La ley de vivienda cierra el círculo

La legislatura de la primera coalición en el Gobierno central desde la II República está dibujando un círculo. Todo vuelve. Lo hizo la ley del solo sí es sí, para mal, y lo ha hecho la ley de vivienda, para bien. Después de la subida del salario mínimo del 47%, los ERTE, los planes de ayuda, las becas, el transporte público gratuito, la reforma laboral y la de las pensiones, la ley de vivienda completa una lista de hitos de gestión progresista con los que harán ca...

La legislatura de la primera coalición en el Gobierno central desde la II República está dibujando un círculo. Todo vuelve. Lo hizo la ley del solo sí es sí, para mal, y lo ha hecho la ley de vivienda, para bien. Después de la subida del salario mínimo del 47%, los ERTE, los planes de ayuda, las becas, el transporte público gratuito, la reforma laboral y la de las pensiones, la ley de vivienda completa una lista de hitos de gestión progresista con los que harán campaña electoral todos: no solo el PSOE y Unidas Podemos, también ERC y Bildu, decisivos en esta norma. Estos últimos dos han exigido algo muy básico para apoyarla: poder venderla ellos en exclusiva en una rueda de prensa el pasado viernes en el Congreso, desplazando el protagonismo de los propios socios de la coalición.

La batalla por el tope a los alquileres entre el PSOE y Unidas Podemos es incluso más vieja que la propia coalición. Cuando Pedro Sánchez gobernaba en solitario después de la moción de censura, Unidas Podemos le tumbó una sola votación: precisamente un decreto ley sobre alquileres que llevaba el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Desde entonces, la ley de vivienda y el tope a los alquileres ha sido clave en cada negociación presupuestaria, y van tres. Primero con Pablo Iglesias y después con Yolanda Díaz. Y el PSOE, primero con Ábalos y después con Raquel Sánchez, siempre ha querido sacar la ley de vivienda, la primera de la democracia, como hito de la gestión progresista. Pero con un límite político claro, que chocaba con las posiciones de UP, ERC y Bildu: no perjudicar a la clase media que tiene en el alquiler de una propiedad un ingreso extra decisivo.

De hecho, en el final de la negociación, todo estuvo a punto de frustrarse cuando la vicepresidenta primera Nadia Calviño vetó la posibilidad de un límite del 3% anual para siempre a las subidas del alquiler. Ahí saltó todo. El 3% había estado encima de la mesa, pero el PSOE lo retiró ante el rechazo de Economía. Podemos se indignó, hasta el punto de que Rafa Mayoral, un hombre que como muchos otros dirigentes herederos del movimiento del 15-M ― como Ada Colau o Irene Montero— venía de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), abandonó entre gritos la reunión.

ERC y Bildu lanzaron entonces un mensaje claro: sin 3%, aunque sea temporal, no hay ley. Y a ese “aunque sea temporal” se aferró Raquel Sánchez y su equipo, con David Lucas, secretario de Estado, como hombre clave de la negociación, para encontrar una salida. Y la hallaron. Habrá 3% de límite, pero solo un año: 2024. Y para 2025 se elaborará el índice específico que quería Calviño para no arriesgarse a un tope definitivo del 3%. Con eso, y algunas otras concesiones de los últimos días, ERC y Bildu aceptaron el pacto, que se cerró el jueves.

La prueba evidente de lo importante que es esta norma para la izquierda española es que, nada más anunciarse el acuerdo, solo había disputas para ponerse las medallas como autores de la ley. Todos estaban contentos. Desde Sánchez y Yolanda Díaz hasta Ione Belarra, que fue muy crítica con el PSOE por vivienda, pero el viernes se mostró eufórica: “Es una gran noticia después de tres años de trabajo”. Y hasta Pablo Iglesias, últimamente muy duro casi con cualquier movimiento del Gobierno, aplaudió el acuerdo, aunque reivindicó que la clave había sido que Podemos, ERC y Bildu habían “movido al PSOE”.

