Feijóo: “No puedo seguir si rebajas la sedición”; Sánchez: “No acepto chantajes”

La cobertura es mala. A veces se entrecorta. Pedro Sánchez viaja en un coche a toda velocidad rodeado de una larga escolta policial por la carretera que une Johannesburgo y Pretoria. Es jueves y vuelve de la cárcel de Constitution Hill, donde estuvieron presos tanto Nelson Mandela como el líder indio Mahatma Gandhi, en distintas épocas, y ahora funciona como sede de la Corte Constitucional de Sudáfrica. El presidente está aún impactado con el recorrido por las minúsculas celdas de castigo y otra, más grande, que albergó a Mandela, en la zona de los blancos, para dificultarle el contacto con su...

La cobertura es mala. A veces se entrecorta. Pedro Sánchez viaja en un coche a toda velocidad rodeado de una larga escolta policial por la carretera que une Johannesburgo y Pretoria. Es jueves y vuelve de la cárcel de Constitution Hill, donde estuvieron presos tanto Nelson Mandela como el líder indio Mahatma Gandhi, en distintas épocas, y ahora funciona como sede de la Corte Constitucional de Sudáfrica. El presidente está aún impactado con el recorrido por las minúsculas celdas de castigo y otra, más grande, que albergó a Mandela, en la zona de los blancos, para dificultarle el contacto con sus compañeros y una posible fuga. Pero ahora tiene otra prioridad.

Sánchez necesita cerrar de una vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sabe que Alberto Núñez Feijóo tiene muchísima presión interna. Están en la recta final, la negociación está lista, y tanto algunos sectores del PP, encabezados por Isabel Díaz Ayuso, como referentes mediáticos conservadores le están dando duro en los últimos días. Le acusan de ser un blando. De entregarse a Sánchez. Aun así, el presidente cree que Feijóo aguantará el pulso. El líder del PP ha tenido ese día un acto público en Santander y ha evitado vincular directamente la reforma del delito de sedición, un asunto que Sánchez ha prometido muchas veces pero que sigue sin tener concreción, con la renovación del Poder Judicial. Solo dos días antes, Cuca Gamarra, la portavoz del PP, dijo en Antena 3 que las dos cosas no pueden vincularse. Que el PP está en contra de esa reforma de la sedición para reducir las penas, pero hay que separar ese asunto de la renovación. “Son dos cuestiones distintas, en las que el PP tiene un papel diferente”, dijo Gamarra.

Aun así, desde el martes las cosas se han ido complicando. Los medios conservadores son cada vez más duros. La negociación está al límite. Félix Bolaños y Esteban González Pons hablan a las 8.30 de esa mañana del jueves. Pons le cuenta que tienen una presión enorme, que lo de la sedición es un problema. Pero los dos aún confían en salvarlo. Y por eso pactan precipitarlo todo. Bolaños le dice a Pons que Sánchez llamará a Feijóo esa misma tarde para quedar al día siguiente en Madrid y cerrar el acuerdo, y así evitarle al PP más presiones.

Los dos negociadores habían previsto dos huecos para la firma del acuerdo entre Sánchez y Feijóo en La Moncloa. Uno, el martes a las 12.00, que se canceló porque el PP pidió más tiempo. Y el otro, el viernes a las 12.00, que es el que se va a intentar aprovechar.

Los gabinetes se ponen en contacto. La hora de la conversación telefónica está clara, será a las 18.30, al salir de la cárcel de Mandela. El líder del PP está preparado. Sánchez llama a Feijóo. Sabe que hay dificultades, pero aún cree que será una llamada para cerrar una cita y firmar el pacto. Primero hablan de la fecha. El líder del PP le dice que no puede el viernes y que tendrá que ser después del puente. Cierran una reunión en La Moncloa el miércoles 2, pero las cosas empiezan a torcerse rápidamente.

Feijóo hace en privado lo que no había hecho en público, lo contrario de lo que dijo Gamarra.

—Si no te comprometes a no aprobar la rebaja de penas de la sedición, no puedo seguir adelante.

Sánchez no se esperaba algo así. Insiste en que no puede aceptar relacionar dos cosas que no tienen nada que ver.

—No puedo aceptarlo, Alberto. Es un chantaje. No puedes poner condiciones para cumplir con la Constitución y renovar el consejo. Es vuestra obligación. ¿Qué tiene ver la agenda legislativa con cumplir con la Constitución? Es un compromiso mío de legislatura. No ha cambiado nada, siempre hemos dicho lo mismo en este tema.

