Excargos del PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla admiten el cobro de sobornos

Las confesiones de 10 acusados en la trama de sobornos a cargos de los ayuntamientos de Sevilla y Algeciras complican la defensa de Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ex teniente de alcalde de la ciudad hispalense; y de Diego Sánchez Rull (PSOE), exregidor del consistorio gaditano. Esta decena de procesados, que incluye a un concejal y asesores de ambas formaciones, ha desfilado este lunes ante la Audiencia Nacional y ha admitido su implicación en el caso Madeja, una red de corrupción dise...

Las confesiones de 10 acusados en la trama de sobornos a cargos de los ayuntamientos de Sevilla y Algeciras complican la defensa de Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ex teniente de alcalde de la ciudad hispalense; y de Diego Sánchez Rull (PSOE), exregidor del consistorio gaditano. Esta decena de procesados, que incluye a un concejal y asesores de ambas formaciones, ha desfilado este lunes ante la Audiencia Nacional y ha admitido su implicación en el caso Madeja, una red de corrupción diseñada por la empresa Fitonovo, que pagaba comisiones a autoridades y funcionarios para conseguir contratos públicos. Desde este lunes, el tribunal enjuicia la parte de la investigación centrada en estos municipios andaluces. El PSOE e IU también se sientan en el banquillo como personas jurídicas por beneficiarse de los supuestos delitos.

Los 10 arrepentidos han admitido los hechos tras pactar con la Fiscalía, que ha reducido la pena que pedía contra ellos a menos de un año de cárcel, lo que les permitiría evitar la entrada en prisión. Entre los confesos se encuentran Manuel Gómez Lobo, exconcejal de Vía Pública del PSOE en Sevilla; Domingo Enrique Castaño, exasesor socialista en el Ayuntamiento de Sevilla; Antonio Miguel Ruiz Carmona, ex personal de confianza de IU en ese mismo consistorio; y Francisco Amores, exjefe de Parques y Jardines. También han cerrado un acuerdo con el ministerio público varios trabajadores de esta administración local, así como empleados de algunas empresas implicadas en la trama. Los hechos de Sevilla ocurrieron entre 2004 y 2012; y los de Algeciras, entre 2010 y 2011.

Una postura muy distinta han adoptado los principales políticos acusados. Torrijos y Sánchez Rull no han aceptado un acuerdo. Tampoco han pactado José Manuel García Martínez, exconcejal de IU en Sevilla; Joaquín Peña, exdirector de Medio Ambiente y exedil del PP; y dos responsables de Fitonovo. Juan Espadas, secretario general del PSOE regional y candidato a la Junta, ha afirmado este lunes: “Es un proceso judicial y estaremos a lo que se delibere del mismo”. Sevilla es la cuarta ciudad más poblada de España y la primera de Andalucía; y Algeciras (122.982 habitantes), la décima de la comunidad autónoma.

Según el sumario, los cargos y asesores de IU y PSOE aceptaron el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obras a Fitonovo, como la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla y la construcción de un polideportivo en Algeciras. Los investigadores apuntan que ambas formaciones se beneficiaron de la trama, ya que Izquierda Unida ingresó 155.000 euros de esta forma, y el PSOE se lucró con 159.839,36 euros, que incluyó el pago de las obras acometidas en la sede de los socialistas en el barrio sevillano de La Macarena.

PSOE e IU niegan estas acusaciones. Los dos partidos se sientan en el banquillo como partícipes a título lucrativo de la trama, una figura que describe al que se beneficia del fruto de un delito sin tener conciencia de su origen ilícito. “Nosotros negamos que IU haya recibido, en su patrimonio o contabilidad, cantidad alguna de Fitonovo”, ha afirmado este lunes la abogada de Izquierda Unida, que ha añadido: “Sin ningún tipo de dudas, IU no se benefició de ninguna manera. Los 155.000 euros que supuestamente se entregaron, no tuvieron entrada en IU”.

La defensa del PSOE ha logrado este lunes un pequeño éxito, al evidenciar las contradicciones del exconcejal socialista Gómez Lobo, que ha pactado con la Fiscalía. Durante su interrogatorio, el exedil ha admitido primero que recibió dinero y que lo entregó al partido. Pero después se ha desdicho. A una cuestión directa del abogado de la formación —”¿cuál es la cantidad global que Fitonovo le entregó y usted entregó al Partido Socialista?”—, el procesado ha dicho tajante: “Que yo sepa, ninguna”. Entonces, la defensa del PSOE le ha mostrado la clara incoherencia de sus respuestas, por lo que él ha tirado balones fuera: “Tengo 80 años y hace 19 años de esto. No puedo recordar con exactitud”.

El juicio continuará este martes con la declaración de los seis acusados que no han pactado con el ministerio público, incluido Antonio Rodrigo Torrijos y Diego Sánchez Rull. Torrijos fue líder de IU en Sevilla y, durante su etapa en el Gobierno como número dos del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, impulsó el proceso de movilidad de Sevilla para potenciar el uso de la bicicleta, que cambió la localidad completamente. Rull era concejal de Urbanismo cuando ocurrieron las presuntas irregularidades en Algeciras, y después asumió el bastón de mando de la ciudad.

Siete líneas de investigación

El caso Fitonovo, también llamado caso Madeja, perfila un amplio entramado de corrupción institucional, con ramificaciones en seis comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura y Canarias). La investigación comenzó en un juzgado de Sevilla, pero acabó en la Audiencia Nacional ante las diversas administraciones implicadas en todo el país. En total, en 2019, el magistrado instructor José de la Mata envió al banquillo a 88 personas por unas pesquisas divididas en siete partes —dos de ellas se enjuician desde este lunes, las presuntas irregularidades en los Ayuntamientos de Sevilla y Algeciras, gobernados entonces por la izquierda—.

El juez De la Mata concluyó que Fitonovo diseñó una verdadera “infraestructura” para obtener contratos públicos de forma irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos. Esta operativa, que incluyó la creación de una contabilidad paralela nutrida de facturas falsas, se prolongó supuestamente durante unos 18 años (desde 1995 hasta 2013) y afectó a múltiples instituciones, tanto estatales como autonómicas y locales. La primera sentencia del caso se dictó en noviembre de 2020, cuando se condenó a penas de seis meses a tres años de cárcel a tres acusados —de los nueve que se sentaron por esa línea de investigación— por el abono de mordidas a funcionarios del Cabildo de Lanzarote y de organismos de la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía.