Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al candidato del PP a que aclare si usó el coche oficial a pesar de cobrar desplazamientos

La Cámara recuerda que es incompatible emplear el vehículo y percibir los ingresos, que Paco Nuñez reconoce que recibió y quiere devolver

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez el pasado día 22 de abril en la presentación de su programa electoral en Toledo.EUROPA PRESS / MATEO LANZUELA (EUROPA PRESS / MATEO LANZUELA)

Las Cortes de Castilla-La Mancha quieren conocer el uso que el candidato del PP a la presidencia de la Junta de esa comunidad, Paco Núñez, da al coche oficial antes de regularizar el cobro de los gastos por locomoción que percibió por sus desplazamientos a los plenos. La pasada semana, Núñez solicitó al Parlamento que ajustara las cantidades cobradas por este concepto porque había habido “un error administrativo” a s...

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Las Cortes de Castilla-La Mancha quieren conocer el uso que el candidato del PP a la presidencia de la Junta de esa comunidad, Paco Núñez, da al coche oficial antes de regularizar el cobro de los gastos por locomoción que percibió por sus desplazamientos a los plenos. La pasada semana, Núñez solicitó al Parlamento que ajustara las cantidades cobradas por este concepto porque había habido “un error administrativo” a su juicio, de tal forma que había percibido cantidades incorrectas al no haber notificado su cambio de domicilio. Cobró como si viviera en Almansa (Albacete), a 328 kilómetros de Toledo, aunque residió primero en El Casar (Guadalajara) —a 128 kilómetros de Toledo, sin que Núñez haya aclarad desde qué fecha— y desde enero de este año en la propia capital de Castilla-La Mancha, donde se encuentran las Cortes. Fuentes del PP señalan que Paco Núñez sí ha usado el coche oficial.

El caso suma un nuevo capítulo tras la carta firmada por el presidente del Parlamento castellanomanchego, Pablo Bellido, en la que le solicita aclarar si utiliza o no el vehículo oficial que las Cortes pone a su disposición. En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se indica que “el resarcimiento solo se puede producir cuando para la asistencia a una sesión oficial de las Cortes se ha generado un gasto al diputado, bien por el uso de transporte público o de vehículo privado, por lo que, si ha empleado el vehículo oficial, no tendría derecho a que se le abonaran estos gastos”. El Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre las indemnizaciones por razón del servicio en el ámbito estatal y sucede en todas las administraciones, también recoge este extremo, como recuerda el Parlamento de Castilla-La Mancha.

Cada grupo parlamentario cuenta con un vehículo oficial, y este puede ser empleado por cualquier diputado, explican fuentes parlamentarias. Lo habitual es que el coche oficial lo emplee el dirigente de mayor rango en cada grupo, en este caso Paco Núñez como presidente del grupo parlamentario popular y líder de la oposición. Pero, además, cada diputado tiene derecho a una compensación por los gastos de gasolina derivados de su asistencia a los plenos, a los que se suma una cantidad en concepto de “desgaste del vehículo”, indican estas fuentes.

Fuentes del PP explican que ya se ha dado respuesta a esta solicitud de información enviada por el presidente del Parlamento, en la que insisten en resolver cuanto antes lo que califican como “error administrativo” y que se indique cómo devolver las cantidades cobradas indebidamente. Añaden que todo se debe a una estrategia política del PSOE, que intenta alargar esta polémica con el único fin de que el asunto forme parte de la campaña electoral. Creen que, si se resuelve todo ahora, no habrá problema y que los socialistas están intentando ensuciar la campaña antes de empezar. Recuerdan que el dinero cobrado supuestamente de más por Núñez corresponde a los cuatro años de legislatura y que hubo “meses en los que no cobró nada”.

Al PSOE, sin embargo, no le bastan las explicaciones dadas por el PP y van más allá. El secretario de Organización de los socialistas de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado este martes: “Creemos que se puede haber cometido algún delito de prevaricación, incluso algún delito de falsificación documental” y pide al Tribunal de Cuentas que abra también una investigación para aclarar qué ha ocurrido. A Gutiérrez no le basta solo con la devolución de lo cobrado presuntamente de forma irregular, sino que también exige que se depuren responsabilidades políticas.

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