La vida de los expresidentes: qué cobran y qué derechos tienen en cada comunidad autónoma

El próximo 28 de mayo se decide el futuro de 12 de los actuales presidentes autónomicos. La misma noche electoral o, si el Gobierno resultante sale de un pacto las horas o días siguientes, varios mandatarios pasarán a la historia. Su s...

El próximo 28 de mayo se decide el futuro de 12 de los actuales presidentes autónomicos. La misma noche electoral o, si el Gobierno resultante sale de un pacto las horas o días siguientes, varios mandatarios pasarán a la historia. Su situación como expresidentes variará enormemente según la comunidad de la que se trate, porque cada territorio autonómico tiene potestad para decidir qué beneficios concede a sus anteriores jefes del Ejecutivo. Los hay que les ofrecen cesantías —un sueldo durante un tiempo—, suplementos a las pensiones, oficinas dotadas con personal, conductor y coche oficial; otros, en cambio, no les conceden ninguna regalía más allá del reconocimiento protocolario y escolta a quienes en el pasado han ostentando el cargo de mayor rango en su territorio.

Tan solo en Canarias y en el País Vasco existe el concepto de indemnización por cese, que equivale a solo un mes de sueldo. Más común es tener derecho a una asignación durante meses o años tras el cese. En Andalucía, los expresidentes, exvicepresidentes y exconsejeros tienen derecho a cobrar un 80% de su sueldo durante tantos meses como estuvieran en su cargo, con un límite de dos años. En Cataluña, el expresidente cobra el 80% del sueldo durante la mitad del tiempo de su mandato y, como mínimo, durante cuatro años. En Navarra, igual, pero con un máximo de dos años. Ese mismo máximo es el tiempo que lo pueden cobrar los exmandatarios de Galicia, pero solo perciben el 60% de su salario.

En el lado contrario, aquella comunidades autónomas donde los expresidentes no tienen derecho a ninguna retribución o indemnización económica por el cese en su actividad son: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Madrid y Canarias.

Más frecuente es que los expresidentes cuenten con una oficina, con personal de apoyo a su cargo o con vehículo oficial, además de escoltas en muchos casos. En Cataluña, el expresident tiene derecho a una oficina (o, dependiendo de su situación personal, ayudas para su atención por dependencia, como ocurre con el caso de Pasqual Maragall). La partida anual para pagarlas es de 250.000 euros y cada oficina hace una memoria pública a final de cada año donde declara en qué se gastó el dinero. Cuentan así con local (solo José Montilla tiene el suyo fuera de un edificio público de la Generalitat), un director de oficina (que gana un sueldo de más de 100.000 anual) y chófer. Disfrutar de esa oficina es compatible con tener otro trabajo, informa Camilo S. Baquero.

En Andalucía, reciben medios personales, materiales y presupuestarios para sostener una oficina, aunque solo la expresidenta Susana Díaz goza de esta regalía, en concreto una persona de apoyo administrativo. Extremadura paga tres puestos de trabajo de apoyo, además de un vehículo oficial, un beneficio de que disfrutan el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el popular José Antonio Monago, que asignan a este personal sus cometidos. En la Comunidad Valenciana, los exmandatarios cuentan con dos asesores. Los expresidentes Francisco Camps y Alberto Fabra, ambos del PP, disponen de despacho, personal de apoyo, coche y conductor. En Canarias, estos beneficios están legalmente previstos, pero nunca se han desarrollado legalmente y ningún expresidente opta a ellos.

“Casi nadie pone en duda que determinados exdirigentes (así, los expresidentes del Gobierno) deben mantener una cierta infraestructura pública a su servicio”, señala el catedrático de Ciencia Política Benigno Pendás, que matiza: “El problema surge respecto de niveles inferiores, cuyo estatus no siempre justifica tales privilegios”. Para el también académico y presidente del Consejo de Estado, no existe la posibilidad jurídica de unificar en una norma estatal estos beneficios, que son potestad autonómica. “Por eso la solución tiene que ser política”, precisa. “Sería positivo que se informe sobre quiénes renuncian”, apela, como manera de evitar un “lógico malestar” por esta cuestión, que percibe “muy extendido en todos los ámbitos ideológicos”.

Tanto en Galicia como en Comunidad Valenciana y en Castilla y León los expresidentes son considerados consejeros natos del consejo consultivo de su comunidad, como ocurre con el exmandatario castellanoleonés Juan Vicente Herrera, aunque al menos en el caso gallego hay que renunciar a los sueldos públicos para beneficiarse de ellos. Para optar a un cargo público en Cataluña, una vez se cesa, hay que renunciar a todas las regalías.