La conversación se complica cada vez más. Dura casi una hora, todo el tiempo que Sánchez va en el coche camino de Pretoria, donde le espera su avión oficial para volver a Madrid. Pero en ningún momento llegan a romper la negociación. De hecho, la charla acaba cuando Sánchez está llegando al aeropuerto con un “nos vemos el miércoles en Moncloa”. El presidente llama a Óscar López, su jefe de gabinete, y a Bolaños.

“Tiene mucha presión”

—Ha ido mal. Tiene mucha presión. Pero, bueno, vamos a intentarlo. Hemos quedado para el miércoles.

Sánchez se sube al avión y despega a las 19.58. Va con la firme intención de no contar la conversación a los periodistas que lo acompañan. Aún cree que puede salvarlo, así que entiende que Feijóo y él van a mantener la reserva. A las 20.22, en pleno vuelo, el PP envía un comunicado que desvela la conversación y da por rotas las negociaciones porque Sánchez no renuncia a la sedición, una condición que nunca se había puesto encima de la mesa en toda la negociación, que duró 17 días.

En la última semana, desde que el lunes EL PAÍS publicó que el Gobierno estaba dispuesto a rebajar a la mitad las penas de sedición siempre que ERC aceptara que el delito no se puede eliminar, Pons le había dicho a Bolaños que eso era un problema. Pero nunca lo puso como condición inviable. Bolaños tampoco le garantizó que no habría reforma de sedición, pero sí le dijo, como señalaba oficialmente el Gobierno y se reflejaba en esa crónica del lunes, que no había ninguna novedad en la posición. No había intercambio de papeles con ERC ni un texto preparado ni nada avanzado, más allá de la voluntad que ya Sánchez planteó en su investidura y ha repetido muchas veces de equiparar las penas de sedición al entorno europeo. En España son 15 años de máxima —por eso a Oriol Junqueras le cayeron 13— y en Europa la media es de seis, con algunos países relevantes mucho más abajo.

Mientras está volando, Sánchez no sabe nada de ese comunicado. El Airbus en el que viaja, como toda la flota de aviones oficiales —los más conocidos son los pequeños Falcon— son muy antiguos. No tienen wifi. Hay un sistema de comunicaciones para emergencias, pero es muy precario. Se corta a cada minuto, literalmente. En La Moncloa entienden que no vale la pena avisar al presidente. Todo está demasiado claro. Así que la decisión del duro comunicado del PSOE que contesta al del PP se toma sin que Sánchez esté aún informado. Cuando aterriza en Luanda, la capital de Angola, en una escala técnica, pasadas las 23.00, el móvil del presidente explota. Y los de los pocos periodistas que logran tener cobertura de 3G en Luanda, también. Feijóo ha hecho un comunicado durísimo que supone el fin de la negociación. Y que deja por escrito una condición imposible: renunciar a la sedición si quiere renovar el Poder Judicial. El PP afirma que Feijóo avisó a Sánchez de que haría ese comunicado. El Gobierno asegura que eso es falso, que solo le dijo que tenía un acto el viernes y hablaría de este asunto. Sánchez revienta. Se acerca a los periodistas, indignado. “Es una gran decepción. Le han temblado las piernas. Feijóo no es un líder autónomo. Le han ganado la partida”.

El Gobierno cree que Ayuso y su mundo le ha torcido el brazo a Feijóo como antes lo hicieron con Casado, que también se echó para atrás hasta tres veces cuando ya tenía prácticamente cerrado el acuerdo con Sánchez. “Feijóo ya es otro pelele más, como Casado. La derecha española es tremenda. Ya lo han tumbado una vez. Ahora es suyo”, resumen fuentes del Gobierno.

La presidenta de Madrid no solo se comunicó con Feijóo el jueves para advertirle de que no pactara con Sánchez porque lo iba a “engañar”. Ayuso también envió mensajes al líder del PP los días anteriores, según fuentes conocedoras de esas conversaciones, no solo por la sedición, sino por otro asunto: que Cándido Conde Pumpido se convirtiera en el nuevo presidente del Tribunal Constitucional.

Bolaños se negó en redondo a la posibilidad de negociar el presidente del Constitucional porque sabía que ahí el PP intentaría vetar a Pumpido. Así que los negociadores pactaron que el presidente lo elegirían los magistrados, como siempre. Bolaños también tuvo que garantizar a Pons que no habría magistrados cercanos a ERC entre los dos que le toca elegir al Gobierno para renovar el Constitucional, otra de las cuestiones que figuraba en medios conservadores y metía presión al PP. “Os van a intentar tumbar, tenéis que aguantar”, le decía Bolaños a Pons cada vez que alguna noticia de medios conservadores contra el acuerdo se metía en la negociación.

