Un expolicía del ‘Escuadrón de la muerte’ de Perú acusado de 10 asesinatos, detenido en Guadalajara
El grupo montaba escenarios ficticios para matar a delincuentes, presentarse como héroes contra el crimen y conseguir ascensos y prebendas
Un expolicía peruano acusado de 10 de los asesinatos perpetrados en su país por el llamado Escuadrón de la Muerte ―agentes corruptos que organizaban matanzas de delincuentes de poca monta para ganar prestigio y ascensos― ha sido detenido en un piso de Guadalajara, donde vivía tranquilamente con su pareja. Luis Alberto Mío Moracho, que fue suboficial de la Policía Nacional de Perú, formaba parte presuntamente de un grupo de policías cuya autoría fue probada en al menos una treintena d...
Un expolicía peruano acusado de 10 de los asesinatos perpetrados en su país por el llamado Escuadrón de la Muerte ―agentes corruptos que organizaban matanzas de delincuentes de poca monta para ganar prestigio y ascensos― ha sido detenido en un piso de Guadalajara, donde vivía tranquilamente con su pareja. Luis Alberto Mío Moracho, que fue suboficial de la Policía Nacional de Perú, formaba parte presuntamente de un grupo de policías cuya autoría fue probada en al menos una treintena de asesinatos entre 2012 y 2016. Los agentes corruptos, liderados y protegidos por el comandante Raúl Prado Ravines, montaban escenarios criminales ficticios para atraer a delincuentes a los que acribillaban a balazos para luego presentarse como héroes contra el delito.
La detención, efectuada el pasado 29 de septiembre pero divulgada este martes, ha sido llevada a cabo por el Grupo de Localización de Fugitivos de la policía española, tras recibir a través de Interpol una solicitud de colaboración de las autoridades de Perú. Mío Moracho, quien ya declaró ante la justicia y el Congreso peruanos por estos hechos, era uno de los al menos 56 oficiales y suboficiales que estuvieron involucrados en lo que se denominan “ejecuciones extrajudiciales”. Está considerado como una persona “muy peligrosa”, pese a la apariencia inofensiva que mostró cuando fue engrilletado.
Según las autoridades peruanas, el grupo ilegal se dedicaba a captar informantes, pagados por la organización, que instigaban a delincuentes de nivel bajo a cometer delitos, como secuestros o robos millonarios. El delito en ciernes era comunicado entonces a los policías corruptos. Así, los agentes montaban una celada y sorprendían a los delincuentes para abatirles a disparos. Luego montaban un trampantojo policial para hacer creer que los “tiroteos eran producto de enfrentamientos arriesgados”.
Entre 2012 y 2015, en seis operaciones armadas para supuestamente desbaratar secuestros o robos, 96 agentes de la Policía Nacional de Perú terminaron con la vida de 27 personas, algunos de ellos delincuentes completamente desarmados. En uno de los casos, el 18 de noviembre de 2012, murieron cuatro personas –tres agentes y un civil– y los policías que intervinieron aseguraron que ocurrió en el intento de frustrar el secuestro de Raúl Badillo Marcelo, un empresario dedicado al comercio de colchones, en Puente Piedra, al norte de Lima. No hubo tal intento de rapto y la víctima ni siquiera estaba en la zona del tiroteo.
Las pruebas recabadas por las autoridades peruanas indicaban que la mayoría de los fallecidos en los supuestos tiroteos presentaban disparos en la espalda, efectuados a menos de 30 centímetros del cuerpo. Un informe de 2016 de la Inspectoría de la Policía Nacional reveló que muchos de los sospechosos abatidos ni siquiera habían empuñado un arma de fuego o disparado, y que la mayoría recibió los disparos que tenían fueron hechos “a corta distancia y de arriba hacia abajo; esto es, en una posición de rendición y ejecución”.
El informe precisaba que el grupo criminal estaba formado por policías de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, sumados a personal de Inteligencia del Ministerio de Interior, que, con la colaboración de la Subunidad de Acciones Tácticas, preparaban acciones que luego presentaban como supuestos logros de lucha contra la delincuencia.
Mío Morocho ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que determinará sobre su extradición a Perú. El funcionario ha advertido a los agentes que lo arrestaron en Guadalajara que teme por su vida si es entregado a su país, donde se enfrenta a una pena de 35 años de cárcel.