El Poder Judicial rebaja a mínimos su respuesta a las críticas de políticos a los jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que dejar en una declaración de mínimos su comunicado de réplica a las críticas de varios políticos a los jueces, con objeto de lograr que se aprobara por unanimidad. En un pleno de tres horas, el órgano de gobierno de la magistratura redujo sus primeros planteamientos para responder a ...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que dejar en una declaración de mínimos su comunicado de réplica a las críticas de varios políticos a los jueces, con objeto de lograr que se aprobara por unanimidad. En un pleno de tres horas, el órgano de gobierno de la magistratura redujo sus primeros planteamientos para responder a las acusaciones de prevaricación y lawfare (guerra judicial o judicialización de la política) que recibieron varios magistrados en el debate de la ley de amnistía, y han reducido su contestación a pedir que los parlamentarios expongan sus puntos de vista “evitando las descalificaciones”. La rebaja de la réplica se debió a la negativa de los vocales progresistas a respaldar cualquier declaración que implicase, como se hizo en la solicitud de convocatoria del pleno extraordinario, críticas directas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE). En la petición inicial del pleno, sin embargo, se reprochaba a Armengol su “aquiescencia” ante las críticas y descalificaciones dirigidas a jueces como Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre, instructores de los casos Tsunami Democràtic y Voloh sobre la supuesta conexión rusa con el procés.

En paralelo, el pleno rechazó la propuesta de efectuar un nuevo cambio en la comisión permanente del Consejo. La iniciativa incluida en el orden del día tenía como objetivo que Pilar Sepúlveda —propuesta como vocal por el PSOE— fuera sustituida por Enrique Lucas —propuesto por el PNV—, pero sólo obtuvo siete votos a favor, por tres abstenciones y seis en contra. Este resultado pone de manifiesto que el bloque conservador no logró mantener a favor de este cambio los nueve votos que tuvo para forzar la convocatoria del pleno extraordinario del Consejo.

La declaración negociada y aprobada tras varias redacciones sucesivamente a la baja en el contenido de las réplicas que los conservadores querían dirigir al PSOE y las fuerzas independentistas reconoce en su punto primero que los diputados gozan de “inviolabilidad” en su función de representación y sus manifestaciones. El texto añade, en todo caso, que esta prerrogativa “no le resta gravedad a su actuación”, sin citar nombre propio alguno de los diputados intervinientes en el debate sobre la ley de amnistía.

Tampoco se cita nombre alguno en el segundo punto de la declaración, donde se subraya que los vocales del Consejo “rechazamos con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo, al tiempo que manifestamos que seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles”. La declaración evita mencionar a la presidenta del Congreso cuando añade que “debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”.

En un tercer punto se cita la filosofía del Consejo Consultivo de Jueces Europeos en el sentido de que “‘las valoraciones y las críticas de un poder del Estado hacia los demás poderes deben formularse en un clima de respeto mutuo” y que “existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, por otra parte’. También en este apartado se evitó toda referencia a nombres propios de parlamentarios y se optó por una mera exhortación sin señalar destinatarios concretos. El cuarto y último punto de la declaración se limita a reiterar que la independencia judicial “es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado”.