Unidas Podemos acusa al PSOE de volver “al Código Penal de La Manada” y obligar a la víctima a un “calvario probatorio”

Cruce de versiones y reproches entre los socios de gobierno

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, junto a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras un consejo de ministros en agosto pasado.Foto: JUAN CARLOS HIDALGO (EFE) | Vídeo: Europa Press

La negociación fallida entre el PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley de libertad sexual, conocida como del solo sí es sí, y la decisión de los socialistas de registrar una propuesta en solitario ha disparado la tensión entre los dos socios de Gobierno. Dirigentes de ambas formaciones se han cruzado mensajes públicos en los últimos días en los que defienden su versión sobre lo que ha ocurrido con la ley y sus recetas p...

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La negociación fallida entre el PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley de libertad sexual, conocida como del solo sí es sí, y la decisión de los socialistas de registrar una propuesta en solitario ha disparado la tensión entre los dos socios de Gobierno. Dirigentes de ambas formaciones se han cruzado mensajes públicos en los últimos días en los que defienden su versión sobre lo que ha ocurrido con la ley y sus recetas para solucionarlo, y cuestionan con dureza las del contrario. El resultado es un confuso intercambio de argumentos jurídicos y políticos en torno a conceptos como el consentimiento, la violencia o la revictimización.

El “calvario probatorio”. La ministra de Justicia fue este martes diana de las críticas de Unidas Podemos por afirmar que, tras la ley del solo sí es sí, la víctima de una agresión violenta no tiene que probar que no hubo consentimiento. Llop se estaba refiriendo al artículo 178.2 del Código Penal, que establece que cualquier acto sexual con violencia, intimidación o sobre una persona que tenga anulada su voluntad se entenderá siempre como no consentido. Para la titular de Igualdad, Irene Montero, estas declaraciones demuestran que el PSOE pretende “volver al esquema penal de la violencia o la intimidación, que es un calvario probatorio”.

El artículo al que se refería Llop fue introducido en la ley de libertad sexual, impulsada por Igualdad, y no sufre ningún cambio en la reforma del PSOE. Ese precepto implica que la víctima de una agresión violenta no tendrá que probar el consentimiento; pero la violencia sí hay que acreditarla. La ministra habló de los casos en los que exista una secuela clara, como “una herida”. Si no existe rastro físico de la violencia, la víctima tendrá que acreditarla con su testimonio y otras pruebas, tanto con la ley del solo sí es sí como con la propuesta del PSOE.

Vuelta al “Código Penal de La Manada”. “Vamos a trabajar para preservar el consentimiento como centro del Código Penal y para no volver a ese Código Penal de La Manada basado en la violencia y la intimidación, que suponía que a las mujeres se les preguntase si habían cerrado bien las piernas o si se habían resistido”, aseguró este martes la ministra de Igualdad. Unidas Podemos entiende que la decisión del PSOE de distinguir con una pena más elevada las agresiones sexuales con violencia o intimidación implican volver a la situación anterior a la ley del solo sí es sí, que distinguía entre abusos (los actos menos graves) y agresiones (con violencia e intimidación). Esa diferenciación llevó a que la Audiencia Provincial de Pamplona considerara abuso la violación en grupo de una menor en los Sanfermines de 2016 porque no se probó que hubiera violencia y no consideró acreditada la intimidación. El Tribunal Supremo elevó después la pena de nueve a 15 años de cárcel al concluir que fue una agresión porque la víctima sufrió una “situación intimidante” que hizo que ella misma “adoptara una actitud de sometimiento”.

Tras la ley del solo sí es sí desaparecieron los abusos y todo acto sexual no consentido es agresión. La propuesta del PSOE mantiene este esquema, pero crea un subtipo agravado para los casos cometidos con violencia o intimidación lo que obligará, según Podemos, a poner el foco en esos elementos para determinar si se aplica el tipo básico o el de penas más elevadas. En la ley de libertad sexual, la existencia de violencia o intimidación no define ningún tipo penal, pero sí debe probarse para determinar la pena en agresiones a menores o para sumar una pena por lesiones en los cometidos sobre adultos.

Entre la oleada de revisiones y ninguna rebaja más. Igualdad alertó este lunes de que la propuesta del PSOE podía generar “una nueva oleada de revisiones que hasta ahora no se habían producido”. Se refiere a que el texto socialista incorpora una disposición transitoria que fija cómo hay que revisar las sentencias dictadas antes de esta reforma, un apartado que no se incluyó en la ley de libertad sexual. Según Igualdad, incluir ahora esta disposición puede dar lugar a que abogados o tribunales que no habían solicitado revisión de penas o no las habían hecho de oficio ahora sí lo hagan. Justicia niega esta posibilidad. Pero la reforma socialista no va a impedir que siga habiendo revisiones y rebajas basadas en la ley del solo sí es sí, en contra de lo manifestado este martes por el presidente del Gobierno, que aseguró que la reforma sirve “para que en el futuro no se vuelva a repetir ninguna rebaja de penas”. Las agresiones cometidas cuando la nueva norma ente en vigor tendrán penas más elevadas y sus agresores ya no se podrán beneficiar de las de la ley de libertad sexual, pero para los delitos cometidos hasta que se apruebe el nuevo texto se aplicará siempre (incluso en el futuro) la ley penal más favorable.

Reparto de culpas. Los socios de Gobierno se han sacudido las culpas sobre los cambios en los delitos que han dado lugar a las rebajas de penas. La ley redactó Igualdad, pero Justicia es proponente, sobre todo de la modificación del Código Penal. Según las versiones que han ido dando ambas formaciones, el esquema de penas salió del ministerio de Irene Montero, Justicia (entonces dirigido por Juan Carlos Campo) planteó reticencias, pero finalmente el Gobierno en pleno dio el visto bueno al texto en el Consejo de Ministros. Después hubo casi un año de tramitación parlamentaria en el que los dos partidos que forman el Gobierno no advirtieron de que el nuevo marco penal pudiera derivar en revisiones de condenas a la baja.


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