Uno de los grandes obstáculos para el Ejecutivo de coalición radica en que buena parte de los compromisos anunciados por Pedro Sánchez en el debate de investidura de noviembre son de competencia autonómica en un mapa territorial dominado por la derecha. Y los primeros pasos de la acción del Gobierno ya empiezan a toparse con la resistencia armonizada del PP. Una ofensiva coordinada que los populares plasmaron en las conclusiones de s...

Uno de los grandes obstáculos para el Ejecutivo de coalición radica en que buena parte de los compromisos anunciados por Pedro Sánchez en el debate de investidura de noviembre son de competencia autonómica en un mapa territorial dominado por la derecha. Y los primeros pasos de la acción del Gobierno ya empiezan a toparse con la resistencia armonizada del PP. Una ofensiva coordinada que los populares plasmaron en las conclusiones de su 26ª reunión interparlamentaria. “Desde nuestros gobiernos autonómicos reforzaremos la colaboración y coordinación entre regiones para mejorar la calidad de los servicios públicos y la defensa de los intereses de los ciudadanos”, indica el texto elaborado tras el cónclave del PP celebrado en Ourense el fin de semana pasado.

Sobre los recursos para sufragar esos servicios, algunos dirigentes del PP han endurecido durante los últimos días sus reivindicaciones en torno a la financiación autonómica aprovechando su asistencia a Fitur. En la feria de turismo, los presidentes populares de las tres comunidades que se consideran infrafinanciadas encontraron un aliado de peso en el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. Las reclamaciones comunes desembocaron en la imagen política del día: los presidentes autonómicos del PP de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, escenificaron el miércoles su unión con Page para denunciar la “infrafinanciación” que sufren sus territorios.

Un día después del mediático encuentro en la feria de turismo, López Miras anunció en el mismo foro que próximamente se celebrará una cumbre ad hoc con Mazón y Moreno para abordar en profundidad la cuestión y las demandas a plantear frente al Gobierno. La predisposición de los populares es que Page participe. “Desde luego que lo invitaremos”, expresó el presidente murciano. Pero fuentes del entorno del mandatario socialista aseguran que no asistirá.

Los cuatro presidentes coinciden en el diagnóstico y en la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, caducado desde hace una década. Pero, en su caso, las críticas revisten características propias: sus comunidades tienen una financiación por habitante ajustado inferior a la media. Por eso, mientras se resuelve el cambio general en el sistema, exigen al Gobierno que abone la deuda con sus cuatro territorios “de manera inmediata”. Aunque también comparte esta posición, Page se descuelga del cónclave que preparan sus homólogos populares. La cúpula del PSOE salió en tromba contra el presidente de Castilla-La Mancha después de que el mandatario socialista declarase el mismo día en Fitur, y ante los medios, que su partido se sitúa en “el extrarradio de la Constitución” por la tramitación de la amnistía.

Embudo del PP

Al margen de la financiación, el embudo que el PP ejerce desde los territorios contra el Gobierno central se estrecha conforme avanza, y se endurece, la legislatura. Esta semana, los populares han aterrizado una acción conjunta que va más allá de la mera confrontación verbal de los 11 presidentes autonómicos con Pedro Sánchez: la propuesta de aplicar una EBAU única (antes conocida como selectividad) allí donde gobiernan. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo pasa así de las palabras a los hechos empujado por las competencias en materia de Educación de las comunidades, la mayoría en manos de los conservadores. Pero no será la única iniciativa ni la última. En Génova cavilan cómo intensificar la ofensiva desde la decena de frentes esparcidos por toda la geografía, habida cuenta del margen de maniobra que permite la delegación de competencias autonómicas. “Tenemos la vocación de políticas coordinadas con nuestros gobiernos”, afirman fuentes del gabinete de Feijóo.

