La derivada del ‘caso Koldo’ en Baleares: un contrato lleno de agujeros y sin rastro de comisiones ilegales

La trama corrupta que colonizó el Ministerio de Transportes en los primeros meses de la pandemia logró vender más de 20 millones de mascarillas traídas de China por 52 millones de euros (16 millones de beneficio) a los ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades de Baleares y Canarias. La empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, asesor principal del entonces ministro ...

La trama corrupta que colonizó el Ministerio de Transportes en los primeros meses de la pandemia logró vender más de 20 millones de mascarillas traídas de China por 52 millones de euros (16 millones de beneficio) a los ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades de Baleares y Canarias. La empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, asesor principal del entonces ministro José Luis Ábalos, litiga desde hace 11 meses con Baleares por el supuesto incumplimiento en la venta de 1,4 millones de mascarillas con calidad inferior a la comprometida. Ese contrato ha desencadenado el enfrentamiento más duro entre PP y PSOE. Lo que sigue intenta resumir, tomando como base el material incorporado al sumario del caso, lo ocurrido con esa compra durante lo peor de la pandemia.

Abril de 2020. La empresa recomendada por el ministerio ofrece un avión repleto de mascarillas. El Ministerio de Transportes (supuestamente Koldo García, asesor del ministro Ábalos) informó a responsables del Gobierno balear de que había una empresa dispuesta a suministrar millones de mascarillas a las islas. Soluciones de Gestión —firma recomendada por Koldo García de la que supuestamente ha cobrado cuantiosas comisiones— envió el 25 de abril de 2020 un correo a la Consejería de Salud ofreciendo “un avión repleto de mascarillas con 1.480.600 unidades de protección para vapores orgánicos KN 95 de un solo uso”. El avión aterrizó en Barajas con material de cinco fábricas chinas: “Putian, Huizhou, Fubian, Haoyun, Leihuo”.

El subdirector general de Compras, Antonio Mascaró, mandó analizar un mes después 24 muestras de mascarillas de distintos proveedores (cuatro de ellas suministradas por Soluciones de Gestión) al Centro Nacional de Medios de Protección del Ministerio de Trabajo. El 8 de junio se envió el resultado: de las 24 muestras, solo nueve cumplían con la protección reglamentaria y ninguna correspondía al lote comprado a la empresa recomendada por Koldo García. En ese momento, el Servicio balear de Salud ordenó retirar de la distribución las mascarillas de Soluciones de Gestión. El material estuvo almacenado “a la espera de un posible uso” hasta el 5 de mayo de 2023, cuando la OMS declaró el fin de la pandemia.

Agosto de 2020. Un certificado de calidad pese al material defectuoso. Solo dos meses después de que las mascarillas fueran retiradas, la empresa Soluciones de Gestión pidió al Servicio balear de Salud un certificado de calidad. Y el mismo funcionario que envió las muestras a Madrid para analizarlas y comprobó que eran defectuosas firmó ese certificado con un añadido inveraz: “Para que conste, a petición del interesado, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia y surta efectos de participación en concursos públicos”. Las explicaciones sobre este incomprensible certificado son difusas: “Es un acto administrativo protocolario. En ese momento todavía no estaba catalogado que el material fuera falso y la empresa suministradora lo niega”.

Septiembre de 2022. La Guardia Civil entra en la Consejería de Salud en busca del contrato con la empresa denunciada. La Guardia Civil visitó el Servicio balear de Salud y pidió todo el contrato de Soluciones de Gestión, una empresa a la que estaba investigando la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por el PP de Madrid. “Nadie informó a la consejera de Salud ni mucho menos a la presidenta Francina Armengol del registro. Nunca conocieron que se trataba de una investigación de Anticorrupción. Era una de tantas visitas que la Guardia Civil hacía para recoger documentación de distinto tipo por reclamaciones”, señalan colaboradores de aquel Ejecutivo.

