Unidas Podemos pide que la justicia de la UE se pronuncie sobre “la falta de imparcialidad” de dos magistrados del Constitucional

El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha registrado a primera hora de este lunes un escrito en el Tribunal Constitucional en el que pide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sea “el árbitro” de este “choque institucional” y se pronuncie sobre la “falta de imparcialidad” de dos de sus magistrados convocados este lunes a un pleno en el que debe decidir si se frenan de forma cautelar dos enmiendas de la ...

El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha registrado a primera hora de este lunes un escrito en el Tribunal Constitucional en el que pide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sea “el árbitro” de este “choque institucional” y se pronuncie sobre la “falta de imparcialidad” de dos de sus magistrados convocados este lunes a un pleno en el que debe decidir si se frenan de forma cautelar dos enmiendas de la reforma del Código Penal impulsadas por el Gobierno para desbloquear la renovación del tribunal de garantías. Unidas Podemos ya había pedido la recusación de estos magistrados ―cuyo mandato está caducado desde el pasado junio y que fueron nombrados a propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy― alegando que tienen intereses personales en esa decisión.

Según explica el grupo en un comunicado, el objetivo del socio minoritario del Gobierno es que la alta instancia judicial europea “entienda y decida” sobre una serie de cuestiones prejudiciales que afectan al Constitucional y al pleno convocado para este mismo lunes. El PP pidió al Constitucional que suspendiera de forma cautelar la reforma legal, aprobada este jueves en el Congreso, pero que no ha culminado su trámite parlamentario y que todavía debe ser aprobada en el Senado para entrar en vigor.

La principal cuestión sobre la que debe decidir la justicia de la UE, según el texto, radica en conocer si la abstención ha de ser de carácter automático . Esta cuestión afecta al presidente del tribunal, Pedro José González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez Rodríguez. El grupo solicitó la semana pasada que ambos se abstuvieran de participar en ninguna decisión relacionada con las “maniobras de la derecha” para “torpedear la normal tramitación parlamentaria” de la reforma del Código Penal, que entre otras modificaciones incluía la eliminación del delito de sedición, cambios en el delito de malversación y la rebaja de mayorías necesarias para la elección de los vocales del Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial.

El escrito registrado este lunes lo firman el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, el secretario general, Txema Guijarro, así como Pablo Echenique y Enrique Santiago en su calidad de portavoces. Entre las cuestiones prejudiciales que pretenden trasladar a la justicia europea está también conocer si el “incumplimiento” del deber de abstención por parte de los magistrados implicados “sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad”.

Asens y Santiago han comparecido más tarde en el Congreso para enfatizar que el PP no debería tener problemas en asumir que este conflicto y “choque constitucional” lo dirima “el arbitraje” de la justicia europea y han interpelado así al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a que acepte esa solución, aunque también han apelado a que los magistrados del TC reconduzcan su actuación y renuncien a intervenir “preventivamente” sobre una decisión adoptada ya por el Congreso, al que creen el verdadero representante de la soberanía popular. Los dos dirigentes de UP han hablado varias veces de la gravedad de este “golpe” y de que “está en juego la democracia” en España. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha considerado al TC y al CGPJ como “poderes ilegítimos, porque se niegan a renovarse” y se ha preguntado, retóricamente, “¿quién legisla y quién manda ahora en España, el pueblo o unos jueces ultras con el mandato caducado?”. El portavoz de los comunes también ha dejado claro que UP defiende “siempre” que la autonomía parlamentaria “debe prevalecer sobre las intromisiones de otros poderes” porque está en juego “la separación de poderes”.

Desde la sede de Podemos, una de las portavoces de la formación, Alejandra Jacinto, ha defendido que el Senado no debe obedecer la decisión de Constitucional. “Pensamos que tanto la Mesa del Congreso como la del Senado tienen tanto escritos de reconsideración como elementos jurídicos suficientes para no atender lo que pudiera producirse como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional”, ha señalado. Fuentes del entorno de la vicepresidenta Yolanda Díaz, sin embargo, se han desmarcado de esta estrategia.

Unidas Podemos busca también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deje “meridianamente claro” cómo debe aplicarse la abstención de los magistrados del Constitucional “que es el último órgano decisorio en vía interna de un Estado miembro” o si esa abstención “es un deber de carácter absoluto y automático cuando concurran las circunstancias legalmente previstas en el ordenamiento interno”.

El escrito registrado pide además al tribunal de garantías que plantee a la instancia judicial europea si “debe entenderse que el ‘tener interés directo o indirecto en el pleito o causa’ también concurre cuando del resultado del pleito conlleve la promulgación o no de una nueva normativa que afecte directamente a los intereses personales, económicos y profesionales del juez o magistrado llamado a resolver, aun cuando esa afectación no se produzca de manera automática sino como consecuencia de lo que vaya a resolver”, en referencia a lo que afecta a Trevijano y Narváez.

El grupo parlamentario ha remitido además un segundo escrito al tribunal de garantías en el que recuerda que todavía hay pendiente de resolución en la Mesa del Congreso una petición de reconsideración formulada por el PP, algo que hace que el recurso que los populares presentaron al Constitucional para frenar la iniciativa de desbloqueo del tribunal de garantías sea “claramente prematuro”, en opinión de Unidas Podemos, porque no se ha agotado la vía parlamentaria y debería ser “inadmitido de plano”.