El defensor de los instructores del ‘caso Cursach’: “Era esencial conseguir la imputación del juez y el fiscal para hundir la causa”

El abogado defensor del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes están siendo juzgados por presuntas irregularidades en la instrucción del llamado caso Cursach, ha defendido esta mañana que era “esencial” conseguir la imputación de sus clientes para “servir de palanca de socorro y ayuda” en la causa contra Bartolomé Tolo Cursach, el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca, quien resultó absuelto después de que la fiscalía retirara todas las acusaciones. “Había que hundir esta causa para que sirviese de palanca para otra y para eso había que mentir ...

El abogado defensor del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes están siendo juzgados por presuntas irregularidades en la instrucción del llamado caso Cursach, ha defendido esta mañana que era “esencial” conseguir la imputación de sus clientes para “servir de palanca de socorro y ayuda” en la causa contra Bartolomé Tolo Cursach, el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca, quien resultó absuelto después de que la fiscalía retirara todas las acusaciones. “Había que hundir esta causa para que sirviese de palanca para otra y para eso había que mentir y violar lo que hiciera falta”, ha subrayado el letrado durante la vista en los juzgados de Sa Gerreria de Palma. El abogado Javier Barinaga ha apuntado directamente al fiscal que retomó el caso y anuló las acusaciones: Tomás Herranz, ausente de la sala.

Seis de los funcionarios que investigaron el caso Cursach se sientan en el banquillo desde el pasado mes de junio en un caso que está siendo juzgado por la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El exjuez Penalva se enfrenta a una pena de 118 años de cárcel por un delito de revelación de secretos, 15 delitos de detención ilegal, dos de obstrucción a la justicia y dos de prevaricación judicial, mientras que la fiscalía reclama para el exfiscal Subirán 121 años por los mismos delitos. Para los cuatro agentes de la Policía Nacional, las penas solicitadas van de los 83 a los 110 años de cárcel por un rosario de delitos similares. El proceso encara su recta final y está previsto que finalice este viernes con los informes pendientes y el turno de última palabra para los acusados.

El abogado Javier Barinaga ha arrancado su intervención haciendo alusión al informe del fiscal Tomás Herranz, que no ha asistido a la sesión al estar participando en una vista previa por una pieza derivada del caso Cursach, que se celebraba en la Audiencia Provincial. “Ni voy a hablar del Quijote, ni de Aristóteles, ni voy a hacer una tesis de psicología o psiquiatría”, ha dicho en alusión a su intervención. El defensor ha sido duro con el papel del actual fiscal Herranz, a quien ha acusado de basar sus acusaciones en el odio. “Aquí lo que hay en las acusaciones, y no hablo de los letrados, es odio. Toda su actuación está fundamentada en el odio en estado puro, el peor de los delitos”. Barinaga ha defendido su tesis de que se ha intentado tirar por tierra la investigación de Penalva y Subirán con “el vaciamiento absoluto” de varias piezas para servir “de palanca de socorro y ayuda en la causa Cursach”. Ha apuntado al papel del fiscal, a quien ha responsabilizado de retirar pruebas y acusaciones justo antes del inicio del juicio del caso Cursach sabiendo que las acusaciones, restringidas legalmente, se habían adherido a su escrito. “Palma tiene que saber lo que ha pasado en esa causa. Este caso era necesario para vaciar aquello, esa es la verdad”, ha subrayado.

Para la defensa del exjuez y el exfiscal, la absolución de sus clientes tiene que llegar por la declaración de nulidad de buena parte de las pruebas. Y es que el letrado considera que toda la investigación contra Penalva y Subirán es nula porque proviene de un listado de llamadas que se obtuvo de los teléfonos móviles de dos periodistas, cuyo decomiso fue considerado ilegal en dos sentencias. Los inspectores de la Policía Nacional que dirigieron la investigación contra el exjuez y el exfiscal pusieron el foco en uno de los agentes del grupo de blanqueo ahora procesados, porque su número aparecía en esos listados de llamadas. “Eso es lo que determina que se investigue a este agente, un dato obtenido de los listados de los periodistas que fueron declarados ilegales” ha señalado.

Barinaga también ha cuestionado la irregularidad de la incautación del teléfono del agente imputado, puesto que su abogado no estaba presente cuando este entregó las claves del dispositivo móvil. Lo mismo ha alegado en el caso del teléfono de otra de las agentes, en los que se hallaron muchos de los chats en los que los procesados hablaban sobre la causa. “No hay acta de precinto del teléfono de esta agente, es que ni en las películas de Torrente. La finalidad única de su detención era apoderarse del móvil, es que quienes lo hacen no llevan ni preguntas y tienen que llamar a Palma cuando la agente dice que está dispuesta a responder”. El letrado también ha cuestionado la validez de esos mensajes de WhatsApp, al considerar que los chats en los que se desarrollan las conversaciones “son un medio editable” y permiten eliminar palabras que pueden cambiar el contexto de una conversación entera.

El abogado ha repasado el proceder de los inspectores de la Policía Nacional que elaboraron los informes de cargo contra Penalva y Subirán, a los que ha acusado de ocultar “de forma deliberada” que la documentación de buena parte de los documentos que redactaban provenía de las propias acusaciones, y también ha justificado las detenciones en el marco del caso ORA, una pieza derivada que investigaba el presunto amaño del concurso para la adjudicación del servicio de estacionamiento limitado de Palma, y que las acusaciones particulares consideran ilegales en numerosos supuestos. “No hemos detenido un ‘mete saca’ sin presencia de letrado. Todos, todos, todos, todos los detenidos han tenido presencia de letrado desde el minuto uno, a todos se les leen sus derechos y saben por qué están allí” ha insistido el abogado, quien ha defendido que existían “sospechas fundadas” de un posible amaño del concurso público de la ORA.