Otro beneficio es un suplemento a las pensiones, que en Cataluña es del 60% del sueldo y es heredable por la viuda o los huérfanos (50% en esos casos), y también es del 50% en el País Vasco.

Recibir estas cantidades y prestaciones puede ser “beneficioso o contraproducente para la calidad de la instituciones”, señala Marcos Vaquer, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, que apunta a que dependen de cómo se configuren. “Si es proporcional a la responsabilidad ejercida y hay limitaciones para evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias después del cese me parecen totalmente justificada”. Si no, especifica Vaquer, “se trata de un privilegio injustificado”. Y enfatiza: “Hay que ser ejemplar y transparente en la aplicación de las prohibiciones y limitaciones para ciertas actividades después del cese, lo que por desgracia no siempre ocurre en España”.

En el caso de los expresidentes del Gobierno, en el Real Decreto 405/1992 del 24 de abril se regula su estatuto. Como exjefes del Ejecutivo, gozan del derecho a una indemnización por cese durante dos años que corresponde con el 80% de su sueldo, y que es incompatible con otras remuneraciones. Y disfrutan de un salario vitalicio que se consigna cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy perciben este 2023 unos 75.000 euros según las cuentas anuales, mientras que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, gana 90.010 por su desempeño activo en el cargo.

Ejemplaridad y transparencia

Este tipo de percepciones tienen sentido para compensar aquellos políticos que, tras cesar, no recuperan un empleo anterior, apunta Giselle García Hípola, profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada. Antes, abundaban los políticos “que eran funcionarios y retomaban su puesto en propiedad al dejar la política activa”, pero esto ya no ocurre tanto, aclara la investigadora. “Si los partidos políticos son los que deben reclutar a los mejores pero no solo los exponen al desgaste público y al desprestigio, sino que además no se ofrecen sueldos competitivos, ¿cuáles son los incentivos de dedicarse a la política y dejar el sector privado?”, plantea García Hípola, una cuestión que surge con frecuencia en sus clases de Ciencias Políticas.

Habría que regular estas regalías y evitar tantas desigualdades por territorios, enfatiza el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III Javier Lorenzo. “Al igual que es necesario una pirámide salarial en función de la responsabilidad, debe existir una jerarquía en estos incentivos y en las condiciones de salida, así como especificar determinadas condiciones en función del cargo desempeñado. No tiene sentido que un alcalde tenga más salario que el presidente de Gobierno o que la incompatibilidad de un director general de una comunidad autónoma sea mayor que el de una empresa pública estatal”, especifica. El experto cree que debería existir una regulación del sistema de pensiones añadidas al puesto desempeñado y que estas no deberían acumularse cuando se ha ejercido más de un cargo.

En otros países y en la UE

Los altos cargos (presidencia de la Comisión Europea, el Consejo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) tienen derecho a cobrar una indemnización transitoria mensual durante los mismos meses que años han ejercido el cargo. No obstante, hay dos límites: nunca menos de seis meses ni más de dos años. La prestación se situará entre el 40% y el 65% del sueldo percibido, según el tiempo que haya estado desempeñando el cargo (de menos de dos años a 15 años o más). Informa Manuel V. Gómez.

En Alemania, los excancilleres tienen derecho a despacho, personal y chófer, y siguen recibiendo su sueldo íntegro —en el caso de la última, Angela Merkel, unos 35.000 euros mensuales— durante el primer trimestre tras abandonar el cargo. Después perciben la mitad de esa cantidad durante un periodo de transición de 21 meses, y al terminar les corresponde una pensión que en su caso ronda los 15.000 euros. El año pasado el Parlamento alemán decidió retirarle la oficina y el personal al excanciller Gerhard Schröder, conocido cabildero de Vladímir Putin; Schröder ha denunciado la retirada de la oficina. Los exministros del Gobierno continúan recibiendo su sueldo íntegro los tres meses siguientes, aunque solo hayan estado en el cargo un día; después se queda en la mitad durante al menos seis meses y hasta un máximo de dos años. Como en el caso de los diputados, si tienen otros ingresos, a partir del segundo mes, se les restan esas cantidades. Cuando llegan a la edad de jubilación, tienen derecho a pensión si estuvieron al menos cuatro años en el cargo y pueden reclamarla al cumplir 60 (la edad de jubilación en Alemania está en 66 años). Según la Asociación de Contribuyentes, la pensión de un exmiembro del gobierno federal puede rondar los 12.000 euros. Las condiciones en los Estados federados varían, pero en general la figura del ministerpräsident —el equivalente de los presidentes autonómicos— recibe una asignación transitoria de entre seis y 24 meses, que depende del sueldo que percibían. Como los excancilleres, al dejar el puesto se les asigna una oficina y personal. Informa Elena Sevillano.

