Una semana de engaños en campaña

Envuelto todavía en la euforia tras su cara a cara con Pedro Sánchez, el candidato Alberto Núñez Feijóo denunció en su mitin del miércoles en Alicante las “mentiras del sanchismo” y reflexionó sobre el valor de la verdad: “Mentir sobre los temas mollares, sobre la columna vertebral de una nación, es una mentira que no tiene perdón”. Solo un minuto después de proclamar esta sentencia inapelable, el aspirante atacó al Gobierno por su intromis...

Envuelto todavía en la euforia tras su cara a cara con Pedro Sánchez, el candidato Alberto Núñez Feijóo denunció en su mitin del miércoles en Alicante las “mentiras del sanchismo” y reflexionó sobre el valor de la verdad: “Mentir sobre los temas mollares, sobre la columna vertebral de una nación, es una mentira que no tiene perdón”. Solo un minuto después de proclamar esta sentencia inapelable, el aspirante atacó al Gobierno por su intromisión en otros poderes del Estado: “Si tú controlas el Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo va a actuar el Consejo con independencia para dictar sentencia conforme a las leyes que se aprueban en las Cámaras?”. El público aplaudió.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al contrario de lo que sugirió Feijóo, está controlado desde 2013 por una mayoría absoluta de vocales conservadores elegida por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y aceptada por el PSOE. Esa mayoría lleva casi cinco años con el mandato caducado ante el veto a la renovación que aplica el PP, sin cuyos votos es imposible el cambio.

Cuando en 2018 hubo un principio de acuerdo entre Pablo Casado y Pedro Sánchez para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el candidato pactado para presidir el CGPJ y el Supremo, el magistrado Manuel Marchena, renunció al puesto tras conocer que el PP presumía de haberle colocado ahí para controlar “por la puerta de atrás” la sala encargada de investigar a políticos corruptos.

El actual Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora ha aprobado numerosos informes —“sentencias”, según la definición errónea de Feijóo— sobre proyectos de ley tramitados por el Gobierno. El último informe, que salió adelante por unanimidad en marzo pasado, respaldaba la Ley Orgánica Integral contra la Trata y Explotación de Seres Humanos con ponencia compartida por una vocal elegida por el PP y otra por el PSOE.

La denuncia de Feijóo sobre el supuesto control del Poder Judicial por parte del PSOE no es la única información manipulada que circula por la campaña electoral. Hay exageraciones o verdades a medias que los candidatos desparraman en entrevistas, mítines o debates. El partido favorito en las encuestas (PP) utiliza a veces la desinformación contra el partido en el Gobierno (PSOE) y este recurre en ocasiones al engaño para defenderse.

Lo que sigue es un resumen de algunas “mentiras mollares sobre la columna vertebral de la nación” que han colonizado la campaña del 23-J:

Pensiones: de la congelación que sí votó Sánchez al no del PP a la revalorización

Sánchez y Feijóo se enredaron en el cara a cara del lunes a cuenta de las pensiones. El candidato del PP le afeó que votara como diputado del grupo socialista en el Congreso el decreto ley de 2010 que suspendía la revalorización de las pensiones contributivas para 2011. Sánchez contestó que era mentira, pero las actas del Congreso acreditan que sí voto a favor de la congelación de pensiones contributivas que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en plena crisis económica.

Feijóo presumió de que su partido siempre había votado a favor de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y el debate se convirtió en trifulca.

— Sánchez. “Pero si ustedes siempre han votado en contra”.

— Feijóo. “¡Ay, Dios mío! Pero, señor Sánchez, ¿qué le pasa ahora? Hemos votado a favor del incremento de las pensiones (…) ¿Pero por qué le molesta tanto el que nosotros hayamos votado a favor de la revalorización de las pensiones? No me diga que usted no lo sabe. Mire, revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, garantía de la sostenibilidad de las pensiones y desde luego no tomarle el pelo a los pensionistas”.

El candidato Feijóo defendió con vehemencia que su partido votó sí. Pero en realidad votó no a la ley que desarrolló el acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo formalizado en noviembre de 2020 por todos los grupos, entre ellos el PP. La comisión parlamentaria aprobó la siguiente recomendación: “Mantenimiento del poder adquisitivo mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y financiero del sistema”.

Aquel acuerdo dejaba en papel mojado la reforma de las pensiones de 2013, aprobada por el PP en solitario, donde no se garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, pues vinculaba la evolución de las percepciones a los ingresos y gastos del sistema, de manera que cuando hubiera déficit no se podría subir por encima del 0,25%. Si la inflación era superior a ese índice, los pensionistas perdían poder adquisitivo cada año.

