La jueza del ‘caso Mediador’ pide al Congreso que entregue todo lo que haya en el despacho de Tito Berni

La jueza instructora del caso Mediador ha solicitado “colaboración” a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que funcionarios de la Cámara baja entren al despacho que empleaba hasta el pasado 14 de febrero el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y entreguen a la policía todo lo que haya dentro, en papel o soporte informático. La oficina que ocupaba Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni y a quien la magistrada define como “líder de la trama política de la organización criminal” bajo investigación, se mantiene cerrada y sin uso d...

La jueza instructora del caso Mediador ha solicitado “colaboración” a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que funcionarios de la Cámara baja entren al despacho que empleaba hasta el pasado 14 de febrero el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y entreguen a la policía todo lo que haya dentro, en papel o soporte informático. La oficina que ocupaba Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni y a quien la magistrada define como “líder de la trama política de la organización criminal” bajo investigación, se mantiene cerrada y sin uso desde que en la tarde de ese 14 de febrero estalló el escándalo. La jueza, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido a Batet que autorice la entrega de cualquier ordenador, teléfono, tableta, dispositivo informático de memoria y prácticamente cualquier papel que pudiera tener relación con los hechos, con lo que descarta que sea la policía la que entre en la Cámara a incautar esos efectos. La Presidencia de las Cortes había mostrado su intención de facilitar la inspección del despacho. Los servicios del Congreso ignoran de momento dónde se encuentran los soportes móviles, teléfono y tableta, que el Parlamento facilitó a Fuentes Curbelo cuando tomó posesión del escaño. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha remitido ya oficio, dirigido a la Comisaría del Congreso y a la Secretaría General, acordando que se dé cumplimiento a la mayor brevedad posible a lo solicitado por el órgano judicial, y ha comunicado asimismo a la magistrada el acuerdo adoptado.

El auto de la jueza, de nueve páginas, concluye con el acuerdo de “remitir atento oficio” a Batet para que esta “preste autorización y colaboración” a fin de que la Secretaría Técnica del propio Congreso sea la que entre en el despacho de Fuentes Curbelo y recoja todos “los efectos depositados” para que sean entregados al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. La magistrada quiere llevarse cualquier documento, físico o virtual, así como cualquier aparato que pueda servir para almacenar datos que puedan ayudar a desentrañar el objeto de la investigación: “Una trama política y empresarial vinculada al cohecho y el tráfico de influencias”. No se trata, por tanto, de un registro, dado que el Congreso es inviolable —sólo el Tribunal Supremo podría autorizarlo—, sino de una petición de ayuda a la presidenta del legislativo.

El escrito de la jueza indica que existe una relación entre los delitos investigados “y los ordenadores que obran en la presente causa”, así como “una conversación de WhatsApp” bajo sospecha cuyo terminal de origen aún no se ha determinado. La instructora considera que del análisis de esos aparatos podría derivarse “la existencia de nuevos investigados”.

La magistrada da respuesta así a la solicitud del equipo policial que investiga esta supuesta trama de corrupción, que había pedido registrar “sin restricciones” el despacho de Fuentes Curbelo, y a las objeciones expresadas al respecto por la Fiscalía Anticorrupción. Esta apoyaba examinar los equipos informáticos del exdiputado, pero sugirió hacerlo pidiendo permiso al propio Congreso, ya que la Constitución consagra el carácter inviolable de las Cortes Generales.

El cubículo de Fuentes Curbelo sigue cerrado desde que el entonces diputado fuese forzado a dejar su escaño, a las 19.30 del 14 de febrero. Esa tarde, el ya exdiputado entró a su oficina particular, recogió alguna pertenencia y se marchó. El auto de la jueza precisa que, según la comisaría del Congreso, en dicho despacho “se encuentra diversa documentación y efectos personales, así como un ordenador de sobremesa propiedad del Congreso”, dispuesto para el uso del diputado. Por ahora no se sabe dónde están el teléfono y la tableta que el Congreso también le facilitó. La policía le requisó dos teléfonos al exdiputado en un primer momento, cuando fue detenido en Canarias, y uno podría ser el que tenía cuando era parlamentario.