Fuego a discreción del PP: exprimir el ‘caso Koldo’ sin soltar la presa de la amnistía

De forma inesperada, lo que hasta hace unas semanas aparecía como el principal punto débil del Gobierno, la ley de amnistía, es un marco ahora con más matices en la batalla política. La medida de gracia a los encausados del procés independentista concita el rechazo de amplios sectores de la sociedad y la oposición frontal del PP, pero fuentes de este partido reconocen que el escenario ha cambiado: si antes el Gobierno...

De forma inesperada, lo que hasta hace unas semanas aparecía como el principal punto débil del Gobierno, la ley de amnistía, es un marco ahora con más matices en la batalla política. La medida de gracia a los encausados del procés independentista concita el rechazo de amplios sectores de la sociedad y la oposición frontal del PP, pero fuentes de este partido reconocen que el escenario ha cambiado: si antes el Gobierno de Pedro Sánchez quería pasar a toda prisa por el debate sobre la ley, ahora creen que le interesa incluso alargarlo.

¿Por qué? Sobre todo porque ha irrumpido el caso Koldo, una mancha de presunta corrupción en el expediente del Ejecutivo progresista que le desgasta más que la medida de gracia, según interpretan en el PP. Pero también porque la estrategia de los populares contra la amnistía ha tenido que adaptarse a algunos cambios: primero, la polémica revelación de una alta fuente del PP de que el partido estaría dispuesto a una política de “reconciliación” en Cataluña; y después, la filtración del borrador de dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, que aunque no la avala en los términos que asegura el Gobierno, tampoco la censura tajantemente como esperaban los populares. En todo caso, el partido de Alberto Núñez Feijóo no tiene previsto soltar la presa de la amnistía: la dirección anticipa dos meses de batalla en la tramitación de la ley en el Senado y se prepara para volver a la calle.

Los populares no prevén modular su estrategia sobre la amnistía, según fuentes de la cúpula de Feijóo. Este sábado, el partido aprobó una declaración, consensuada en una reunión del líder con los presidentes autonómicos en Córdoba, en la que afirma que “el intento del Gobierno, a través de la amnistía, de desactivar uno de los poderes del Estado, en este caso el judicial, es un ejercicio de autoritarismo incompatible con un sistema democrático”.

Una vez la ley salga del Congreso, previsiblemente la semana próxima, iniciará su andadura en el Senado, que prevé calificarla en la reunión de la Mesa del martes 19. El PP reformó el reglamento para alargar su tramitación, así que serán dos meses de estruendo en contra de la ley, con una batería de informes y comparecientes, la mayoría constitucionalistas críticos con la norma, y con la ventaja para los conservadores de que tienen el control de la Cámara alta por su mayoría absoluta. “La amnistía ha bajado un grado de gravedad porque el caso Koldo le hace más daño al Gobierno, pero vamos a ir a por todas en el Senado. La ventaja de hacerlo en la institución es que te permite ir muy fuerte sin quedar como un radical. Hay un dato muy relevante para todo esto: Vox está desaparecido porque nos lo estamos comiendo”, explica un dirigente del PP conocedor de la estrategia en la Cámara alta.

El PP espera hasta cinco informes que confía en que sean favorables a sus intereses. El primero es doble, de los letrados del Senado, nombrados a propuesta suya, que se pronunciarán tanto sobre la oportunidad de tramitar la ley ―el PP preguntó si habría opción a no cursarla, como pide Vox― como sobre el fondo. Los populares dan también mucha importancia al del Consejo General del Poder Judicial, donde los vocales conservadores ―con el mandato caducado desde hace cinco años― tienen mayoría. El partido insistirá así mismo en que el Consejo Fiscal elabore un tercer informe, aunque hasta ahora el fiscal general lo ha rechazado porque considera que supondría “alterar” el funcionamiento de las instituciones. Y, por último, está el dictamen final de la Comisión de Venecia, que se conocerá previsiblemente el día 15 y que el PP espera que sea “más contundente” que el primer borrador conocido.

