PP y PSOE avanzan en las negociaciones sobre el Poder Judicial con medidas restrictivas para jueces metidos en política

La negociación entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial avanza con nuevas medidas restrictivas para jueces metidos en política. Socialistas y populares han consensuado que los magistrados que ocupen cargos políticos no puedan regresar de forma automática a la carrera judicial, como ocurre en la actualidad, lo que afectaría a varios jueces vinculados a ambos partidos, según fuentes de la negociación. Algunos...

La negociación entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial avanza con nuevas medidas restrictivas para jueces metidos en política. Socialistas y populares han consensuado que los magistrados que ocupen cargos políticos no puedan regresar de forma automática a la carrera judicial, como ocurre en la actualidad, lo que afectaría a varios jueces vinculados a ambos partidos, según fuentes de la negociación. Algunos medios, como la Cadena SER o eldiario.es, aseguran que el plazo que se ha definido son dos años desde que abandonen los cargos públicos hasta el reingreso en la carrera judicial, pero fuentes del PP sostienen que ese no es el plazo acordado, aunque mantienen discreción sobre cuál es el pactado para no entorpecer la negociación, que está a punto de concluir, según todo indica, con éxito en los próximos días.

PSOE y PP han avanzado acordando nuevas medidas sobre independencia judicial en el marco del acuerdo para renovar el CGPJ después de casi cuatro años caducado. Y lo han hecho con una iniciativa sobre las llamadas puertas giratorias para los jueces que entren en política que afectaría a ambos partidos. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene a tres ministros que son jueces en excedencia ―Pilar Llop, de Justicia; Margarita Robles, de Defensa, y Fernando Grande-Marlaska, de Interior― y el PP tiene en el Gobierno de la Comunidad de Madrid a Enrique López. Los populares también han contado con jueces en otros de sus Gobiernos, como el caso del hasta hace unos días presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que fue alto cargo del Ejecutivo de José María Aznar. Ocupó el puesto de director general de Relaciones con la Administración de Justicia y director general de Objeción de Conciencia.

Hasta ahora, los jueces que ocupan cargos políticos pueden reincorporarse de inmediato a su puesto en la judicatura. Lo hizo hace unos meses Juan Carlos Campo, que entró en la Audiencia Nacional tres días después de ser cesado como ministro. Existen, no obstante, reglas para el ejercicio de su labor y tienen que abstenerse en determinados procesos judiciales donde hay políticos del PSOE o del PP implicados en causas de corrupción. También está reglado el procedimiento de la recusación.

La propuesta de definir un periodo de dos años en el cual los jueces nombrados cargos políticos no podrían reingresar en la carrera judicial figuraba en el documento del PP sobre la reforma de la justicia que hizo público en julio y que los populares enviaron al Gobierno y sirve como base de su negociación. En ese texto, el PP también planteaba que no puedan ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatos anteriores, lo que deja fuera a la candidata de Unidas Podemos Victoria Rosell.

La negociación está muy avanzada y podría dar frutos en los próximos días, según fuentes al tanto de las conversaciones, que si bien precisan que todavía no habrá fumata blanca en las próximas horas.