Los conservadores del CGPJ no logran imponer a sus dos candidatos para el Constitucional y persiste el bloqueo
Los aspirantes propuestos por el PP, Tolosa y Lucas, obtienen 10 apoyos, mientras el candidato progresista logra 7
Los conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no han logrado este martes imponer a sus candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional. El pleno del órgano ha sometido por primera vez a votación las candidaturas presentadas por ambos bloques y ninguno de los aspirantes ha obtenido los 11 votos necesarios para ser designado. Los dos que presentó el grupo conservador, César Tolo...
Los conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no han logrado este martes imponer a sus candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional. El pleno del órgano ha sometido por primera vez a votación las candidaturas presentadas por ambos bloques y ninguno de los aspirantes ha obtenido los 11 votos necesarios para ser designado. Los dos que presentó el grupo conservador, César Tolosa y Pablo Lucas, han logrado 10 apoyos, correspondientes a los 10 consejeros propuestos por el PP. Los progresistas han votado a su candidato José Manuel Bandrés, que ha obtenido siete apoyos (el octavo vocal de este bloque, Enrique Lucas, es hermano de uno de los candidatos y no ha participado en el debate y votación al haber comunicado previamente su abstención). Un grupo de vocales conservadores han intentado reducir a 10 votos el quórum necesario por la vía de reclamar que la vocal progresista Clara Martínez de Careaga quedara apartada del procedimiento porque es esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, que aspira a presidir ese órgano cuando se renueve. Pero los progresistas y cuatro vocales conservadores han rechazado someter a votación esta cuestión al entender que no se daban los requisitos para apartar a la consejera.
Conservadores y progresistas han llegado a la sesión de este martes sin ninguna expectativa de acuerdo. La negociación se ha interrumpido en los últimos días a la espera de lo que ocurriera en el Constitucional, porque de ello dependía la ley bajo la que se tenía que producir el nombramiento de los dos magistrados que tiene pendiente designar el CGPJ y, por tanto, las posibilidades de salir adelante de los candidatos de uno y otro bloque. Los conservadores querían adelantarse a este cambio legal porque pretenden parar la elección de Bandrés, a quien consideran el candidato del Gobierno, pero la intervención del Constitucional para frenar la reforma ha devuelto la situación al escenario anterior, en el que los consejeros propuestos por el PP no tienen prisa por propiciar la renovación y, en todo caso, imponen el ritmo y, ahora también, los candidatos. Con la ley actual, para ser elegido magistrado del tribunal de garantías se requieren 11 de los 18 votos del pleno. Los conservadores tiene 10 y los progresistas ocho, por lo que hace falta un pacto entre los grupos o que vocales de uno acepten sumar sus apoyos a los del otro. Eso es lo que buscan los conservadores presentando a Lucas, magistrado progresista que estuvo hasta el último momento en la lista de aspirantes que manejaba este sector. Pero, tras una votación interna, acabaron decantándose por Bandrés y fuentes de este bloque no contemplan que ningún vocal se desmarque de esta decisión.
El pleno se convocó a petición de los consejeros propuestos por el PP y en el orden del día solo figuraba la candidatura presentada por estos, formada por el conservador César Tolosa (presidente de la Sala Tercera) y el progresista Pablo Lucas (magistrado de esta sala). Antes de iniciarse, los progresistas han pedido que se incorporara también la candidatura de Bandrés y la votación final ha sido sobre estos tres aspirantes.
Una vez comenzada la reunión, los consejeros propuestos por el PP han intentado reducir de 11 a 10 el quórum necesario para sacar adelante los nombramientos mediante una vía que habían sugerido en las últimas semanas, pero que hasta ahora no se habían decidido a plantear: apartar del procedimiento a la vocal progresista Clara Martínez de Careaga, una de las consejeras a propuesta del PSOE. Esta vocal es esposa del ex fiscal general de estado Cándido Conde-Pumpido, actualmente magistrado del Constitucional y uno de los aspirantes a presidir este órgano cuando se renueve. La petición ha sido planteada por la vocal Carmen Llombart y secundada por los consejeros de su grupo José María Macías, Ángeles Carmona, Gerardo Martínez Tristán y José Antonio Ballestero.
Para ello, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, se apoyaban en el artículo 23 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que establece, entre las causas de abstención, tener un vínculo matrimonial con cualquiera de los interesados en un procedimiento. La mayoría del pleno, sin embargo, entendía que Conde-Pumpido no es un afectado directo de la elección de los dos magistrados que tiene que designar el CGPJ y el asunto no se ha llegado a votar. Esta tesis ha sido defendida por los siete vocales progresistas presentes en la reunión, pero también por cuatro conservadores (Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz y Wenceslao Olea). Macías ha suscrito un voto particular en contra de esta decisión y al que se han adherido los otros cuatro vocales que apoyaron apartar a Martínez de Careaga. La vocal ha anunciado que también presentará un voto para que consten las razones por as que rechaza abstenerse.
La abstención de Martínez de Careaga hubiera propiciado la elección de los dos candidatos conservadores con los 10 votos que suma este grupo. Pero al rechazarse esta posibilidad, el quorum se ha quedado en 11 (tres quintos de los 17 miembros del pleno) y, como era previsible, ninguno de los aspirantes ha obtenido esa cifra. Cada vocal podía votar hasta a dos candidatos, y los 10 conservadores han apoyado a Tolosa y Lucas. Los progresistas solo han votado a uno (Bandrés).
Los nombramientos siguen, por tanto, bloqueados y los miembros del órgano no tienen claro qué va a ocurrir los próximos días. El pleno vuelve a reunirse este jueves, esta vez en sesión ordinaria, pero todavía no se ha decidido si la renovación del Constitucional volverá a abordarse ese día. De momento, no está previsto y varios vocales consultados creen que si no hay opciones de pacto no tiene sentido repetir el debate.