Un fondo alemán desahuciará a 16 familias en Ibiza tras comprar el edificio para explotarlo en temporada

“Me marcho en noviembre porque no quiero alargar la agonía”. Emma, de 47 años y madre de dos hijos, ha planificado regresar a su ciudad de origen en la península después de décadas viviendo en Santa Eulària (Ibiza). Dejará a sus dos hijos a cargo de su padre y de los abuelos paternos en la isla. La suya es una de las 16 familias que tendrá que dejar su vivienda en los próximos meses después de que un fondo de origen a...

“Me marcho en noviembre porque no quiero alargar la agonía”. Emma, de 47 años y madre de dos hijos, ha planificado regresar a su ciudad de origen en la península después de décadas viviendo en Santa Eulària (Ibiza). Dejará a sus dos hijos a cargo de su padre y de los abuelos paternos en la isla. La suya es una de las 16 familias que tendrá que dejar su vivienda en los próximos meses después de que un fondo de origen alemán comprara el año pasado el edificio en el que se ubican sus hogares. Hace diez días, los residentes del bloque de pisos de la calle Sol de esta turística localidad costera recibieron una carta en la que se les notificaba que la propiedad no tiene intención alguna de renovar sus contratos de alquiler una vez hubieran vencido y que tendrán que abandonar las viviendas a medida que finalizaban. La propiedad no les ha dado la posibilidad de prorrogarlos, ni tampoco de incrementar su cuota de alquiler a cambio de poder quedarse: simplemente se tienen que marchar. Un vecino lleva 13 años viviendo allí, el que menos, y otro hasta 38, el que más.

Detrás de la operación, los vecinos creen que se esconde la intención del fondo alemán de trocear los pisos, para hacerlos más pequeños y alquilarlos a trabajadores que llegan a Ibiza para hacer la temporada, lo que a la larga le generará una mayor rentabilidad económica. Eso, al menos, es lo que ha pasado en un par de pisos ya adquiridos por esta sociedad alemana, donde los inmuebles han sido reformados para pasar de ser pisos de tres habitaciones a convertirse en pequeños apartamentos por los que cobran 1.900 euros al mes de alquiler. “Este entramado de empresas ha comprado más propiedades en la isla y está expulsando a los residentes de toda la vida de sus hogares. Creemos que lo que pretenden es reformar las viviendas y hacerlas más pequeñas para obtener una mayor rentabilidad”, afirma Daniel Granda, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera.

Los contratos finalizan entre octubre de este año y noviembre del año que viene y encontrar una salida a la situación es complicada, sobre todo por el estado que atraviesa el mercado del alquiler en la isla, con precios totalmente desorbitados, donde un piso de similares características en la misma zona no baja de los 2.000 euros al mes. Santa Eulària, de hecho, fue el año pasado la localidad española de más de 2.500 habitantes con la vivienda más cara de todo el país, según datos del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que situó el metro cuadrado en venta por 4.400 euros. Unos precios de compraventa que tensionan el escaso mercado del alquiler de larga duración, prácticamente inexistente en los portales inmobiliarios de búsqueda más habituales. Los inquilinos de la calle Sol pagan actualmente rentas que rondan los 800 euros por pisos de tres habitaciones, una quimera en toda Ibiza. “Aquí se están pagando 800 euros por una habitación compartida, es imposible encontrar una alternativa justa” lamenta Granda.

Los vecinos creen que la antigua propiedad del edificio, herederos de un gran tenedor ibicenco, jugó sucio puesto que no les ofreció la posibilidad de comprar las viviendas antes de vendérselas al fondo alemán. “Cuando renovamos los contratos la última vez, ya estaba apalabrada la venta del edificio” cuenta otra de las residentes. Emma lleva 22 años residiendo en el bloque y su contrato finaliza en septiembre del año que viene. Ha estado mirando el mercado del alquiler y buscando alternativas en los últimos días, pero no ha encontrado nada que pueda pagar para vivir junto a sus dos hijos, por lo que ha tomado la decisión de regresar a su ciudad de origen y empezar de nuevo. “Me voy porque no tengo nada a lo que agarrarme para vivir y lo haré este noviembre porque no quiero alargar la agonía, ese dolor de cabeza extra prefiero evitarlo, el final es que nos tenemos que ir”, dice derrotada.

Ella tiene la posibilidad de marcharse, pero otros muchos vecinos no. Entre los residentes hay una mujer mayor que vive de una paga por haber perdido la visión en un ojo; hay familias con bebés recién nacidos y algunos jubilados. Otra de las vecinas, que tiene una discapacidad y lleva 13 años viviendo en el inmueble, lamenta que todos los residentes son “gente de la isla y trabajadora” que no tiene ninguna alternativa para solucionar la situación, porque muchos no pueden dejar su trabajo para empezar de cero en su lugar de origen y otros son ibicencos y no tienen ningún otro sitio al que ir. “Los pisos se han vendido de uno en uno, no en bloque, y nosotros nos hemos enterado un año después” lamenta.

La situación del mercado de alquiler en Ibiza se ha agravado aún más en los últimos años. En un rápido vistazo a los principales portales inmobiliarios apenas se anuncian 400 viviendas de alquiler en la isla y la mayoría de ellas publicitan arrendamientos de temporada o solo durante los meses de invierno. El primer inmueble que se alquila para todo el año lo hace a un precio de 1.350 euros y es un apartamento de 58 metros cuadrados. La situación es grave tanto para los residentes que viven todo el año como para los trabajadores de temporada, condenados a compartir viviendas con habitaciones que rara vez bajan de los 700 euros al mes. Colectivos como el personal sanitario, guardias civiles, policías nacionales o profesores llevan años denunciando los problemas para encontrar una vivienda digna cuando son enviados a trabajar a la isla.

Con pancartas en las que rezaban frases como “Hoy somos nosotras, mañana serás tú” o “Más vivienda social, menos de lujo”, los residentes han salido a la calle esta semana para que los vecinos del pueblo conozcan la situación que atraviesan. “Hemos decidido hacerlo público para que la propiedad vea que estamos organizados y se sienten a renovar los contratos” dice Granda, que destaca la solidaridad que existe entre todos los vecinos del edificio, que después de tantos años son “como una familia”. Y Emma concluye: “Quizás no se pueda solucionar lo nuestro, pero puede que sirva para otros que vengan detrás y se vean en la misma situación”.