En Francia, un expresidente de la República cobra en Francia 6.220 euros brutos mensuales. Si, además, opta por sentarse de forma vitalicia en el Consejo Constitucional, como tiene derecho a hacer, cobra también unos 12.000 euros mensuales, aunque el único presidente que pasó el resto de su vida en esta instancia fue Valéry Giscard D’Estaing, fallecido en 2020. Un expresidente dispone de un equipo de colaboradores —siete durante los cinco años tras abandonar el cargo y tres después—, de una oficina y de un vehículo con chófer. Un exprimer ministro, un exministro y un exsecretario de Estado cobra durante tres meses su antiguo salario. En el caso del primer ministro, es de 14.910 brutos euros mensuales. Este, además, pueden disponer de un secretario particular durante diez años y de un vehículo y un chófer para el resto de la vida, informa Marc Bassets.

En Italia, los parlamentarios italianos tiene derecho a una pensión vitalicia a partir del décimo año de mandato. Ese es el motivo por el que, en muchas ocasiones, algunos diputados y senadores se oponen a hacer caer un gobierno anticipadamente. Los expresidentes de la Cámara de Diputados tienen derecho a una legislatura a tener despacho y dos colaboradores. Los del Senado, gozan también de esa posibilidad, pero durante solo una legislatura tras cesar. En el pasado, sí recibieron cesantías, pero ese derecho fue eliminado. Los ex primeros ministros no tienen derecho a nada, pero sí los expresidentes de la República, que tienen consideración de eméritos y disfrutan del derecho de percibir un salario y mantener un despacho de mantera vitalicia, informa Daniel Verdú.

En 2022 había en Portugal 304 antiguos altos cargos con derecho a recibir una pensión mensual vitalicia, aunque una veintena las habían suspendido por decisión propia o por realizar una actividad incompatible con ellas (casi siempre, otro cargo público). El importe mensual oscilaba entre 900 y 13.000 euros. En 2005 se revocó la ley de 1985 que concedía pensiones mensuales vitalicias al primer ministro, el presidente de la Asamblea de la República, los miembros del Gobierno, los diputados, los representantes del Gobierno en las comunidades autónomas, los miembros del Consejo de Estado, los alcaldes y los jueces del Tribunal Constitucional que no fuesen magistrados de carrera. A partir de esa fecha, solo los antiguos presidentes de la República o las personas que hubiesen permanecido un mínimo de 12 años en el cargo hasta 2005 tienen derecho a pedirla. En 2021, el coste de estas pensiones fue de 7,3 millones de euros. Además, los antiguos jefes del Estado reciben otras regalías al concluir su mandato, que pueden ir desde el pago de alquileres de despachos o fundaciones vinculadas con la figura de los políticos. Informa Tereixa Constenla.

En el Reino Unido los ex primeros ministros (cargo equivalente al presidente del Gobierno español) tienen derecho a la llamada Prestación para Gastos de Deber Público (PDCA, en sus siglas en inglés). Fue creada después de la dimisión de Margaret Thatcher, en 1990, y permite a cualquier exocupante del número 10 de Downing Street (la residencia oficial del jefe de Gobierno británico) reclamar al erario público hasta un límite anual de 115.000 libras esterlinas (130.000 euros, al cambio actual) durante el resto de su vida. No se trata de una pensión o de un salario vitalicio. Es la cantidad asignada para cubrir “los gastos necesarios de mantenimiento de una oficina y del personal administrativo necesario, derivados de la posición especial que [el ex primer ministro] mantiene en la vida pública”, según define el reglamento gubernamental que contempla esta prestación. La mayoría de los exdirigentes británicos han hecho uso completo del límite asignado, en el periodo fiscal contemplado entre 2020 y 2021 (el último del que se tienen datos), excepto Theresa May, que facturó 65.700 euros. En total, los gastos de todos ellos durante ese año supusieron casi 650.000 euros a las arcas públicas. En lo que hace referencia al salario y a la indemnización por despido cuando abandonan el cargo, todos los ministros del Reino Unido tienen derecho a recibir un 25% de su salario anual, a no ser que hayan sido reasignados a otro cargo gubernamental en un plazo inferior a tres semanas. El salario anual del primer ministro, para el periodo 2021/2022, era de casi 91.000 euros, con lo que Boris Johnson tuvo derecho a una indemnización de 22.750 euros. Al sueldo como primer ministro, sin embargo, se suma el de diputado, que supone unos 95.000 euros al año. Dependiendo de los años servidos en la Cámara de los Comunes, la indemnización puede ser de entre el 50% y el 100% del salario anual, y los primeros 34.000 euros están libres de impuestos. Informa Rafa de Miguel.