Un informe de Guardia Civil sugiere investigar posibles irregularidades en cuatro convenios urbanísticos en Maracena

El secuestro en febrero de este año de Vanessa Romero, concejal socialista de Maracena (Granada, 22.293 habitantes), ha derivado en tres investigaciones diferentes. La retención ilegal en sí misma, por la que hay un detenido en prisión provisional desde entonces. En segundo lugar, una investigación en la Sala Penal del Tribunal Superior Andaluz para que determine si se debe investigar una posible implicación en el secuestro del...

El secuestro en febrero de este año de Vanessa Romero, concejal socialista de Maracena (Granada, 22.293 habitantes), ha derivado en tres investigaciones diferentes. La retención ilegal en sí misma, por la que hay un detenido en prisión provisional desde entonces. En segundo lugar, una investigación en la Sala Penal del Tribunal Superior Andaluz para que determine si se debe investigar una posible implicación en el secuestro del ex número tres del PSOE andaluz, Noel López; la ahora alcaldesa maracenera en funciones, Berta Linares; y el concejal de Urbanismo y mano derecha de ambos, Antonio García Leyva. Finalmente, la tercera investigación es una pieza separada para determinar si los dirigentes socialistas municipales cometieron presuntos delitos urbanísticos. Esta pieza se deriva de un informe de la Guardia Civil que, a pesar de concluir que la documentación en poder judicial “no es suficiente para determinar la existencia de irregularidades en su tramitación por parte del Ayuntamiento”, sugiere que esos documentos deben analizarse en contexto con el secuestro y la declaración de la secuestrada, por lo que “se desprende que en los siguientes casos puede haber irregularidades”. A continuación, el informe enumera cuatro convenios o acuerdos urbanísticos.

Romero fue secuestrada en su propio coche y, cuando se liberó, los agentes encontraron en él una importante cantidad de documentos —15 carpetas y 17 documentos sueltos― que la entonces edil llevaba porque consideraba que reflejaban irregularidades cometidas por el equipo de gobierno anterior y el del momento del secuestro. El juez que investigaba el secuestro ordenó a la Guardia Civil que hiciera un informe para valorar si los papeles revelaban algún tipo de irregularidad. Un agente revisó los folios, la declaración de la secuestrada en dependencias policiales y su testimonio ante el juez. Su informe, adelantado por el diario Granada Hoy y al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que la documentación estudiada contiene papeles sobre hasta cinco procedimientos judiciales en marcha que enfrentan al Ayuntamiento y diferentes empresas, así como de otros casos en los que el investigador determina que se ha pagado demasiado; no se han licitado las obras; no se han realizado los trámites urbanísticos adecuados u otros documentos de pagos; o se ha permitido la construcción de una gasolinera sin los permisos adecuados o concediendo la licencia sin que se dieran las condiciones oportunas.

El informe de la Guardia Civil incluye el caso de la gasolinera entre los cuatro casos de presuntas irregularidades sin haber leído un solo papel del expediente porque, según se reconoce, ”no se encuentra entre los documentos hallados en el maletero del vehículo”, pero “es parecer del instructor que este pudiera ser el expediente nuclear, el verdadero origen de toda la problemática surgida en el Ayuntamiento”. La motivación del redactor del informe para darle tan alta consideración se justifica en cinco puntos: que el exalcalde pudiera tener interés en aprobar su instalación a pesar de todo porque estaba siendo chantajeado con un presunto video que lo perjudicaba; que como Romero se negó a firmar el visto bueno para la gasolinera la quitó del cargo y nombró a Berta Linares concejal de Urbanismo; que había rencillas entre Linares y Romero porque esta última no iba a repetir en la lista electoral; que el posterior nombramiento de Linares como alcaldesa era un modo del exregidor de asegurarse la aprobación de la infraestructura y que Linares accedió a ser alcaldesa para apoyar a López, compañero de política y su primo.

A la vista de este informe policial, basado más en las declaraciones de Vanessa Romero que en los documentos, López, que la semana pasada decidió apartarse temporalmente de su cargo como secretario de organización del PSOE-A hasta que el juez determine su inocencia o culpabilidad, ha anunciado la presentación de “una querella por calumnias y denuncia falsa [contra la exedil] en cuanto lo permita el proceso judicial, al igual que a cualquier medio que difunda la información”.

