Arcos de la Frontera, el Ayuntamiento de los enchufes: cuñados, tíos, hijos y colegas de partido contratados a dedo

Hubo unos años en los que el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en Cádiz, fue como una gran familia. El problema estaba en que lo fue en el sentido más literal de la palabra. De 2011 a 2014 el ya exalcalde, José Luis Nuñez (PP), sus 11 concejales del equipo de gobierno y el exinterventor convirtieron el Consistorio en un ir y venir de cuñados, tíos, hijos, sobrinos, compañeros de listas y colegas de partidos. En total, realizaron hasta 150 supuestos “contratos laborales ilegales” a 24 personas ...

Hubo unos años en los que el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en Cádiz, fue como una gran familia. El problema estaba en que lo fue en el sentido más literal de la palabra. De 2011 a 2014 el ya exalcalde, José Luis Nuñez (PP), sus 11 concejales del equipo de gobierno y el exinterventor convirtieron el Consistorio en un ir y venir de cuñados, tíos, hijos, sobrinos, compañeros de listas y colegas de partidos. En total, realizaron hasta 150 supuestos “contratos laborales ilegales” a 24 personas cercanas, según el escrito de calificación realizado por la Fiscalía de Jerez de la Frontera en el que pide hasta 12 años de inhabilitación para todos los investigados por delitos continuados de prevaricación.

“Creían que aquello era su cortijo. Fue un escándalo en el pueblo”, resume una fuente cercana al Ayuntamiento de entonces, que prefiere mantenerse en el anonimato. O lo que es lo mismo, que el alcalde del PP, sus 11 ediles de este partido y del localista Aipro —Alternativa Independiente Progresistas, una escisión del PSOE— y el interventor de entonces, José Antonio Fernández de Álava, celebraron “numerosos contratos laborales ilegales, concediendo un empleo público a quienes ellos estimaban conveniente, en algunos casos, por exclusivos vínculos familiares o por pertenencia a su mismo partido”, según asegura el fiscal José Javier Yagüe en su escrito de calificación remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Arcos el pasado 20 de junio, como paso previo a la apertura de un juicio oral aún por determinar.

El desfile de hasta 24 cuñados, hermanos, tíos, hijos y compañeros de partido por diversos cargos del Ayuntamiento se produjo en el periodo comprendido entre 2011, momento en el que Núñez gana las elecciones municipales, y 2014, año en el que el concejal socialista Joaquín Macías denuncia al equipo de gobierno por estos casos de supuesto enchufismo. El paso legal se produjo después de que el Ayuntamiento presidido por el PP y Aipro interpusiese hasta cuatro querellas contra Macías por supuestas irregularidades en su etapa de edil entre 2003 y 2011, tres de ellas archivadas y una condenatoria por acoso laboral a un arquitecto municipal. Macías, hoy retirado de la primera línea política —es chófer de la vicepresidenta segunda del Parlamento de Andalucía—, se mantiene en el caso como acusación particular, aunque prefiere no hacer declaraciones: “Lo único que quiero es cerrar ya ese capítulo”.

Los supuestos casos de enchufismo de Núñez y los suyos pronto se hicieron conversación recurrente en Arcos, una localidad de 30.700 habitantes en el que muchos se conocen. Pero Macías no denunció hasta que “recibió un sobre anónimo a la sede del PSOE en el que detallaba las altas y bajas de los contratados”, según explica la misma fuente. Buena parte de ese chivatazo, ya contrastado con la documentación municipal y las declaraciones de los acusados, hoy constituye un complejo escrito de calificación en el que el fiscal ha tenido que ordenar la información en tablas para poder reflejar tanta entrada y salida de personal en las distintas áreas municipales. “Vestían al muñeco de forma que los contratados estaban un tiempo en cada delegación. Era un ‘tú me firmas a mi cuñado y yo a tu hermano”, resume esta persona de Arcos conocedora de los hechos.

El análisis de la Fiscalía cubre más de 150 contratos realizados a 24 allegados en los que resaltan casos como el de M. P. G., un cuñado del alcalde que fue contratado como carpintero, peón u oficial hasta 17 veces por distintas delegaciones. Entre los implicados aparece también contratados la sobrina de Núñez; la hermana de la concejal de Asuntos Sociales, Juana Morales; el tío del edil de Medio Ambiente, Francisco Muñoz, o dos sobrinos de la delegada de Jédula, Petra Macías. Los fichajes son de días o meses, en puestos de peones, administrativos o monitores y, en ocasiones, los mismos nombres saltan de concejalía en concejalía despeñando distintas funciones.

Colaboración del interventor

Todo se realizó “sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, según asegura el fiscal en su escrito, y con “la estimable colaboración del entonces interventor” quien, mantuvo “una posición pasiva”, pese a conocer la ilegalidad de las contrataciones. Yagüe atribuye a uno de los acusados, Carlos de la Barrera, la competencia en esas rúbricas de contratos, en virtud de la facultad como delegado que le otorgó el alcalde en un decreto de julio de 2011. Ese fue el único paraguas legal que los investigados dieron a unos supuestos enchufes que incumplieron “de manera grosera” la Constitución Española, tres leyes y el Estatuto básico del empleado público de 2007, según detalla el escrito de calificación.

Los casos de enchufismo fueron tan profusos que, incluso, dieron para una pieza separada. Fue después de que uno de los acusados reconociese ante el juez que el alcalde, el delegado de Infraestructuras Sebastián Ruiz —que también fue senador del PP— y el de Urbanismo Manuel Erdozain —de Airpo— contrataron a la hija del interventor accidental en Arcos en 2014, Antonio Muñoz, como monitora de discapacitados para que este cambiase unos informes negativos por los problemas de liquidez municipal, pese a que la mujer tenía estudios de peluquería. Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a los tres políticos por cohecho y prevaricación en junio de 2019 en una sentencia hoy recurrida. Además, el concejal Francisco Muñoz también estuvo investigado por la Fiscalía, acusado de robar 16 toneladas de leña al Consistorio.

Ahora, los 13 investigados se enfrentan a penas de hasta 12 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación. De todos los acusados es Núñez, ya retirado de la política, el que se enfrenta a una mayor pena, al sumar una posible condena de ocho años y otra de 12. Distinto panorama se presenta para Erdozain, que aún mantiene un cargo de concejal —ahora en la oposición—, y para Domingo González, entonces edil de Cultura y ahora portavoz del grupo municipal del PP en el pleno de Arcos, justo en el inicio de un curso con aires prelectorales ante las municipales del próximo mes de mayo. El aludido ha rechazado hacer declaraciones sobre el caso. Desde la dirección de su partido en Cádiz se han limitado a recordar que “los candidatos aún no están nombrados”. Los tiempos judiciales dirán si el supuesto enchufismo masivo se cuela en la campaña de Arcos.