesta del PSOE y uno presentado por el PP. Las fuentes consultadas en el Tribunal de Cuentas consideran improbable que dicha Sala albergue dudas sobre la aplicación de la ley de amnistía, y por tanto no elevaría ninguna cuestión al Constitucional ni a la justicia europea.