El gran problema de la ley es que las partes más delicadas, sobre todo la declaración de zona tensionada, que permite establecer alquileres máximos que no se pueden superar, dependen de las autonomías. Y, por tanto, no se aplicarán donde gobierne el PP. Pero incluso eso, políticamente, es visto por los autores de la norma como una posible ventaja. Porque si la ley tiene los efectos previstos y logra bajar los alquileres o frenar sus subidas desorbitadas, los ciudadanos verán que eso sucede donde se cumple la norma y no donde no se aplica, y supondrá una importante baza política frente al bloque conservador.

El Gobierno logra así centrar por un tiempo la agenda electoral donde le interesa: en sus reformas. De hecho, el PP ya ha entrado en el debate con rechazo frontal de la ley por los límites al alquiler y porque ha sido pactada con Bildu. “¿Cómo se bajan los precios de la vivienda? ¡Haciendo más viviendas! ¡Vamos a construir más viviendas!”, aseguró este sábado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que además dice que el Gobierno “agacha las orejas ante los okupas”.

Este tipo de choque ideológico, con la derecha centrada en la ocupación y en dar más libertad a los constructores para hacer más vivienda, el modelo de los años 2000, frente a la ley que promueve la vivienda pública y trata de bajar los alquileres con intervención pública —no solo con límites, también con grandes bonificaciones fiscales a los propietarios que hagan bajadas— es justo lo que buscan PSOE y Unidas Podemos para movilizar a la izquierda.

La coalición cierra así un círculo, y aunque hay algunas leyes en tramitación —movilidad sostenible, cine, familias, industria, universalidad de la sanidad, derechos de autor, control de desperdicio alimentario, autoridad independiente para investigar accidentes— este era el último gran hito de trascendencia política.

Sánchez seguirá haciendo anuncios de gestión —este domingo tiene otro reservado— y llevará sorpresas al Consejo de Ministros, porque tiene margen para tomar medidas. Pero los grandes hitos de la legislatura están completos y con ellos se hará no solo la campaña de las autonómicas, sino sobre todo la de las generales.

Pero como siempre, la calma en la coalición no durará mucho. Esta semana, el jueves, se vota la reforma del sólo sí es sí, que abrirá de nuevo las grietas dentro de la propia Unidas Podemos y solo puede salir adelante si el PSOE logra el apoyo del PP, algo que aún no está garantizado. Los socialistas, de inicio, no querían ni sentarse a negociar con los populares. La tensión entre Sumar y Podemos sigue ahí como una espada de Damocles para las posibilidades de éxito del bloque progresista. El propio Iglesias hablaba ayer de nuevo de “desprecios” a Podemos, aunque a la vez apostaba por la unidad.

Pero con todo, la coalición logra sacar casi todos sus hitos, con el único fracaso notable de la reforma de la ley mordaza. Y ve al PP cada vez con menos munición.

Así lo resume un ministro: “Si el PP solo tiene contra nosotros que para sacar leyes positivas como la de vivienda nos apoyamos en Bildu o las andanadas de Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz, ya puede dar por perdidas las próximas elecciones. Necesita mucho más para ganarnos. Necesita un proyecto. Nosotros tenemos una hoja de servicios muy larga en estos cuatro años. Y vivienda es solo el último de ellos”.

La economía y los acuerdos dan aire al Gobierno, y la división se lo quita. Aunque en el PP creen que hay un mar de fondo más fuerte que todo eso. Un dirigente popular lo tiene claro: “El Gobierno está presumiendo mucho de la situación económica, pero la realidad es que a la gente le han subido la hipoteca y la compra está disparada. Y eso hace mucho más daño que cualquier discurso”. Cada uno juega sus bazas. La ley de vivienda era una de las más importantes que tenía el Gobierno en la cartera. Y ya es una realidad.