El juez Francisco Serrano será juzgado por supuesto fraude de subvenciones de 2,5 millones
La Audiencia de Sevilla rechaza el recurso del exlíder de Vox en Andalucía que alegaba que había sido engañado por el resto de implicados en la estafa: “Compadece mal con su formación como jurista”, señalan los magistrados
Francisco Serrano, juez en excedencia y antiguo líder de Vox en Andalucía, será finalmente juzgado por un supuesto fraude de subvenciones y estafa tras recibir en 2016 un préstamo de casi 2,5 millones del Ministerio de Industria para una fábrica de pellets...
Francisco Serrano, juez en excedencia y antiguo líder de Vox en Andalucía, será finalmente juzgado por un supuesto fraude de subvenciones y estafa tras recibir en 2016 un préstamo de casi 2,5 millones del Ministerio de Industria para una fábrica de pellets y desviar los fondos para gastos ajenos a la ayuda pública recibida. La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación que presentó Serrano contra su procesamiento, en el que alegaba que había sido víctima de las estrategias delictivas de Enrique Pelegrín y Javier López, socios en la constitución de la fábrica fantasma y que también están acusados por los mismos delitos.
La Fiscalía de Sevilla solicita seis años de prisión y 5.470 euros de multa por estafa para el polémico exlíder de Vox en Andalucía y, como alternativa, por si el tribunal que juzgue el caso no aprecia este delito, reclama ocho años de prisión por dos delitos de fraude de subvenciones y una multa de 14,8 millones. La acusación particular, ejercida por el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, reclama 10 años de cárcel y 10 millones de euros de multa.
Los magistrados de la Sala Séptima de la Audiencia son tajantes y rechazan los argumentos que Serrano esgrimió en su recurso. El juez alegó que “fue víctima de las estrategias delictivas” de Pelegrín y López, “haciéndole creer que iban a aportar la maquinaria necesaria para desarrollar el proyecto subvencionado” para la fábrica de pellets Biowood Niebla, a la que se otorgó la subvención del ministerio. Serrano también esgrime que su función es la de socio capitalista, dedicándose únicamente a una “aportación meramente económica y de asesoramiento legal muy colateral”, mientras que eran sus otros dos socios quienes se repartían las actividades principales: Pelegrín, el encargado del desarrollo técnico de la planta y de la preparación de la documentación y el proyecto, y López, “el ideólogo de la operación”, se ocupaba de la parte financiera. “Tenía una confianza ciega en Francisco Javier López”, añade el antiguo juez.
Ante estas primeras justificaciones, los magistrados son tajantes. “El recurso no puede prosperar ―afirman― al margen de las alegaciones sobre el supuesto engaño por parte de los otros dos investigados basado en su control total y absoluto de Biowood Niebla” y el papel de simple socio capitalista de Serrano. Aunque los jueces recuerdan que esa alegación exculpatoria deberá ser probada en la vista oral, advierten de que “en principio se compadece mal con la formación del apelante como jurista y con la circunstancia de compartir sede social las mercantiles involucradas”, en referencia a que el domicilio social del despacho de abogados de Serrano era el mismo que el de la empresa investigada.
El juez Serrano también sostiene que desconocía que su socio Pelegrín no tenía intención de aportar la maquinaria que se había comprometido a llevar a la fábrica de pellets en el acuerdo de constitución de Biowood Niebla, que ambos suscribieron en marzo de 2016. Serrano alega que la constatación de que las máquinas no llegaban que “quebró la confianza entre los socios por momentos”, motivo por el que decidió cambiar la denominación de la entidad Serrano abogados de familia por Proyectos e inversiones Serralba, cuya cuenta bancaria sostiene que controlaba López. Serrano también asegura que cuando se percató de que Proyectos e inversiones Serralba había estado cobrando honorarios de los clientes de su despacho de abogados, es cuando salió de Biowood Niebla, en octubre de 2017.
Los magistrados desmontan esta vía de defensa al hacer un repaso de los vínculos empresariales entre Serrano y Pelegrín relacionados con Biowood Niebla. En el auto se detalla cómo ambos adquirieron la mercantil Biowood Andalucía en junio de 2015, trasladan su sede social a donde se ubicaba Serrano Abogados de Familia y acuerdan una ampliación de capital en la que Pelegrín suscribe participaciones mediante la aportación de tres granuladoras. “Esa misma maquinaria es la que se aportó tres meses después con la constitución de Biowood Niebla, el 30 de marzo de 2016, por lo que tanto el recurrente como Pelegrín sabían que, en ese momento, las máquinas no existían ni habían sido adquiridas por ninguno de ellos”. La subvención del ministerio se obtuvo en diciembre de 2016, lo que lleva a los magistrados a reforzar esa teoría: “Es obvio que en la fecha en la que se recibe el préstamo, los socios de Biowood Niebla sabían que la maquinaria no existía ni había sido adquirida”.
También desmontan “la pretendida relación incidental” entre Serrano y sus otros dos socios que el juez en excedencia insiste en presentar en su recurso. Los magistrados recuerdan que en los cambios de escritura donde Serrano abogados pasa a denominarse Proyectos e Inversiones Serralba, es el juez en excedencia quien aparece como participante y administrador en exclusiva. “Se deduce, pues, que quien entonces controlaba ambas mercantiles era el recurrente”, se señala en el auto.
Los magistrados de la Audiencia también dejan claro que de la trazabilidad de los fondos obtenidos de la subvención del ministerio se constata que “la mayor parte del dinero procedente del préstamo se habría destinado indiciariamente para fondos de inversión, para el proyecto de otra entidad en la nada despreciable suma de un millón de euros y para otras finalidades desconocidas”.