La denuncia del PSOE a Abascal ante la Fiscalía lo acusa de “incitar al odio e incluso a la violencia”

El PSOE considera que Santiago Abascal ha cometido una “grave quiebra de la convivencia y del orden constitucional”, con “incitación al odio e incluso a la violencia” tras la retahíla de declaraciones que ha profesado las últimas semanas contra Pedro Sánchez. El líder de Vox ha tildado de manera reiterada al presidente del Gobierno de “golpista” y el domingo, como colofón, dijo en una entrevista al diario argentino Clarín, en alusión al secretario general de los socialistas, que ...

El PSOE considera que Santiago Abascal ha cometido una “grave quiebra de la convivencia y del orden constitucional”, con “incitación al odio e incluso a la violencia” tras la retahíla de declaraciones que ha profesado las últimas semanas contra Pedro Sánchez. El líder de Vox ha tildado de manera reiterada al presidente del Gobierno de “golpista” y el domingo, como colofón, dijo en una entrevista al diario argentino Clarín, en alusión al secretario general de los socialistas, que “habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies”.

“Estas declaraciones suponen un paso más en la gravedad de las serias acusaciones que se vienen vertiendo, culminando en la identificación del presidente con un ‘dictador’, mediante la evocación de la imagen de este ‘colgado por los pies’ por ‘el pueblo’, con clara alusión a la muerte del italiano dictador fascista Benito Mussolini el 28 de abril de 1945″, expone el PSOE en la denuncia que ha presentado este miércoles ante la Fiscalía General del Estado y que ha adelantado EL PAÍS. El dictador italiano fue ejecutado sumariamente por un partisano italiano y su cadáver expuesto colgado boca abajo en Milán. “La expresión utilizada tiene una gravedad aún mayor, pues no solo se limita a identificar al presidente, democráticamente elegido, con un dictador, sino que viene a justificar mediante el símil a que, como ocurrió con Benito Mussolini, llegue un momento en el que el pueblo quiera utilizar la violencia contra el mismo”, añade el escrito de 21 páginas y que firma Alberto Cachinero, el representante jurídico del PSOE.

Abascal también ha sido muy activo en la convocatoria de protestas contra las sedes socialistas dentro de su estrategia contraria a la ley de amnistía. El dirigente de Vox incluso ha participado en varias concentraciones ante la sede estatal del PSOE en Madrid, que se siguen produciendo cada noche, aunque con una afluencia cada vez menor y que en su momento álgido reunió hasta a 8.000 personas y derivaron en disturbios por colectivos neonazis y franquistas. Los responsables jurídicos del PSOE entienden que Abascal habría incurrido además en un posible delito por la “discriminación por motivos ideológicos” debido a los ataques “al pensamiento político socialista”. El líder de Vox llegó a sumarse a las protestas de la calle Ferraz con Tucker Carlson, un presentador de EE UU despedido por Fox News y conocido por sus discursos ultraderechistas y la difusión de bulos como el del fraude electoral de 2020 favorables a Donald Trump.

El resultado sería, según los argumentos jurídicos del PSOE, el “señalamiento público de un colectivo, en este caso mediante el ataque a quien lo representa, por razones de carácter ideológico, colocando a este, al PSOE que representa, y sus miembros y afilados, en el centro de ataques fruto de ese señalamiento, como está ocurriendo durante el último mes, especialmente ante la sede del PSOE en la calle Ferraz”. Los socialistas han sufrido actos vandálicos en alrededor de 150 casas del pueblo, según los últimos datos que manejan. En el documento se recuerda que Abascal instó a agentes de la Policía a que “no obedezcan órdenes ilegales” de sus mandos.

El PSOE solicitará a la Fiscalía que se acuerde la apertura de una investigación conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. Y que el Ministerio Fiscal realice las diligencias “que estime pertinentes para la comprobación de los hechos y la determinación de la naturaleza delictiva o no de los mismos y sus autores, así como la calificación jurídica que pueda corresponderles”. Al ser Abascal una persona aforada, por su condición de diputado del Congreso, la competencia para analizar el contenido de la denuncia e incoar diligencias de investigación corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo, explican fuentes del Ministerio Fiscal. Si, tras analizar el contenido de la denuncia, la Fiscalía entiende que hay indicios de delito, practicará las diligencias que estime oportunas para comprobar los hechos y determinar la responsabilidad penal de sus autores. Una vez concluidas las diligencias de investigación, la Fiscalía decidirá si formula denuncia o querella ante el Tribunal Supremo o si, por el contrario, archiva las diligencias incoadas, en el caso de que entienda que no hay indicios de delito.

El equipo jurídico de los socialistas ha concluido que los hechos relatados podrían ser constitutivos de un delito de calumnias o injurias según los artículos 205 y 208 del Código Penal, e incluso podrían ser considerados dentro del delito previsto en el artículo 504, que tipifica como delito especial las injurias, calumnias, y amenazas graves al Gobierno y otras instituciones del Estado. “El Gobierno en España está aboliendo el Estado de derecho, está suprimiendo el Poder Judicial, está asaltando la Constitución”, manifestó Abascal en la entrevista en Clarín.

El escenario más severo para el presidente de Vox es que sus declaraciones pudieran ser susceptibles de un delito de odio por incitarlo contra Sánchez. El artículo 510 del Código Penal regula como delitos las conductas de “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias”, entre otras razones. También de “quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología” y otros factores.

“Incitación directa al odio”

“Estos ataques a nuestros representantes, al presidente y al Gobierno, son como poco una clara incitación directa al odio y la discriminación del pensamiento político socialista representado por el PSOE, como demuestra el acoso que estamos sufriendo en nuestras sedes, mediante la atribución gravemente injuriosa y calumniosa de hechos que dañan su honor, lo que supone una vulneración del derecho a la no discriminación por motivos ideológicos, que no puede ampararse en la libertad de expresión”, argumentan los socialistas.

“Aunque la libertad ideológica y la libertad de expresión protegen la libre expresión de las ideas, incluso rechazables y molestas para algunas personas, en ningún caso tales libertades pueden dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas o grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos, constituyendo por ello, delitos de odio”, alegan los socialistas. “La conducta denunciada es un claro ejemplo de esta motivación discriminadora, porque junto a lo que pudiera estar amparado en la crítica más o menos severa, agria o incluso desagradable por una gestión o una actuación política, tiene un nexo de unión: el ataque por la pertenencia de los afectados a un grupo, que en este caso es aquel que defiende las ideas socialistas, a los que [Abascal] desprecia expresamente [como] ‘zurdos de mierda’ o ‘canallas”, esgrime el equipo jurídico del PSOE en una nueva referencia a la entrevista en Clarín.