El PP ha celebrado durante las últimas semanas, en la sede del partido de Génova de Madrid, varias reuniones sectoriales a las que han acudido consejeros del ramo de las 11 comunidades populares. Como ejemplo, Feijóo se entrevistó el martes con los responsables territoriales de Educación un día antes de anunciar la propuesta de la EBAU única. Además, durante la 26ª concentración interparlamentaria —en la que se trazaron las líneas maestras a seguir por los cargos públicos de la formación—, se visibilizó un especial empeño de los populares por responder con todos los arietes de los que disponen sus comunidades a la actividad legislativa del Consejo de Ministros.

Intereses particulares

El problema en el seno del PP es que no todas las comunidades autónomas comparten intereses ni opiniones comunes sobre la financiación autonómica. De la foto del miércoles fueron excluidos los presidentes de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la de Extremadura, María Guardiola, aunque estaban presentes en el momento en el que se tomó la foto. Sí coinciden respecto a otras materias, como la bajada de impuestos que han ido aplicando en sus respectivos territorios tras el 28-M. En contraposición, y al mismo tiempo, el Gobierno central diseña una política de presión fiscal progresiva para todo el país.

También plantean una posición común respecto a la Ley de Vivienda —que necesita de la transposición de las comunidades—, pues son contrarios a restringir el incremento de los precios por parte de los arrendadores. Algunos de los territorios con los precios más tensionados son precisamente Madrid o Comunidad Valenciana, gobernadas por el PP. Sobre el índice de precios de referencia de alquiler que permitirá poner topes a las rentas, estará listo en febrero. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, pidió el jueves durante su comparecencia en el Congreso “una gran alianza de país para resolver un problema que afecta a la mayoría de los españoles y españolas”. Un pacto que se aventura complicado a priori con las administraciones populares.

Tanto en esos asuntos como en otras materias, el PP contrarresta así desde los territorios las decisiones de La Moncloa con una “autonomía ejecutiva propia”, advierten fuentes de Génova. Desde el equipo de Feijóo aseguran, eso sí, que se atenderán a las particularidades de cada comunidad: habrá estrategias que no sean compartidas por los 11 presidentes, sino solo por los afectadas por temas concretos, junto al resto de políticas transversales a todas.

Entretanto, en su ofensiva territorial, los alcaldes del PP leerán este sábado desde sus municipios manifiestos en defensa de “la igualdad” en concentraciones simultáneas. Y varios presidentes autonómicos arroparán a Feijóo este domingo, en Madrid, en una nueva manifestación convocada por la formación contra las concesiones de Sánchez a las fuerzas independentistas. El acto llega con la movilización de las bases activada desde distintos puntos de España para mostrar músculo en la capital.

Aval de Feijóo

Feijóo avaló el jueves las acciones de sus barones. “El Gobierno se niega a escuchar a los presidentes autonómicos, se niega a convocar la Conferencia de Presidentes y se niega a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lamentablemente, los presidentes tendrán que hablar donde puedan porque el Gobierno se niega a hablar con ellos”, apuntó el líder del PP, en un desayuno informartivo junto a otro de sus presidentes autonómicos, el de la Rioja, Gonzalo Capellán.

Pese a las palabras de Feijóo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera sí fue convocado en diciembre. Pero en el orden del día no se contemplaba la reforma de la financiación autonómica ni la quita de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sino informar sobre los objetivos de déficit y el techo de gasto. La ministra María Jesús Montero explicó que Hacienda repartirá más recursos que nunca entre las comunidades. Todos los consejeros del PP votaron en contra. No ha sido convocada, sin embargo, la Conferencia de Presidentes, pese a la solicitud expresa por carta de dirigentes como Moreno. El 16 de enero, la Junta de Andalucía informó de la última misiva, en la que pedía a Sánchez abordar en dicho órgano “lo que interesa a las comunidades autónomas y recobrar el sentido común para que quien gobierne en España sea el Gobierno de España y no un prófugo de la justicia”, en referencia a Carles Puigdemont.