A Feijóo le habían avisado algunos dirigentes del PP de que podía ser un error pedir un informe a la Comisión de Venecia (un organismo consultivo del Consejo de Europa) esperando un varapalo a la ley de amnistía, porque ese órgano está formado por juristas de diferentes países, con distintas sensibilidades políticas, y podía tener una visión diferente a la del PP. Así sucedió: el borrador del dictamen, pese a que señala que la ley ha provocado una profunda división en la sociedad española y censura que se tramite por procedimiento de urgencia, echa también por tierra algunos argumentos del PP en contra de la norma, como el que sostenía que quiebra la separación de poderes y la igualdad ante la ley. “Si la igualdad real y efectiva de los ciudadanos y la separación de poderes se tambalea, ese país se queda sin Constitución”, decía Feijóo en enero, mientras que los juristas de Venecia consideran que “no hay un problema” en materia de separación de poderes siempre y cuando la decisión de qué individuos concretos se beneficiarán de la amnistía esté en manos del juez competente, algo que prevé la proposición de ley.

Pero además del contenido importa la estrategia, y el PP reconoce que el Gobierno ha conseguido colocar en la opinión pública que el informe de la Comisión supone una victoria gubernamental. Los populares sostienen que el Ejecutivo ha “manipulado” el borrador de dictamen y que ha habido una clara “sobreactuación” del ministro Félix Bolaños, pero admiten también que el informe les dejó algo descolocados porque “da una de cal y otra de arena”. El PP se mueve ahora para tratar de conseguir un dictamen final más crítico con la ley. La Mesa del Senado ha encargado a la letrada mayor un escrito de alegaciones para presentar ante la Comisión, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, asistirá la semana que viene al debate del órgano consultivo para participar en la discusión.

Los socialistas utilizarán como bala en el debate que viene en el Senado el principal traspié de los populares en la batalla política de la amnistía: la revelación, por parte de una alta fuente del PP en plena campaña gallega, de que el partido estaría abierto a estudiar un indulto condicionado a Carles Puigdemont y de que analizó durante 24 horas la amnistía antes de descartarla. “Cuando se metió en ese jardín es porque realmente lo piensa. El PP habría llegado a un acuerdo con los independentistas si no fuera por Vox. En esa comida off the record, [el PP] vino a aceptar que también habrían utilizado la amnistía como concepto”, insiste el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas.

Feijóo ha adoptado en cambio la estrategia de correr un tupido velo sobre esa revelación en la campaña gallega y ha retomado las críticas frontales a la ley. Esta semana, desde el congreso del PP Europeo en Bucarest, el líder del PP ha criticado que “un Gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la UE. Incluidos delitos de terrorismo, de malversación y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro”. En el PP consideran que el líder no tiene otra posibilidad que mantener el discurso frontal contra la amnistía, sin modularlo. “Feijóo hará como si nada. No puede permitirse otra cosa”, estima un dirigente. “Si hubiéramos perdido las elecciones en Galicia, aquella revelación habría sido muy importante, pero una vez eso no pasó, directamente no existe”, apostilla una fuente de la dirección popular.

Que el PP sube el pistón lo demuestra también que se prepara para seguir agitando las calles en contra de la medida de gracia. “El PP, antes o después, volverá a la calle”, avisan en la cúpula popular. Este sábado, los populares se adhirieron a la manifestación convocada en Madrid por asociaciones vinculadas a la derecha, pero prevén volver a organizar una protesta propia. En los últimos meses, el PP ha salido a la calle en media docena de ocasiones contra la amnistía.

La dirección de Feijóo cree que el bajo respaldo social es un punto débil de la amnistía. Otro, muy importante, son los jueces. Los populares son conscientes de que los sectores conservadores de la justicia han dado muestras de su rechazo a la medida de gracia y de su malestar con el Gobierno. El pasado noviembre, centenares de jueces se manifestaron frente a los juzgados contra la norma. Y son ellos quienes tendrán que aplicar la amnistía, que deja en sus manos decidir cómo y a quién beneficiará.

El PP seguirá insistiendo también en la estrategia europea tratando de que las instituciones comunitarias se involucren contra la amnistía española, aunque las palabras de Isabel Díaz Ayuso en el congreso del PPE esta semana, instando a sus colegas a abandonar el “compadreo” con Pedro Sánchez, revelan una cierta impotencia de los populares. En su discurso ante el partido nada más ser reelegida candidata principal a dirigir la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen ignoró este asunto y cargó contra la extrema derecha y la extrema izquierda.

Y, sin soltar la presa de la amnistía, el PP mantendrá a su vez la presión por el caso Koldo. La tramitación de la norma en el Senado arrancará al mismo tiempo que la comisión de investigación que los populares han puesto en marcha en la Cámara alta sobre el caso de corrupción que afecta al Gobierno progresista. El partido conservador no afloja: fuego a discreción al menos hasta las elecciones europeas de junio.