La presidenta de Madrid y su entorno consideran que “si no había otra alternativa a que fuera Conde Pumpido, entonces el PP tenía que sacar más baza, porque lo de Conde Pumpido era un trágala”, y así se lo hicieron saber a Feijóo. En la cúpula y en el núcleo duro del líder del PP también costaba mucho aceptar al exfiscal general.

Feijóo tenía, por tanto, presión para lograr un acuerdo más beneficioso para el PP a juicio del sector más duro, a pesar de todas las condiciones que habían logrado ya del Gobierno. Pero además pesaba una corriente interna totalmente contraria a los pactos con Sánchez.

Sin embargo, en el círculo de Feijóo insisten en que no fue Ayuso el factor determinante para la decisión de romper las negociaciones. El líder del PP recibió los mensajes de WhatsApp de la presidenta el jueves, pero no habló con ella por teléfono hasta después de enviar el comunicado a la prensa en el que anunciaba la ruptura, según fuentes del entorno de dirigente popular.

En cambio, antes de hacerlo sí habló por teléfono con los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de Galicia, Alfonso Rueda, así como con otros miembros de su dirección, como Esteban González Pons, Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Juan Bravo. También conversó con magistrados del Supremo.

La reforma del delito de sedición terminó por encender al PP, pero el partido estaba ya muy caldeado. Bolaños se dedicó toda la semana a enfriar los posibles planes sobre la sedición, según el PP. “Creíamos que eran noticias creadas para agasajar a Pere Aragonès [presidente de la Generalitat], pero que no había nada, igual que sucedió con el indulto a Griñán, que a pesar del ruido no hubo nada”, aseguran en el equipo del líder del PP.

El miércoles por la noche, cuando empiezan a llegar las portadas del jueves, en el Gobierno ya empiezan a detectar que la tensión crece en el PP. En el gabinete de Feijóo se desata el nerviosismo el jueves por la mañana, cuando escuchan a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasar de la tesis de que no había mayoría para hacer la reforma, como había dicho Sánchez en público, a la de que la iniciativa legislativa llegará a la Cámara. Los periódicos empiezan a destacar esa intervención inmediatamente. Los mensajes del PP al Gobierno son cada vez más inquietos. Montero, consciente de que ha creado un problema, sale rápidamente a los pasillos del Congreso a rectificar sus propias palabras. Dice que no hay novedad, y repite el discurso oficial: el Gobierno reformará la sedición si hay mayoría, pero de momento no la hay. Incluso pide perdón por la confusión. Eso calma un poco al PP. La rectificación de Montero se reenvía en los mensajes entre Bolaños y Pons como una muestra de que la negociación se puede salvar.

Una de las claves del fracaso es lo larga que ha sido la negociación. Con menos días, el PP tal vez habría resistido mejor la presión. Pero ahí, según fuentes del Gobierno, es Feijóo quien se pegó un tiro en el pie. Porque fue el PP el que pidió más tiempo para hablar con todos sus candidatos, hasta cerrar una larga lista de 20 vocales y 12 suplentes que estaba totalmente consensuada cuando se rompió la negociación. De hecho, la parte más difícil se había resuelto.

Bolaños y Pons habían pactado una compleja proposición de ley conjunta PSOE-PP que reformaba la ley del poder judicial a fin de dar un mandato al nuevo CGPJ para que en seis meses aprobara por consenso de 3/5 un informe no vinculante que planteara una posible reforma del modelo de elección. Era un tema fundamental para el PP, y el Gobierno cedió. También aceptó el Ejecutivo cambiar la norma para que los jueces que salten a la política tengan que esperar dos años hasta volver a la judicatura. Y también firmó un cambio en el Estatuto Fiscal para que nunca más el fiscal general pueda llegar directamente de la política, como pasó con Dolores Delgado. Todos eran trágalas para el PSOE, pero los asumió.

Unidas Podemos, por su parte, también había tragado bastante. Finalmente, con un desgaste interno muy fuerte por la presión de Podemos, Yolanda Díaz había aceptado, para evitar que la negociación descarrilara, dejar fuera de la lista de vocales a la jueza Victoria Rosell, en la actualidad delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Podemos incluso estaba amenazando con romper la disciplina de voto por este asunto y Pablo Iglesias se mostró muy duro en público con sus compañeros de coalición por aceptar que Rosell quedara fuera. Así que cada uno había asumido su propio coste interno. Estaba todo listo para que Sánchez y Feijóo cerraran el primer gran acuerdo de la legislatura. Pero en el último momento todo se torció. Y ahora solo queda saber qué hace el Gobierno. Todas las opciones son malas, porque la única buena era el acuerdo. Pero para el Ejecutivo quedarse quieto y dejar la justicia completamente bloqueada tampoco parece una solución.