El Congreso de los Diputados aprobó a finales de 2021, con el voto en contra del PP, la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, cuyo artículo principal establecía lo siguiente:

“1. Las pensiones contributivas de la Seguridad Social mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta ley.

2. A estos efectos, las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

3. Si el valor medio al que se refiere el apartado anterior fuera negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año”.

El Partido Popular se opuso a esta reforma en los plenos del Congreso y el Senado celebrados en diciembre de 2021, a escasos meses de que Feijóo asumiera el liderazgo de la formación conservadora. El diputado del PP Tomás Cabezón Casas, ponente de su grupo en la tramitación de la Ley, lo explicó así: “No podemos apoyar esta reforma. No lo vamos a apoyar porque debilita la sostenibilidad de las pensiones, ataca al futuro de los jóvenes y es contraria a lo que España necesita”. Nueve meses después, el PP respaldó en el Senado una moción del PSOE para “reiterar el apoyo” a la ley que los mismos populares habían rechazado en las dos Cámaras en diciembre de 2021 por no garantizar la sostenibilidad del sistema.

La quiebra de Cajamadrid y del “consejero Sánchez” que nunca lo fue

Núñez Feijóo sugirió que Pedro Sánchez había tenido parte de culpa en la quiebra de Cajamadrid dado que fue consejero de esta entidad bancaria. Y que el principal responsable del fiasco de las cajas fue el PSOE porque gobernaba aquellos años y desde el Banco de España no se hizo nada para evitar el desmoronamiento.

El rescate multimillonario de Bankia —resultado de la fusión de Cajamadrid con Bancaja y otras cinco cajas menores— se produjo bajo la presidencia de Rodrigo Rato, al que el PP de Mariano Rajoy situó en 2010 al frente de esa entidad financiera tras forzar la salida de Miguel Blesa, que a su vez había sido colocado a dedo por su amigo José María Aznar 14 años antes.

El PP siempre tuvo mayoría en el consejo de administración de Cajamadrid. Los dos presidentes que Aznar y Rajoy designaron al frente de la entidad acabaron procesados y condenados por distintos delitos. Blesa se quitó la vida en una cacería meses después del juicio donde le impusieron seis años de prisión y Rato pasó casi dos años en la cárcel y está procesado en otra causa por su gestión en Cajamadrid.

Pedro Sánchez nunca perteneció al consejo de administración de Cajamadrid. Como concejal socialista de Madrid, junto a otros ediles de su partido, del PP y del resto de formaciones representadas en los ayuntamientos, formó parte de la Asamblea General de Cajamadrid (320 miembros) entre 2004 y 2009. Este órgano se reunía dos veces al año y carecía de competencias de gestión.

El PP intenta atacar desde 2015 a Sánchez, lo saca en las distintas campañas y en determinados debates, recordando la participación del líder socialista en ese órgano de Cajamadrid que Feijóo confunde con el consejo de administración.

Los apoyos a los pactos de Estado contra la violencia de género: de la abstención de Podemos en 2017 al no de Vox en 2021

Sánchez y Feijóo lideran dos partidos que han firmado siempre el pacto de Estado contra la violencia de género. Sus discrepancias tienen que ver, entre otros aspectos, con la postura que adoptan ante este problema los partidos que apoyan al PSOE y al PP en distintos gobiernos.

Núñez Feijóo quiso destacar en su debate con Sánchez que Podemos no apoya el Pacto de Estado contra la violencia de género, evitando referirse a Vox, el único partido que ha votado contra un Pacto de Estado en esta materia.

Feijóo no habló de ninguna fecha concreta, aunque hay dos pactos de Estado aprobados en los últimos seis años. El 28 de septiembre de 2017, con Gobierno del PP, se impulsó uno en el que Podemos, ya con representación en el Congreso, se abstuvo. “Este pacto aporta cosas, pero no son suficientes y además carece de un compromiso económico tangible y un calendario que garantice su aplicación”, señalaron los dirigentes de Podemos. Vox no consiguió ningún escaño en las elecciones generales de 2015.

Cuatro años después, el 25 de noviembre de 2021, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, todos los grupos parlamentarios excepto Vox firmaron la renovación del pacto de Estado de 2017, con 200 medidas y 1.000 millones de presupuesto en cinco años.