Marzo de 2023. Bronca de la empresa al Gobierno socialista de Baleares: “Es extemporáneo e improcedente”. El 20 de marzo de 2023, el director general de Salud de Baleares, Manuel Palomino, comunicó a la empresa Soluciones de Gestión que al haberse detectado que no cumplieron con los requerimientos técnicos, “se procederá a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de la situación que ha ocasionado este hecho”. Solo cuatro días después, la empresa contestó: “Las mascarillas suministradas KN95 lo eran conforme a lo convenido por ambas partes y cumplían perfectamente con los requisitos administrativos aplicables. Es completamente extemporáneo e improcedente que, en el marco de una contratación de emergencia, se nos comunique casi tres años después unos supuestos defectos en el suministro realizado sobre la base de un análisis de mascarillas FFP2 que no fueron las suministradas”. El Gobierno balear de entonces sostiene que muchos expedientes de reclamación de otros asuntos distintos se iniciaron aquellos días con un retraso parecido debido a múltiples factores, entre ellos a la sobrecarga de trabajo motivada por la expansión del coronavirus durante 2020 y 2021. El 6 de julio de 2023, el subdirector de la Central de Compras, Antonio Mascaró —el mismo funcionario que envió las mascarillas a Madrid para su análisis de calidad y también firmó dos meses después a petición de la empresa un certificado de que el servicio había sido satisfactorio— firma a las 11.42 la propuesta que da inicio “de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato”, reclamando 2.626.584 euros a Soluciones de Gestión.

Noviembre de 2023. Cueto: “Tenemos lo que tenemos... unos hijos de puta”. La empresa de la trama corrupta se moviliza para desactivar la reclamación. Presentan alegaciones a la Administración balear, ahora en manos del PP, y presionan a Koldo García, el asesor del ministro Ábalos que les consiguió el contrato. Íñigo Rotaeche, responsable de Soluciones de Gestión, llama en noviembre de 2023 a Juan Carlos Cueto, jefe del grupo que controla su empresa, para preocuparse por la reclamación que puso el Gobierno socialista y que tiene que resolver el Ejecutivo del PP.

Íñigo Rotaeche: Al final es un acto injusto, porque ellos han utilizado... han estado tres años... es un acto injusto... para quitarse de encima toda la responsabilidad posible...

Juan Carlos Cueto: Tenemos lo que tenemos... unos hijos de puta.

Íñigo Rotaeche: Porque es un acto injusto dictar tres años después una resolución cuando tenía los resultados tres años antes.

Los empresarios censuran la gestión del anterior Gobierno, pero se afanan en lograr que el nuevo Ejecutivo no siga adelante con la reclamación. Y en diciembre, presionan a Koldo García para que haga gestiones con sus amigos. El asesor del ministro Ábalos promete hablar con dirigentes del PP para arreglar el problema. Pero la investigación no ha detectado —a pesar de que tenían balizas en la moto de Koldo García, pinchados sus teléfonos y controlados los sitios que visitaba— ni una sola prueba de que el asesor contactara con dirigentes del PP o funcionarios de Baleares para neutralizar la reclamación.

Diciembre de 2023. “Todo va por buen camino, no hace falta que se vea a nadie”. El PSOE balear denuncia que el Gobierno del PP ha dejado caducar la reclamación. El Ejecutivo balear lo niega pero anuncia que iniciará acciones penales para recuperar el dinero. Las conversaciones de Koldo García con los empresarios afectados sugieren que el procedimiento va a decaer: “Lo he comentado con el ministerio donde yo trabajaba antes y me dicen que esto recorrido jurídico no tiene ninguno. O sea, ninguno pero ninguno”. En otra conversación con Cueto del 7 de diciembre, lo vuelve a tranquilizar: “Todo va por buen camino, no hace falta que se vea a nadie”. El empresario pregunta: “Y buen camino, ¿qué significa? ¿Que no van a hacer nada?”. Y Koldo García contesta: “Eso es lo que yo interpreto”.

La investigación no ha conseguido acreditar, de momento, si alguien de la trama contactó con dirigentes del PP, ni que el exministro Ábalos mediase para que se retirase la reclamación. Tampoco existen pruebas en el sumario de que se pagaran comisiones ilegales a dirigentes políticos o a funcionarios de la Administración balear.