Las defensas de Tsunami alegan ante el Supremo que el plazo para investigar acabó en 2021
Varios imputados señalan que la causa debe decaer porque no declararon llegada esa fecha
Varios imputados en el caso Tsunami Democràtic, incluida la dirigente de ERC Marta Rovira, han alegado ante el Tribunal Supremo que el plazo de investigación expiró el 29 de julio de 2021 sin que ninguno, tampoco el expresidente catalán Carles Puigdemont, declararan por estos hechos, de modo que, sostienen, la causa debe decaer. Una cuestión “relevante” en la tramitación de la causa que, subrayan, está “ausente” en la exposición razonada que el juez Manuel García-Castellón dirigió al Supremo para que investigase por terrorismo a Puigdemont cuando, en opinión de las defensas, afecta a lo...
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Varios imputados en el caso Tsunami Democràtic, incluida la dirigente de ERC Marta Rovira, han alegado ante el Tribunal Supremo que el plazo de investigación expiró el 29 de julio de 2021 sin que ninguno, tampoco el expresidente catalán Carles Puigdemont, declararan por estos hechos, de modo que, sostienen, la causa debe decaer. Una cuestión “relevante” en la tramitación de la causa que, subrayan, está “ausente” en la exposición razonada que el juez Manuel García-Castellón dirigió al Supremo para que investigase por terrorismo a Puigdemont cuando, en opinión de las defensas, afecta a los derechos fundamentales de los investigados y debería conducir al archivo. La Audiencia Nacional analiza un error en la instrucción que podría anular el caso, publicó este diario el pasado 22 de febrero. García-Castellón firmó el 2 de agosto de 2021, tres días después del plazo límite legal, el auto en el que dictaba la primera de las cinco prórrogas de la investigación en el caso Tsunami Democrátic. El escrito del magistrado tiene fecha de 30 de julio de 2021 —aunque en él se dice que la prórroga de seis meses comenzará un día antes, el 29 de julio—; sin embargo, la firma electrónica lleva fecha del 2 de agosto.
Así lo exponen en un escrito, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, en el que solicitan al Supremo que devuelva el caso a la Audiencia Nacional, un órgano judicial que, subrayan, tampoco tendría competencia para investigar o enjuiciar a los aforados implicados en este caso: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado catalán Ruben Wagensberg.
Porque, como hizo alguna otra defensa en escritos remitidos a la Audiencia Nacional, los investigados vuelven a poner el foco en la supuesta infracción de los plazos de instrucción en este caso, que, según sus cálculos, expiraron el 29 de julio de 2021, de modo que todas las diligencias acordadas después “no son válidas”.
Argumentan que el auto del juez prorrogando la instrucción tenía fecha de 30 de julio y fue firmado el 2 de agosto, días, en todo caso, posteriores al fin del plazo, y subrayan que ninguno de los investigados había comparecido ante el juez antes de este 29 de julio, cuando la causa todavía no se dirigía contra Puigdemont.
Como consecuencia, en su opinión, “no es posible dirigir el procedimiento” contra el expresidente catalán y líder de Junts en el Supremo. Y para fundamentar su tesis piden al alto tribunal que reclame al juez Manuel García-Castellón toda una serie de resoluciones dictadas a lo largo de estos años, desde que se inició la causa, el 30 de octubre de 2019.
El escrito ha sido remitido por las defensas de la secretaria general de ERC, Marta Rovira; del exconseller de ERC Xavier Vendrell; de Josep Lluís Alay, asesor de Puigdemont; del dirigente de Ómnium Cultural Oleguer Serra y de los empresarios Marta Molina y Oriol Soler.