Andalucía prohibirá el uso del móvil incluso para usos didácticos hasta 3º de la ESO
Los docentes reclaman dispositivos electrónicos suficientes en los centros para sustituir los teléfonos de los alumnos y flexibilidad para garantizar la autonomía pedagógica
El 4 de diciembre la Junta de Andalucía estableció la limitación de los dispositivos móviles de los alumnos durante la jornada escolar y daba a los docentes la opción de requisarlos si se hacía un mal uso de ellos. La medida se adoptó sin consensuarla y sin avisar previamente a los centros educativos, muchos de los cuales ya tenían en funcionamiento reglas del uso de estos aparataos electrónicos. Casi un trimestre después, sí ha querido contar con el aval de la comunidad educativa y este lunes ha anunciado que ampliará esas restricciones hasta el punto de prohibir el uso de los teléfonos personales de los estudiantes incluso para fines exclusivamente didácticos y con criterios pedagógicos -la excepción que se aplicaba hasta ahora- hasta 3º de la ESO, de acuerdo con un dictamen aprobado por el Consejo Escolar de Andalucía.
La ampliación de la restricción ha venido avalada por la presentación de los resultados de una serie de talleres que ha realizado la Consejería de Desarrollo Educativo sobre las consecuencias para la salud mental, la seguridad en materia de acceso a contenidos y los efectos en la convivencia. “A partir de 3º de la ESO se recomienda limitar su uso en la jornada escolar a determinados momentos puntuales con fines exclusivamente didácticos y con criterios pedagógicos debidamente justificados en el proyecto educativo de los centros, teniendo en cuenta, en todo caso, la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas”, se indica en el dictamen.
Esa prohibición con carácter general también se amplía a toda la jornada escolar, incluyendo recreos, actividades complementarias, extraescolares y transporte y a todos los espacios de los centros educativos, incluyendo comedores, pasillos y zonas comunes, ha explicado la consejería en un comunicado. Además, y a petición de los docentes, estas nuevas restricciones se incorporarán mediante la reforma de los decretos que regulan el funcionamiento de los centros educativos, una disposición con un rango mayor que la instrucción en la que se recogieron las primeras limitaciones y que garantiza una mayor homogeneización a la hora de su aplicación en los centros.
La decisión ha sido recibida positivamente por la comunidad educativa, que, recalca, no obstante, que la mayoría de los centros escolares ya venían aplicando sus propias normativas antes de que la Junta publicara la primera instrucción. “Nos parece interesante que haya un marco normativo común que vaya más allá de una instrucción que parecía emitida más por intereses políticos y por eso valoramos que esta vez se haya tenido en cuenta al Consejo Escolar de Andalucía”, indica Virginia Rodríguez, la presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía (ADIAN).
Rodríguez, como también el sindicato de educación Ustea y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Andalucía, reclama por parte de la administración que para suplir la falta de dispositivos móviles de los propios alumnos en los cursos de 2º de ESO para abajo, se garanticen dispositivos electrónicos suficientes para que todos puedan hacer uso de esos recursos esenciales para el desarrollo de las competencias digitales. “Muchos de esos dispositivos móviles e incluso el acceso ilimitado a datos que tienen muchos de esos alumnos suplen muchas veces el déficit secular de servicio de la red y de falta de dispositivos”, advierte Ángel García, responsable de comunicación federal de USTEA y que ha estado presente, como Rodríguez, en la reunión del Consejo Escolar Andaluz.
Desde la Junta se ha informado del compromiso de distribuir 410.000 ordenadores portátiles que se consideran suficientes recursos para paliar ese déficit, junto con las pizarras digitales de las que ya disponen los centros. Rodríguez, sin embargo, duda de que basten incluso para el resto de etapas formativas. “No podemos contar tampoco con los móviles particulares de los alumnos, porque hay que contar con que no lo pueda traer, no quiera traerlo o simplemente no disponga de él”, señala.
Por eso desde su asociación, como desde Ustea, se demanda que más allá de que haya una normativa unificada se garantice cierta flexibilidad en la autonomía pedagógica de los centros, que son los que mejor conocen las carencias y potencialidades de los centros. “No queremos que estas restricciones limiten la autonomía pedagógica de los centros a la hora de determinar o condicionar cómo imparten sus clases los profesores de estos cursos donde la prohibición es absoluta”, señala García.
No solo prohibir
Las organizaciones de padres, no obstante, cuestionan que la solución de la Junta para atajar los problemas que encierra el mal uso y el abuso de los dispositivos móviles por los menores sea solo la prohibición. “Estamos hablando de prohibir el móvil hasta 3º de la ESO y que luego las familias actúen o no actúen para educar a sus hijos e hijas en el buen uso de los teléfonos móviles”, señala la presidenta de CODAPA, Rocío Benjínez. “Al final estamos hablando de que lo que se pretende es que nuestros hijos no hagan un uso indebido del móvil porque no lo tienen, pero una vez que pasan las puertas del colegio ya no importa el uso que hagan”, abundan. Por eso desde la federación de Ampas lo que reclaman a la consejería es “una formación continua y una educación en el ámbito educativo y en el familiar del uso correcto del móvil y delresto de dispositivos”, señala Benjínez.
Todas las organizaciones consultadas, aunque coinciden en que la medida es positiva, comparten la idea de que, en pleno arranque del proceso de escolarización para el curso que viene, hay otros problemas más acuciantes que el uso de los dispositivos móviles, como la bajada de ratio o la eliminación de líneas educativas en la escuela pública. Ponen como ejemplo el hecho de que los problemas por incumplimiento de las instrucciones sobre las limitaciones del uso de los móviles en las aulas establecidas en diciembre han sido prácticamente inexistentes. “Entre otras cosas porque ya aplicábamos nosotros nuestras propias normas, por eso echamos de menos que se cuente más con nuestras organizaciones”, subraya Rodríguez.