El informe de la Guardia Civil añade a la gasolinera la previsión de irregularidades en otros tres casos urbanísticos. La concesión de una ayuda “de cinco millones de euros sin estudio de viabilidad” a la empresa que gestiona un gimnasio municipal, Go Fit SL; la adjudicación de la construcción de un centro de salud y un centro de participación activa a una empresa sin licitación previa y con valoraciones que “pudieran ser excesivas”; y el permiso de actividad a una persona que “desarrolla una actividad donde no puede desarrollarla, ni el trámite es el adecuado”. Finalmente, sugiere también que se investigue lo ocurrido con un expediente que pretende, aparentemente, asignar una cantidad mensual a “coordinadores del grupo municipal” porque, según el agente instructor, es una figura en “fraude de ley”.

En definitiva, esa conclusión del guardia instructor sobre esa asignación dineraria y los cuatro casos urbanísticos son los que han llevado al juez de Instrucción Número 5 de Granada a abrir una pieza separada. Antonio García Leyva, concejal de Urbanismo a quien también se ha pedido investigar por parte del TSJA, ha declarado a EL PAÍS que se sienten “indefensos porque el caso está creciendo en base a declaraciones del secuestrador y de Romero”. “Nos sentimos en completa indefensión y en pleno linchamiento mediático. Cada día se desmienten acusaciones contra nosotros y eso no aparece”, ha insistido. Se refiere, por ejemplo, al informe toxicológico ordenado por el juez que determinaba que el secuestrador no había consumido cocaína como él mismo había indicado en una declaración previa. “Este informe se pidió en el marco de la investigación y se abrió el sumario justo antes de las elecciones. Curiosamente, el resultado del informe es del lunes posterior”, explica García Leyva, que considera que quizá hubiera sido más oportuno abrir el sumario tras conocer el resultado toxicológico.

Este diario ha intentado hablar con Noel López que ha declinado hacer declaraciones hasta que no haya dado su testimonio ante el juez. El intento de hablar con la alcaldesa en funciones ha sido también infructuoso por las mismas razones. Sin embargo, Berta Linares ha emitido este martes también un comunicado en el que ha pedido “auxilio a la justicia ante el linchamiento mediático”.

“Declarar lo antes posible”

Linares ha rogado que “se llame a declarar lo antes posible”. “Que se exponga que fui yo la que dije a la Guardia Civil desde el primer momento cuándo lo vi y dónde, además que la propia benemérita me pidió que contactase con él, y que fue eso lo que llevó al dispositivo a detenerlo en Maracena”, ha dicho Linares. La alcaldesa en funciones se refiere a la emisión de un video de unas cámaras de seguridad que la sitúan junto al secuestrador en un momento en el que el secuestro estaba activo aunque el delincuente, entonces su pareja, había dejado a la concejal atada en el maletero del coche en una local de Armilla (Granada) y él había vuelto a Maracena a comprar material en una ferretería.

En un pleno municipal tras el secuestro, Linares insistió en que no había visto al secuestrador, algo desmentido por las cámaras. Sin embargo, ella asegura que tanto su abogado como la Guardia Civil le aconsejó entonces que silenciara cualquier detalle concreto sobre si había visto o no a su ya expareja. “Fui preguntada en un pleno municipal, y en la última rueda de prensa a los medios, y respondí públicamente que lo que tenía que decir al respecto ya se lo dije a la Guardia Civil, y que no podía hablar sobre ello”. La alcaldesa ha explicado que acusarla de algo “tan grave” solo por respetar las recomendaciones de la Guardia Civil y de su abogado “es injusto”, ya que está provocando un verdadero “ensañamiento” que está afectándole “no solo políticamente”, sino también a “su entorno familiar”. “Por eso pido auxilio a la Justicia, para que acelere la resolución de esta pesadilla que tanto nos está afectando, y se examinen de forma objetiva los hechos, que a día de hoy las diversas actuaciones en la instrucción están desmontando las declaraciones de mi expareja, revelando que son falsas todas esas acusaciones”, ha puntualizado. Linares, como también ha dicho Noel López, ha asegurado que el daño ya es irreparable, y solo la diligencia de la Justicia puede evitar que sea peor.