El nuevo presidente suplente del Poder Judicial incumple la Ley al no renunciar aún a sus cargos privados

La legalidad del nombramiento del abogado y catedrático de Derecho Civil Vicente Guilarte como presidente sustituto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está siendo puesta en cuestión por el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces, en vista de que no ha entregado documento acreditativo alguno de que haya renunciado a sus trabajos privados para asumir, como él mismo se comprometió, el régimen de inco...

La legalidad del nombramiento del abogado y catedrático de Derecho Civil Vicente Guilarte como presidente sustituto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está siendo puesta en cuestión por el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces, en vista de que no ha entregado documento acreditativo alguno de que haya renunciado a sus trabajos privados para asumir, como él mismo se comprometió, el régimen de incompatibilidades inherente a dicho cargo. Ante la falta de renuncia formal a las actividades privadas que Guilarte realiza como letrado y catedrático, dicho grupo solicitó ayer que no tuviera lugar la prevista reunión de la comisión permanente del Consejo, por entender que no puede convocarla quien no ejerce válidamente la presidencia, al no haber cumplido todavía el requisito de renunciar a trabajos privados incompatibles con el ejercicio del cargo.

En paralelo, Guilarte ha presentado un informe del también vocal del Consejo Enrique Lucas, con el fin de someterlo a la consideración del pleno, que se reúne este martes. El debate reabierto en el Poder Judicial es si su presidente por sustitución puede llevar a cabo las funciones del cargo manteniendo total o parcialmente sus actividades privadas como jurista y docente. Guilarte asumió por edad el cargo tras jubilarse el pasado día 19 su antecesor, Rafael Mozo, que lo ejerció también como sustituto del dimitido expresidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, quien renunció el pasado 9 de octubre ante la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde 2018.

La renuncia de Guilarte a sus actividades privadas figura asumida explícitamente por este abogado entre los acuerdos del pleno del pasado día 19. EL PAÍS intentó ayer reiteradas veces ponerse en contacto con el presidente suplente del Consejo para preguntarle por esta circunstancia. Por mensaje, Guilarte calificó de “absurdo” que se resista a abandonar dichas actividades y añadió: “mañana (por hoy) a primera hora decidiremos definitivamente”.

El informe de Enrique Lucas lleva fecha del pasado sábado, 22 de julio, un día antes de las elecciones. Previamente, en el último pleno que presidió Rafael Mozo, se incluyó un punto del orden del día consistente en que Guilarte aclarase si aceptaba el cargo asumiendo a la vez el compromiso de cumplir con su régimen de incompatibilidades. En realidad, no llegó a haber debate porque el nuevo presidente suplente manifestó su asunción de dicha previsión legal. No obstante, en la mañana de ayer se replanteó la discusión ante la falta de acreditación documental de tal renuncia. En su lugar, el informe de Enrique Lucas, realizado en su condición de catedrático de derecho constitucional y administrador civil del Estado, estima que cabe apreciar la existencia de dos fases en el ejercicio de la presidencia por suplencia encomendada a Guilarte, por ser el vocal de mayor edad.

Sostiene el informe que “ningún impedimento legal existe para que el vocal suplente” ejerza “las atribuciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial aunque no tenga dedicación exclusiva”, en determinadas condiciones. Tales circunstancias son que deje constancia de que “actúa en esa calidad de suplente en virtud del llamamiento que haya recibido de una norma, de la decisión del superior jerárquico o, como en este caso, del acuerdo plenario”, es decir, del pleno del Poder Judicial.

Ahora bien, considera el informe que la suplencia asumida por Vicente Guilarte como vocal de mayor edad en el Consejo “tendría dos fases o etapas”. La primera —añade— “se inició el 20 de julio, tras la jubilación la víspera del anterior vocal suplente y, la segunda, comenzaría en la fecha que el pleno fijara para su adquisición de la condición de miembro de la comisión permanente”. La distinción es relevante por cuanto de acuerdo con esta tesis “el régimen retributivo y de incompatibilidades durante la primera (fase) es y será el mismo que tiene (Guilarte) desde que accedió al Consejo como vocal adscrito a la comisión disciplinaria”. Por tanto, sería “a partir de la fecha de su efectiva incorporación en la comisión permanente” cuando “se le daría de alta en la nómina y tendría los derechos y obligaciones derivadas de este cargo, incluidas las incompatibilidades aplicables al mismo”.

Pero añade una nueva consideración que el sector progresista del Consejo rechaza de plano. Se trata de subrayar que durante la primera etapa, “y al margen de que se llegue a materializar la segunda, el hecho de que el vocal Vicente Guilarte no sea miembro de la comisión permanente no es óbice para que presida sus sesiones”. En refuerzo de este criterio, Enrique Lucas destaca que el presidente del Consejo al que han sustituido primero Mozo y luego Guilarte no era vocal, sino que fue elegido directamente para ejercer la presidencia, y sin ocupar vocalía alguna presidió la permanente.

Vistas las discrepancias sobre el estatus jurídico de la presidencia por suplencia, y sus derivaciones sobre retribución e incompatibilidades, el pleno que hoy martes celebrará el Consejo se presenta controvertido. En medios del Poder Judicial se estima que las distintas visiones sobre la reorganización de la presidencia tienen mucho que ver con el resultado electoral del pasado domingo. Según dichas fuentes, el sector conservador alentaba la idea de que se abriera ahora una etapa en la que, tras una victoria del PP con posibilidades de gobernar, el Consejo recuperaría sus funciones y podría empezar a realizar nombramientos de cargos clave en el organigrama judicial.

Sin embargo, el resultado del 23-J hace difícil prever si la situación de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces se va a mantener más o menos tiempo. El grupo conservador querría que Guilarte siga en la presidencia, pero el interesado, a su vez, tiene dudas sobre las condiciones en que podría ejercerla, sobre todo si se prolonga y le obliga a una larga etapa sin dedicarse a su labor de abogado y su tarea docente. El bloque progresista, a su vez, no quiere que el nuevo presidente suplente siga sin aceptar plenamente las incompatibilidades del cargo. Este grupo alberga la sospecha de que en esta etapa se pretenda renovar la comisión permanente —que ejerce las funciones esenciales del Consejo— y se forme un núcleo afín a Guilarte sin que el presidente suplente asuma a su vez dichas incompatibilidades.